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» Comercio y Justicia
Fecha: 29/07/2025 12:48
En un comunicado, el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) expresó su preocupación por el aumento de casos donde el sistema judicial se usó como arma en disputas familiares. Lo hizo a propósito de la falsa causa por abuso sexual iniciada en contra del médico Pablo Ghisoni, quien estuvo casi tres años privado de su libertad por los planteos de su ex mujer, quien lo denunció por agredir sexualmente de dos sus hijos. La asociación sostuvo que hay profesionales del derecho y de la salud mental que contribuyeron a impulsar o avalar denuncias falsas de abuso sexual infantil y postuló que ello es “una grave vulneración de derechos fundamentales” que “socava los pilares del Estado de Derecho”. En ese marco, instó a las autoridades judiciales a reforzar los controles de legitimidad en los procesos penales que involucren regímenes de cuidado y de comunicación, por la suba de causas en las que se verifican prácticas como el “uso procesal de menores”, la inducción de relatos en ámbitos periciales informales o sin control judicial suficiente y la imposición de cautelares “sin pruebas sólidas ni garantías procesales”. Asimismo, les sugirió a los colegios profesionales iniciar sumarios ante conductas irregulares de abogados y peritos. Respecto a la actuación del Ministerio Público Fiscal (MPF), reclamó que investigue tanto las denuncias como la eventual comisión de delitos por denuncias falsas o manipulación de menores, e instó a los poderes nacionales y provinciales a promover reformas normativas para proteger los derechos de los niños ante un uso indebido del sistema de Justicia. La causa que involucra al galeno Ghisoni comenzó en 2012, cuando su ex esposa lo denunció por, presuntamente, impedir el contacto de sus hijos con ella. Ese mismo año, el Tribunal de Familia N° 3 de Lomas de Zamora resolvió otorgarle la guarda al hombre. En 2014, dos de los tres hijos de la pareja lo denunciaron por abuso sexual y regresaron al hogar materno. El tercer hermano no se sumó a las acusaciones. Decidió permanecer junto a su padre y terminó sentado en el banquillo, también acusado por abuso sexual. La Justicia dispuso la detención del médico, quien estuvo más de dos años en una institución de salud mental antes de recibir prisión domiciliaria. Recuperó la libertad, a la espera del juicio, que comenzó en agosto de 2023 en el Tribunal Oral Criminal N° 3 de Lomas de Zamora, integrado por Marcelo Dellaure, Luis Gabián y Claudio Fernández. Luego de un mes de debate, Ghisoni y su hijo fueron absueltos por la falta de acusación por parte del fiscal. No obstante, la denunciante apeló y el expediente sigue abierto. Recientemente, se viralizó un video de Tomás Ghisoni, una de las presuntas víctimas, admitiendo que, cuando era adolescente, acusó falsamente a su padre, influido por su madre. La Fiscalía N° 1 de Lomas de Zamora, a cargo de Jorge Bettini, denunció a la ex esposa de Ghisoni, Andrea Vázquez, por los delitos de instigación a falso testimonio, falso testimonio calificado y asociación ilícita, por liderar una “banda” de peritos que habrían recibido pagos para convalidar sus acusaciones. Según el Observatorio de Falsas Denuncias en Argentina, el 64 por ciento de las denuncias por violencia o abuso en separaciones judicializadas no llegan a juicio por falta de evidencia. Paralelamente, detalló que, en esos casos, más del 60 por ciento de los encausados son sobreseídos o absueltos, pero la revinculación con los hijos casi nunca se concreta. En tanto, puntualizó que en al menos una decena de casos en la última década padres inocentes se suicidaron tras años de condena social y judicial sin sentencia firme. Proyecto En noviembre de 2024, en el Senado nacional se impulsó el tratamiento de un proyecto de ley presentado por Carolina Losada en 2023 que agrava las penas por falsas denuncias, con énfasis en las vinculadas con la integridad sexual y la violencia de género. La radical santafesina hizo un alegato contra los agentes judiciales por no tomar las previsiones necesarias para evitar el avance de causas basadas en mentiras. “La Justicia tiene todas las herramientas para darse cuenta cuándo una denuncia es falsa”, afirmó. La iniciativa establece pena de prisión de 1 a 3 años para el que formule una falsa denuncia ante las autoridades. En el caso de que se de en el marco de un proceso por violencia de género, abuso o acoso sexual o violencia contra niños, la pena se eleva y pasa a ser de 3 a 6 años. En tanto, prevé que el castigo será de 1 a 4 años para los testigos, peritos o intérpretes que afirmen una falsedad o nieguen o callen una verdad, en todo o en parte, y consigna que será de 3 a 10 años cuando el falso testimonio fuese contra el acusado y se trate de una causa criminal. Al hacer uso de la palabra, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona dijo que la falsa denuncia es una práctica “recurrente” que daña a la víctima y, a la vez, “vulnera todo el sistema en general y la credibilidad de las instituciones”. “No puede tolerarse la mentira al juez, al fiscal, a la policía”, postuló. En esa línea, apuntó a la necesidad de reformar el Código Penal. Delito El delito de falsa denuncia está contemplado en el artículo 245 del Código Penal y tiene una pena de 2 meses a un año de prisión. Cúneo Libarona aseveró que es “prácticamente insignificante” pese a perjudicar muchos bienes jurídicos. “Una denuncia de género falsa destruye la vida de una persona”, sentenció. “Se creó una concepción hipócrita de que la mujer no miente, ‘hermana tenés que denunciar y te vamos a acompañar’ y eso no es siempre así”, postuló. “Estas denuncias matan, y nosotros lo que queremos es proteger a todas las víctimas de violencia sin usos políticos”, sostuvo también. El ministro opinó que hay jueces y fiscales que son parciales en la toma de decisiones porque “tienen miedo” y les preocupan la prensa y ciertas organizaciones. Bajo esas premisas, estimó que no puede tenerse en consideración el marco de pena tan irrisorio que tiene un delito tan grave como son las falsas denuncias. “Es tremendo el perjuicio, es tremenda la motivación, es espuria hay solo directo de engañar a la justicia”, insistió. “Al margen de incrementar el marco punitivo, tiene que considerarse agravantes como el proyecto denuncias falsas cometidas en el contexto de delito sexual violencia de género o que afecte a los niños y adolescentes, porque es mucho mayor el daño que se provoca”, subrayó.
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