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Fecha: 30/07/2025 20:51
José Nanni, abogado especialista en derecho penal respondió esta pregunta que realizaba Marcelo Casal a propósito de la intervención judicial realizada por el fisicoculturista mendocino Aldo Parodi quien solicitó a la Justicia que se realice una autopsia en post de investigar si en el cuerpo de la Locomotora Olivera había sustancia de uso ilegal, manifestando que existe una red que opera con anabólicos no autorizados que se venden en gimnasios y negocios de este tipo. En diálogo con La Barra de Casal, Nanni explicó los fundamentos legales que permiten al Ministerio Público Fiscal que actúe en forma preventiva ante la sospecha de un delito. En este tipo de situaciones se produce un choque de competencias entre el derecho sucesorio —que regula decisiones como la disposición del cuerpo tras el fallecimiento— y el derecho penal —que actúa ante la sospecha de la comisión de un ilícito—. Según el abogado, si hay una sospecha fundada de un delito, como podría ser una muerte relacionada con sustancias prohibidas, la justicia penal tiene prioridad. “Frente a esta sospecha, el juez penal o, en este caso, la Fiscalía Federal, tiene cierta prioridad sobre el derecho civil. Por eso se frenó la cremación del cuerpo de Oliveras. Seguramente los fiscales tendrán sus motivos, habrán hecho una presentación ante un magistrado en carácter de cautelar esta prueba a la espera de seguramente la autopsia judicial. «Habrá algún fundamento técnico probatorio que se desconoce, por cuestiones obvias, de que estaríamos en los albores de una investigación y querrán saber los fiscales la causal de muerte. Luego de eso ordenarán la cremación del cuerpo». El abogado también advirtió que, si los fiscales no actúan ante una sospecha concreta y permiten la cremación sin realizar las pericias necesarias, podrían incurrir ellos mismos en responsabilidad penal o administrativa. De igual manera, si un juez desoye una denuncia fundada y permite la cremación, podría ser denunciado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Para ilustrar la práctica habitual de estas medidas, Nani relató un caso reciente en el que intervino. Se trató de un joven fallecido por aparente sobredosis. La familia pidió cremar el cuerpo, pero la fiscalía demoró la entrega para realizar una autopsia. El proceso duró 72 horas, se descartó la hipótesis delictiva y se entregó el cuerpo.
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