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Parana » Informe Digital
Fecha: 02/08/2025 00:42
Aún sin una decisión definitiva, el Gobierno está evaluando una reducción de las retenciones al sector pesquero, de acuerdo con diversas fuentes consultadas por este medio. La industria expresa preocupación, ya que ha quedado excluida de las recientes disminuciones en los derechos de exportación (DEX) que se han implementado. Las empresas actualmente tributan un 7% por la merluza y un 9% por el langostino. Según estimaciones del sector, estos impuestos representan menos del 1,5% de la recaudación total por retenciones. Fuentes oficiales citadas por LA NACION indicaron que, aunque la reducción de las retenciones a la pesca aún no está confirmada, se encuentra en análisis y dependerá del equilibrio fiscal. Por su parte, desde la Secretaría de Agricultura respondieron de manera contundente ante una consulta: “No se toca nada”. Desde hace varios meses, los actores del sector pesquero han alertado sobre la situación crítica de la actividad. En su último informe sectorial, que ofrece un análisis exhaustivo de la situación, señalaron que la rentabilidad se encuentra en “terreno negativo”. Las plantas procesadoras están operando con pérdidas, independientemente del tipo de producto o la ubicación geográfica. La crisis se ha acentuado recientemente debido a un conflicto salarial entre las cámaras empresarias y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), que finalmente se resolvió este viernes tras prolongadas negociaciones. El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (S.O.M.U.) y las cámaras empresarias del sector pesquero llegaron a un entendimiento después de meses de negociacionesMIN. Capital Humano En este contexto, las cámaras empresarias buscan avanzar en su reclamo de reducción de retenciones, argumentando que el costo fiscal de tal medida sería mínimo. Además, advirtieron que el esquema actual muestra un deterioro respecto a años anteriores. “A principios de 2016, la administración de Mauricio Macri fijó la alícuota en 0%. En septiembre de 2018, se reintrodujo, a razón de $1 por dólar, promediando un 2,3% hasta noviembre de 2019. Luego, durante el mandato de Alberto Fernández, se establecieron en 7% para la merluza y 9% para el langostino, porcentajes que se mantienen hasta la fecha. Cabe destacar que estos son los máximos por especie; posteriormente, dependiendo del subproducto, la alícuota varía”, explicaron. En efecto, los productos pesqueros se gravan de acuerdo con el valor agregado: si se exportan frescos, enteros, pelados o cortados. Las retenciones aplicadas varían entre el 3%, 5%, 7% y 9%, según el tipo de producto y su presentación. El sector recordó que fue excluido de la eliminación de retenciones para economías regionales anunciada por el Ministerio de Economía el pasado 27 de enero de 2025, y que no lograron su incorporación posterior a pesar de los repetidos reclamos. “La eliminación de las retenciones tendría un impacto mínimo en los precios internos. Aunque es probable que aumenten [los precios], el consumo local de productos pesqueros es muy bajo (4,8 kg por habitante al año, frente a 20,2 kg a nivel mundial)”, señalaron. El consumo local de productos pesqueros es de 4,8 kilos per cápitaMauro V. Rizzi Además, subrayaron que este esquema fiscal se encuentra enmarcado por una alta carga tributaria provincial, especialmente el impuesto a los Ingresos Brutos. A esto se suma el régimen de adelantos impositivos, como el impuesto a las ganancias por exportaciones (GAEX), que inmoviliza recursos cruciales para las empresas, mientras que los reintegros a las exportaciones son escasos y se recuperan con demoras. Este conjunto de factores, expusieron en el informe, no solo restringe la competitividad, sino que profundiza los márgenes negativos y compromete la viabilidad económica del sector. Entre los pedidos concretos, también solicitan la eliminación o reducción de los pagos por habilitaciones para la verificación de cargas, así como el pago anticipado del impuesto al GAEX. “Este pago, exigido al facturar a un país distinto del destino final de la mercadería, si bien se imputa a cuenta, implica la inmovilización de recursos cuyo recupero puede demorar considerablemente”, afirmaron. Por último, los empresarios pidieron la creación de una Cuenta Única Fiscal, donde se centralicen los créditos y débitos relacionados con el sistema ARCA, con el fin de evitar la acumulación constante de saldos a favor de las empresas. Estos, según advirtieron, se convierten en irrecuperables o tardan demasiado en ser reembolsados, incrementando así el costo financiero de toda la actividad. Por otro lado, la Cámara Argentino Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), la Cámara de Armadores Pesqueros Congeladores de la República Argentina (Capeca) y el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) reportaron que, tras intensas gestiones con la Secretaría de Trabajo de la Nación, se firmó hoy un acuerdo con el SOMU, que, junto a los ya alcanzados con Siconara, Capitanes y SUPA, permite reiniciar la actividad y brindar previsibilidad a toda la cadena productiva.
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