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» Voxpopuli
Fecha: 31/07/2025 07:30
Ante el aluvión de críticas, Buckmayer ensayó una disculpa irrisoria «a quienes se sintieron ofendidos» y se respaldó en el lugar común en el que cae el libertario promedio violento en redes sociales de decir que es ironía o chiste. Esta justificación, lejos de calmar la situación, profundizó el repudio generalizado de la sociedad misionera. La presidenta del CGE, Daniela López, informó que se ha arbitrado un sumario administrativo para iniciar una investigación sumaria contra Buckmayer, y se ha dispuesto su separación preventiva del cargo. López enfatizó la gravedad del caso, señalando que las faltas de esta magnitud conllevan «sanciones extremadamente severas». Subrayó la celeridad con la que el CGE actuará, basándose en la normativa vigente. La presidenta del CGE, con más de 30 años de docencia, lamentó profundamente que una educadora reivindique hechos tan aterradores vividos durante la dictadura, manifestando que «le queda muy grande el título docente». Frente a la repercusión de los hechos, desde La Libertad Avanza a nivel provincial mantienen un marcado silencio, al igual que aquellos referentes libertarios sumados al oficialismo provincial, quienes hasta el momento no han emitido declaraciones públicas al respecto. Acciones Legales y el Contexto que Desató el Repudio Generalizado Este accionar legal se suma al repudio unánime del Concejo Deliberante de Montecarlo, que emitió una declaración condenando las expresiones de la concejal electa. El dictamen, firmado el martes 29 de julio, surgió tras una sesión que contó con la participación de militantes de derechos humanos, ex presos políticos y familiares de desaparecidos. El documento rubricado por los siete concejales de diferentes espacios políticos expresa «su más enérgico repudio a toda manifestación pública que atente contra el fortalecimiento, la construcción y la defensa del sistema democrático», especialmente cuando provienen de funcionarios electos. Las declaraciones de Buckmayer, profesora de Educación Primaria y vicedirectora de la Escuela N.° 661, fueron interpretadas como una apología del terrorismo de Estado, lo que motivó pedidos de sanción institucional y política, e incluso el inicio de una causa penal. Diversos organismos de DD.HH. y funcionarios han manifestado su indignación, como Roque Gervasoni, presidente del Instituto de Macro Economía Circular y exdiputado provincial, quien sostuvo que «las semillas del odio se siembran día a día» y que esta situación es «inadmisible» para una educadora. El Canal 4 de TV de Posadas editorializó sobre el asunto, afirmando que «la memoria argentina vuelve a ser atacada» y que la apología del terrorismo de Estado «no es humor» ni «libertad de expresión», sino un delito. Lejos de una retractación genuina, Patricia Buckmayer redobló la agresión, victimizándose y acusando a la municipalidad de Montecarlo y al Ejecutivo Provincial de «gobiernos de facto» y de querer «callarla». Apuntó contra los militantes de derechos humanos, ex presos políticos y familiares de desaparecidos, calificándolos de «guerrilleros» y equiparando sus reclamos con «terrorismo», en línea con el discurso del presidente Javier Milei, a quien citó para justificar su postura. Buckmayer insistió en que sus declaraciones son parte de un «atropello a la libertad de expresión» y que es la «gente de bien» la que la apoya.
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