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» Politicargentina
Fecha: 28/07/2025 15:16
El senador de Unión por la Patria Eduardo “Wado” de Pedro presentó dos proyectos de ley para frenar la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), autorizada días atrás por el Decreto de Necesidad y Urgencia 494/2025. Con el respaldo de 11 senadores, de Pedro argumentó que el objetivo es “garantizar que el agua siga siendo un derecho y no un negocio”.Desde sus redes sociales, el senador definió al agua potable como un recurso esencial “para la vida, la salud y el desarrollo de millones de argentinos” y advirtió que su gestión “debe tender al bien común y no a la rentabilidad de nadie”. Como principales logros de la empresa estatal desde su reestatización, de Pedro destacó: acceso al servicio para más de 4,5 millones de personas, 3,6 millones de nuevas conexiones cloacales y una inversión “20 veces superior” a la registrada durante la etapa privada bajo Aguas Argentinas.Según detalló, entre 2006 y 2023 se elevaron los niveles de cobertura del 79% al 85% en agua potable y del 60% al 70% en cloacas, se construyeron nuevas plantas potabilizadoras y depuradoras, y se redujo la frecuencia y duración de los cortes de servicio.De Pedro también apuntó contra la experiencia privatizadora de los años 90: “Se duplicaron tarifas, no invirtieron un peso y los residuos cloacales se volcaban al río sin tratamiento”. En esa línea, sostuvo que repetir ese modelo implicaría “retroceder tres décadas”. “AySA es de las y los argentinos. Estos proyectos buscan protegerla y dejar claro que defender la administración estatal de estos servicios públicos es defender la soberanía, el bien común, la salud y la vida de nuestro pueblo”, concluyó el legislador.La presentación en el Senado se suma al rechazo manifestado por el bloque de Unión por la Patria (UxP) en la Cámara de Diputados la semana pasada. Desde el bloque conducido por Germán Martínez, calificaron al DNU como un “atropello institucional” y se recordó que el actual esquema de control estatal sobre AySA fue ratificado por el Congreso mediante la Ley 26.221.
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