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La Paz » Politica con vos
Fecha: 27/07/2025 14:14
El fuerte ajuste del gasto público como base de la política antiinflacionaria gubernamental tiene un claro impacto social, vía mayor desempleo y menor consumo popular, por ejemplo. Esas son consecuencias del inocultable enfriamiento de la economía. Por Carlos Heller Los últimos datos del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) muestran signos del estancamiento actual. El indicador registra una variación mensual promedio nula en los últimos tres meses y se posicionó en mayo en idéntico nivel que en febrero. También el frente externo refleja los efectos de la política oficial dirigida a morigerar el avance de la inflación como principal bandera para exhibir en las próximas elecciones. El mecanismo de mantener el tipo de cambio real apreciado (evitando que suba el valor del dólar) procura aplacar la suba de precios, pero repercute negativamente en la balanza comercial y debilita la posición de reservas. Nada de todo esto, sin embargo, modifica la interpretación del Fondo Monetario Internacional (FMI), que sigue respaldando el rumbo emprendido por la Casa Rosada. El jueves el personal técnico del organismo aprobó la revisión para el desembolso de U$S 2.000 millones, correspondiente al segundo tramo del acuerdo firmado en abril pasado. Solo resta el visto bueno definitivo del directorio, que se reuniría a fines de mes. En el comunicado respectivo se resalta la «expansión económica», la supuesta caída de la pobreza y el retorno del país a los mercados financieros transfronterizos. No obstante, en el habitual reporte sobre el sector externo de sus países miembro el organismo advierte que las «vulnerabilidades externas siguen siendo elevadas (…) y la posición de activos de reserva neta del Banco Central se mantiene críticamente baja». La sugerencia del FMI es mantener las «políticas macroeconómicas restrictivas», profundizar el ajuste, contraer importaciones y obtener así las divisas para engrosar las reservas. El mismo Fondo, sin embargo, toma nota de la «incertidumbre excepcionalmente alta» y urge la implementación de «reformas estructurales que impulsen la competitividad y la productividad». Lo cual, según dio a entender su directora gerente en abril, se podría concretar a partir de un buen desempeño electoral del Gobierno en octubre. En la decisión de la ciudadanía, según indican algunas encuestas, influirá el registro de los costos padecidos por la mayor parte de la población, que van mostrando la pérdida de apoyo a las políticas libertarias, cada día más desgastadas. Diputados de Unión por la Patria proponen declarar «persona no grata» al embajador nominado por Trump. Intromisión Entre los factores que aumentan el descreimiento en cuanto a las posiciones del Gobierno nacional figura el silencio ante las declaraciones de Peter Lamelas, propuesto embajador de Estados Unidos en la Argentina. Acaso esa sea una contrapartida al apoyo decisivo del Gobierno de EE.UU. para que Argentina reciba un nuevo financiamiento del FMI. En rigor, las opiniones de Lamelas, de altísima gravedad institucional, requieren una respuesta contundente, no solo de los funcionarios sino de la totalidad del sistema político argentino. El propuesto embajador incurrió en diversas injerencias en torno a asuntos locales e inclusive señaló que «tenemos que seguir apoyando a la presidencia de Milei durante las elecciones de mitad de mandato y hasta el próximo período». El bloque de Unión por la Patria presentó un proyecto en Diputados para declararlo «Persona no grata», entre otras razones por desconocer «el más elemental principio de soberanía popular». «Se está afectando directamente el respeto mutuo que debe primar en las relaciones diplomáticas entre Estados soberanos, al emitir juicios de valor sobre la política interna argentina, sus instituciones y figuras políticas», evaluaron los legisladores. También desde el Partido Solidario (PSOL) señalamos que se trata de una inadmisible intromisión extranjera en los asuntos internos de nuestro país. En particular, al anticipar que buscará que los gobernadores provinciales garanticen «que los recursos de la Argentina, su energía y sus minerales críticos beneficien a ambas naciones». En definitiva, la resolución del desafío en las urnas –a favor o en contra del actual modelo– determinará si se siguen provocando daños a las pymes, trabajadores, jubilados y a la mayor parte de la población, o si se empieza a girar el rumbo de las políticas. Para eso urge fortalecer una construcción política que ponga freno al modelo de recortes del Estado, desindustrialización, concentración empresaria y achicamiento de ingresos de los sectores populares, y que resguarde la soberanía nacional, para asegurar el bienestar de las grandes mayorías.
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