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Parana » Paginajudicial
Fecha: 31/07/2025 22:00
La jueza Noemí Berros condenó a tres apicultores responsables de un incendio de gran magnitud ocurrido en las Islas Lechiguanas en 2022. Se trata de un fallo histórico, ya que por primera vez se imponen penas de prisión efectiva y marca un precedente en la lucha contra los delitos ambientales. Como contracara, un juez de primera instancia exculpó a empresarios del agro que provocaron quemas intencionales de campos. De la Redacción de Página Judicial El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a penas de prisión efectiva a tres apicultores domiciliados en la localidad bonaerense de San Pedro por haber provocado incendios que arrasaron con más de 6 mil hectáreas de vegetación en el Delta, durante el mes de agosto de 2022, en plena sequía. Los hermanos Jesús Alberto y Oscar Alberto Magallanes recibieron condenas de tres años y seis meses de prisión; mientras que Miguel Ramón Morales fue condenado a tres años y dos meses de prisión por el delito de estrago doloso. La jueza Noemí Berros, que integró el tribunal unipersonal, hizo lugar al pedido efectuado por el fiscal general José Ignacio Candioti, aunque morigeró el monto de pena solicitada para los acusados en el juicio que se desarrolló entre mayo y junio en Victoria. Esta es la segunda condena que impone la justicia federal por los incendios en el Delta, luego de que en 2023 dos apicultores santafesinos recibieran penas de prisión condicional y la obligación de realizar un curso de concientización ambiental por haber iniciado un fuego en una zona de islas en el departamento Gualeguay. Sin embargo, una causa en la que se investigaba a empresario y dueños de grandes extensiones de campo quedó en la nada por decisión del juez Daniel Edgardo Alonso de sobreseer a ocho personas y dictar la falta de mérito para otras veintisiete, todas ellas titulares o administradoras de islas y parcelas de campo donde se produjeron quemas intencionales que arrasaron casi un millón de hectáreas del Delta entre los meses de febrero y agosto de 2020. Contrafuego Los imputados son apicultores en San Pedro que tenían unos cajones con colmenas en las Islas Lechiguanas, frente a la localidad bonaerense y en jurisdicción entrerriana. El 22 de agosto de 2022 se enteraron de que el fuego que se extendía en el humedal se acercaba hacia donde estaban las abejas y decidieron hacer un contrafuego para tratar de impedir el avance de las llamas que ellos no habían provocado. En rigor, el contrafuego es una práctica que consiste en generar un fuego para que otro fuego que se aproxima se quede sin oxígeno. Lo que hicieron los apicultores fue cortar pastos y otros materiales vegetales circundantes al lugar donde tenían sus colmenas para que cuando llegara el fuego no tuviera ese material combustible y se apagara, no por otro fuego sino porque se hubiera quedado sin la biomasa para la combustión. Su error fue que leyeron mal el comportamiento del viento, que terminó rotando hacia donde estaban ellos y lo que pretendía ser un fuego focalizado terminó siendo un incendio fuera de control que habría afectado unas 6 mil hectáreas. Los tres apicultores terminaron condenados por estrago doloso. Es la misma figura que se aplicó, por ejemplo, a los acusados por la explosión de la fábrica militar de Río Tercero para ocultar la venta ilegal de armas durante el menemismo. Los hechos no son comparables, pero el Código Penal no contempla una figura que tipifique específicamente el daño ambiental. El concepto de la imputación es que los apicultores provocaron un incendio –que pretendió ser controlado– a sabiendas de que, tras tres años de sequías y con cadenas informativas dando cuenta del desastre, realizaron una maniobra que se considera temeraria contra el ambiente. El incendio, por esos días, era incontrolable en distintas zonas del Delta y avanzó sobre la flora típica de la región, lo que generó consecuencias ambientales de alcance nacional. La ciudad de Rosario se vio cubierta por el humo, lo que llevó a las autoridades a advertir a los habitantes que mantengan las puertas y ventanas cerradas, retomar el hábito de colocarse barbijo y evitar actividades físicas al aire libre. Debieron intervenir un total de cien brigadistas, diez aeronaves, tres hidrantes, cinco helicópteros para despliegue de personal y un helicóptero de Buenos Aires para combatir las llamas en la zona. En el juicio declararon de quince testigos, entre ellos, especialistas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), quienes aportaron pruebas sobre el impacto de los incendios en los ecosistemas del Delta, así como la propagación de las partículas que alteraron la calidad del aire y las condiciones sanitarias de varias localidades. Antes de avanzar hacia el juicio oral, los acusados habían solicitado la suspensión del juicio a prueba, para evitar el cumplimiento de una condena a cambio de realizar tareas comunitarias; pero el Tribunal Oral Federal rechazó esa posibilidad.
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