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Concordia » 7paginas
Fecha: 29/07/2025 20:26
Puerto Yeruá vuelve a ser noticia por prácticas administrativas que se alejan de la legalidad. Este martes, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza para permitir al intendente Daniel Benítez contratar de forma directa y por excepción la construcción de dos pozos de agua potable, ante la inminente suspensión del suministro que desde hace casi 20 años provee la ex fábrica de agua mineral de la localidad. Esta sesión extraordinaria terminó con la aprobación del proyecto impulsado por el oficialismo, a pesar del voto negativo de los concejales opositores. La medida, que habilita una contratación sin licitación por más de 16 millones de pesos, viola la Ley N.º 10.027 de Régimen Municipal de Entre Ríos, que exige los dos tercios de los votos del cuerpo para aprobar este tipo de excepciones. Agua sin contrato y pagos pendientes La historia se remonta a casi dos décadas atrás, cuando el municipio comenzó a abastecerse gratuitamente de agua desde los pozos de la ex fábrica de agua mineral. La comuna cobraba el servicio a los vecinos sin pagar por su extracción. Sin embargo, desde hace más de ocho meses, la planta fue adquirida por empresarios de Buenos Aires que exigieron que, a partir del 1.º de agosto, se comenzara a abonar el recurso utilizado. Lejos de anticiparse, las autoridades municipales encabezadas por Benítez y su secretaria de Gobierno, Silvia Bel, esperaron hasta último momento para intentar resolver la situación. Con el plazo vencido, apelaron a una ordenanza de emergencia para construir dos nuevos pozos, sin licitación, amparándose en la urgencia de garantizar el servicio. Votación irregular y acusaciones de ilegalidad Durante la sesión, los concejales oficialistas Martín Alfaro, Stella Maris Sguerzo, Roberto Saccomandi y Nancy Delaloye votaron a favor del proyecto. Alfaro reconoció que “la necesidad está desde hace rato” y justificó el apuro con que una licitación podría demorar hasta cinco meses. Delaloye, por su parte, remarcó que los recursos están disponibles, por lo que el proyecto es viable. En contraste, los concejales opositores Sergio Álvarez, Claudia Kinderknegt y Fabián Álvarez se manifestaron en contra de la iniciativa. Kinderknegt fue contundente: “Esto carece de transparencia. No se justifica la vía de excepción sin fundamentos técnicos y evidencia la inoperancia de la gestión municipal”. Sergio Álvarez y Fabián Álvarez coincidieron en que la licitación permitiría obtener mejores precios y garantizaría la participación de más oferentes. Más allá del debate, la ordenanza fue aprobada por mayoría simple, a pesar de que el monto del contrato excede ampliamente los 16 millones de pesos, lo que exige —según la normativa provincial— una licitación pública o, en caso de optar por la vía de excepción, la aprobación por al menos dos tercios del Concejo. Esto no ocurrió, por lo cual la ordenanza sería nula y podría dar lugar a acciones legales contra los funcionarios involucrados. Sospechas de negociado Vecinos y exfuncionarios manifestaron a un cronista de 7Paginas su preocupación ante lo que consideran una maniobra apresurada y direccionada a una única empresa. La falta de previsión y el uso del procedimiento de excepción generan sospechas sobre un posible negociado para evadir los mecanismos de control. Mientras tanto, el riesgo de que Puerto Yeruá se quede sin agua en pleno verano sigue latente. La gestión de Daniel Benítez, nuevamente, queda bajo la lupa por decisiones que parecen priorizar la urgencia política antes que el cumplimiento de la ley y la transparencia administrativa. Redacción de 7Paginas
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