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» Comercio y Justicia
Fecha: 28/07/2025 08:00
Ambos organismos reclaman rango constitucional, autonomía funcional y autarquía financiera para asegurar su independencia institucional y fortalecer la democracia, en concordancia con el artículo 120 de la Constitución Nacional Después de más de seis décadas sin modificaciones, la provincia de Santa Fe avanza en la reforma de su Constitución. Entre los debates clave que ya se comenzaron a dar en el seno de la Convención Constituyente, el reclamo por la autonomía y autarquía del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP) se convirtió en uno de los ejes centrales de la discusión sobre el rediseño del sistema judicial. Ambos organismos, creados tras la sanción del nuevo Código Procesal Penal en 2007, buscan que sus funciones queden expresamente incluidas en el texto constitucional, al estilo de lo dispuesto por el artículo 120 de la Constitución Nacional, que establece al Ministerio Público como “un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera”. La independencia, en el centro del debate Durante la primera reunión de la Comisión del Poder Judicial y otros órganos constitucionales, autoridades judiciales dejaron en claro que sin autonomía plena, ni el MPA ni la Defensa podrán garantizar su rol en el proceso penal. La titular del Servicio Público de Defensa, Estrella Moreno Robinson, fue contundente: “Cuando hablamos de independencia, hablamos de la necesidad de garantizar una defensa eficaz, libre de presiones o injerencias indebidas”. También remarcó que la autarquía financiera no es un detalle técnico, sino la herramienta que permite a los defensores tomar decisiones sin depender del Poder Ejecutivo o de la Corte Suprema. En línea con ese planteo, la Fiscal General de la provincia, María Cecilia Vranicich, subrayó: “Necesitamos que el texto constitucional diga claramente que somos independientes de los tres poderes del Estado”. Además, pidió que el MPA tenga control exclusivo sobre la política de persecución penal y que el procedimiento de selección y remoción de sus autoridades sea autónomo. Un pedido con respaldo nacional La propuesta de darle rango constitucional a la Defensa Pública fue respaldada también por autoridades judiciales de otras provincias y del ámbito nacional. En una conferencia de prensa reciente, participaron representantes del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales y de la Defensoría General de la Nación, quienes respaldaron el pedido institucional de Santa Fe. “La autonomía es el paso fundamental para la protección de los más vulnerables y para brindar una defensa técnica de calidad”, afirmó la Dra. María Fernanda López Puleio, en representación de la Defensora General de la Nación, y agregó: “Es hora de que esta tríada —juez, fiscal y defensor— quede plasmada en la Constitución para garantizar un sistema verdaderamente eficiente y justo”. El comunicado oficial del SPPDP también plantea que el acceso a la justicia es un derecho humano fundamental y que una Defensa Pública autónoma es clave para consolidar la democracia y el Estado de derecho en la provincia. ¿Qué está en juego? En la práctica, la autonomía funcional implica que tanto fiscales como defensores puedan decidir cómo actuar en cada caso, sin presiones externas. Por su parte, la autarquía financiera les permitiría administrar sus propios recursos, designar personal, realizar contrataciones y gestionar sus estructuras internas. Hoy, esas decisiones están sujetas a otras autoridades. Sin autonomía real, advierten desde los organismos judiciales, su independencia es sólo formal. “Autonomía funcional necesita autarquía financiera para ser efectiva”, sintetizaron desde la Defensa. La posición de la Corte Suprema Los ministros de la Corte Suprema de Santa Fe también participaron del debate y manifestaron su acuerdo con la necesidad de consagrar en la nueva Constitución a ambos organismos como entes independientes y extra poder. El presidente del tribunal, Roberto Falistocco, confirmó que existe consenso en habilitar su reconocimiento constitucional, aunque advirtió que una futura ley especial deberá definir los alcances concretos de sus competencias y estructura. Además, planteó la necesidad de mejorar los mecanismos de designación de jueces a través del Consejo de la Magistratura y establecer plazos fijos para los concursos, una deuda histórica en la provincia. Una reforma esperada La reforma de la Constitución santafesina es histórica. La provincia no actualizaba su carta magna desde 1962, siendo la única que no introdujo cambios tras la reforma nacional de 1994. Durante dos meses, los 69 convencionales elegidos en abril debatirán una serie de transformaciones profundas que abarcan desde la reelección del gobernador, la autonomía municipal, hasta nuevos derechos como la inclusión digital, el derecho al agua o el acceso a la conectividad.
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