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» Primerochaco
Fecha: 28/07/2025 01:00
La escasez de chapas patente en Argentina se convirtió en una preocupación nacional durante los últimos meses. La falta de identificación en miles de vehículos que circularon por las calles fue una postal habitual en gran parte del país, situación que el Gobierno nacional atribuyó a un combo de factores: la crisis económica, las trabas a las importaciones y la centralización del servicio en un único proveedor estatal. Pese a que el problema comenzó a evidenciarse a mediados de 2023, durante todo el 2024 no se encontró una solución efectiva. El malestar generalizado llegó incluso al Congreso, donde la diputada nacional de la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, presentó un pedido formal de acceso a la información pública al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. En el escrito, Campagnoli reclamó explicaciones concretas sobre los motivos del retraso en la entrega de patentes: «El Estado no puede seguir fallando en cuestiones básicas que afectan la vida cotidiana de los argentinos. Es inadmisible que quienes hacen las cosas bien terminen perjudicados por la ineficiencia del Gobierno», expresó. El Ministerio de Justicia respondió con un anuncio contundente: a partir del 1 de septiembre, el sistema de entrega de chapas quedará completamente normalizado. «Por primera vez en años, habrá stock asegurado en todo el país para responder a la creciente demanda de vehículos. En el primer semestre de 2025 registramos venta récord de unidades 0 km, algo que no ocurría desde 2018», afirmaron desde la cartera. REFORMA INTEGRAL Según explicó el Ministerio de Justicia, la solución al conflicto se logró a través de una reforma estructural del sistema de provisión de patentes. El Gobierno habilitó nuevos proveedores privados mediante procesos de licitación pública, reforzó la logística y diseñó un esquema de distribución destinado a terminar con el desabastecimiento que afectó a concesionarias y usuarios en todo el país. Entre mayo y julio de este año, el Ministerio reportó la entrega de cerca de 500.000 patentes, y anticipó que en agosto se distribuirán otras 432.000 unidades. También se implementaron nuevas medidas para agilizar el seguimiento y la disponibilidad. A partir del 28 de julio, los registros del automotor estarán obligados a informar en un plazo máximo de 48 horas cuándo estarán listas las chapas. Los usuarios, a su vez, podrán consultar el estado de su trámite desde la web oficial de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor (DNRPA). Además, las fuerzas de seguridad recibirán información actualizada para facilitar los controles vehiculares y reducir la circulación irregular. DETRÁS DE LA ESCASEZ La falta de patentes no solo dejó al descubierto una crisis operativa, sino también una serie de tensiones políticas y sindicales. La Casa de la Moneda, tradicional encargada de la producción de las chapas, fue uno de los focos del conflicto. Delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron un proceso de vaciamiento de la institución, particularmente tras el cierre de la planta de Don Torcuato. «La mitad de la Casa de la Moneda se cerró. El trabajo lo trasladaron a la sede central, y ahí logramos regularizar la producción tras meses de atraso», sostuvo Sebastián Bravo, representante sindical. Desde el Gobierno defendieron la decisión de trasladar la producción a una empresa privada. La adjudicación a Tönnjes Sudamericana S.A., mediante una licitación pública, fue justificada como una medida para «romper con el monopolio estatal». Sin embargo, los trabajadores cuestionaron la iniciativa y aseguraron que la transición provocó aún más demoras. Bravo denunció que miles de chapas terminadas quedaron almacenadas sin ser distribuidas, mientras el Ejecutivo sostenía que la producción estatal se encontraba desbordada. CRECIMIENTO DEL MERCADO El aumento en la venta de vehículos 0 km, respaldado por datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), fue otro factor que agravó la crisis. La escasez de patentes afectó tanto a usuarios como a concesionarias, al impedir las entregas de autos vendidos. Pero además, generó serios problemas en términos de tránsito y seguridad vial. La circulación de unidades sin identificación compromete la trazabilidad de los vehículos, dificulta los controles en la vía pública y representa un riesgo para la prevención de delitos. Desde el Gobierno aseguraron que la normalización del sistema prevista para septiembre será decisiva para poner fin a un conflicto que lleva más de un año sin resolución. La implementación de nuevos proveedores, la distribución más eficiente y el seguimiento digital de los trámites apuntan a garantizar, por fin, un abastecimiento estable y seguro en todo el país.
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