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Parana » Informe Digital
Fecha: 31/07/2025 13:21
La Cámara Federal de Rosario ha solicitado urgentemente al Estado nacional que presente información sobre el dragado y la implementación de una nueva ruta para buques de ultramar en la zona de Ramallo. Esta decisión se toma en el marco de una causa impulsada por las organizaciones UPVA y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, que han denunciado la realización de obras sin estudios de impacto ambiental ni la participación de la ciudadanía, en un contexto de crisis hídrica y climática. La causa judicial relacionada con el dragado en la conocida como Hidrovía Paraná-Paraguay alcanzó un punto crucial el pasado 4 de julio, según informaron desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. La Sala B de la Cámara Federal de Rosario emitió una medida importante, exigiendo a los organismos nacionales involucrados que, en un plazo de diez días, presenten informes técnicos, estudios de impacto ambiental y antecedentes administrativos relacionados con el dragado, redragado, ensanchamiento y cambio de traza del río Paraná, en el tramo frente a Ramallo. La Administración General de Puertos, el Ministerio del Interior, la Secretaría de Transporte y el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable están obligados a cumplir esta medida. La decisión judicial se fundamenta en un principio claro: no puede haber licitación ni realización de obras sin una Evaluación de Impacto Ambiental que sea previa, participativa y pública. Esto es especialmente crucial en proyectos de megainfraestructura que modifican un curso de agua esencial, vital para millones de personas y que alberga una biodiversidad única. Justificar estos trabajos con estudios de hace más de 30 años refleja una irresponsabilidad institucional inaceptable. Esta situación se produce en un contexto ambiental crítico. Argentina ha enfrentado en los últimos cuatro años una de sus peores crisis hídricas. El Paraná ha experimentado bajantes históricas, y las comunidades ribereñas deben lidiar con cortes de acceso al agua, contaminación y pérdida de recursos hídricos. Mientras tanto, el IPCC advierte con claridad que el cambio climático intensifica los fenómenos extremos, poniendo en peligro los ecosistemas de agua dulce y obligando a los países a actuar con cautela. La opinión consultiva en curso en la Corte Internacional de Justicia de La Haya reitera esta obligación: los Estados deben evaluar los impactos ambientales transfronterizos antes de iniciar proyectos que puedan tener consecuencias significativas. La resolución judicial también incluye como evidencia un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que identificó serias irregularidades en el proceso de licitación para la nueva concesión de la hidrovía. En su análisis, la Procuraduría indicó que el Estado debe llevar a cabo una Evaluación de Impacto Ambiental antes de iniciar la licitación del dragado. Hasta el momento, el Estado no ha justificado por qué no se realizaron estudios actualizados ni por qué no se convocaron audiencias públicas, tal como requiere la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. El tramo en cuestión, frente a las costas de Ramallo, abarca playas, humedales y zonas turísticas de elevado valor ecológico. El desvío de la traza hacia el brazo derecho del río, sin estudios ni control público, aumenta los riesgos de erosión costera, pérdida de biodiversidad, dispersión de contaminantes y afectación del abastecimiento de agua. Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y UPVA sostenemos que no pueden llevarse a cabo obras sin la información necesaria, sin estudios adecuados y sin la voz de las comunidades. La planificación de la infraestructura hídrica y portuaria en el país no puede continuar bajo lógicas extractivas, opacas y ajenas a la sociedad. La protección del Paraná es hoy una cuestión de derechos humanos, justicia ambiental y supervivencia. Continuaremos exigiendo transparencia, participación y responsabilidad. Sin agua no hay vida, y sin los controles necesarios, no habrá justicia social y ecológica.
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