27/07/2025 14:03
27/07/2025 14:03
27/07/2025 14:03
27/07/2025 14:02
27/07/2025 14:02
27/07/2025 14:02
27/07/2025 14:01
27/07/2025 14:01
27/07/2025 14:00
27/07/2025 14:00
Concepcion del Uruguay » Uruguayenses.com
Fecha: 27/07/2025 11:22
Compartir en: En una sesión con datos duros y fuertes acusaciones cruzadas, el Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay aprobó este jueves un proyecto de comunicación presentado por el bloque Juntos por Uruguay, mediante el cual se solicita a los legisladores nacionales de Entre Ríos que apoyen la Ley de Emergencia en Discapacidad y rechacen cualquier veto presidencial que pueda bloquear su implementación. La sesión comenzó con el pedido de tratamiento sobre tablas, previamente acordado en la reunión de presidentes de bloque. La iniciativa fue defendida con fuerza por la concejal Mariana Bardiza, quien visiblemente emocionada tomó la palabra para exponer la crítica situación que atraviesan miles de personas con discapacidad en el país. “Esta ley no es un gasto, es una herramienta de justicia. No se trata de equilibrio fiscal, se trata de vidas humanas”, afirmó Bardiza, quien además habló desde su rol personal: “Hoy no hablo como concejal, hablo como mamá. Vamos a seguir golpeando puertas para que se respeten los derechos de nuestros hijos”. Según datos oficiales citados por la edil, hay actualmente 1,2 millones de personas con pensiones por discapacidad, pero el universo total supera los 5,1 millones, lo que deja a una amplia mayoría sin acceso al sistema de salud y apoyos básicos a través del programa Incluir Salud. Además, denunció que las políticas del Gobierno nacional han ajustado sobre los sectores más vulnerables, utilizando incluso “lenguaje discriminatorio y cruel” en resoluciones oficiales como la 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad, ya derogada tras el repudio del sector. Una oposición firme: “No a las promesas vacías” Desde el bloque opositor, la concejal Gabriela Rodríguez manifestó su rechazo al proyecto. Si bien reconoció la importancia del tema, consideró que se trató de una movida con fines políticos, que “desconoce la gravedad de la situación fiscal del país”. “Un Estado quebrado no puede garantizar derechos. Prometer lo que no se puede cumplir también es irresponsable”, señaló Rodríguez, quien además defendió la herramienta del veto presidencial como una facultad constitucional legítima. Rodríguez apuntó que la ley, si bien bien intencionada, no tiene financiamiento claro, y advirtió sobre el riesgo de repetir el ciclo de “promesas vacías” que, según dijo, perjudicaron históricamente a los sectores más vulnerables. Auditorías, fraudes y pasado reciente El concejal Alejandro Dus fue aún más tajante en su intervención. Recordó que durante las últimas dos décadas, el sistema de pensiones no contributivas funcionó con falta de controles, lo que llevó —según cifras oficiales— a situaciones insólitas: Personas fallecidas que seguían cobrando, Radiografías de animales presentadas como documentación, Y más del 60% de los beneficiarios sin presentarse a revisiones médicas obligatorias. “Nos acusan de no tener corazón, pero lo que llevó a esta emergencia fue el descontrol populista”, cerró. Resultado dividido El proyecto fue aprobado con los votos del oficialismo y parte del bloque independiente. Votaron en contra los concejales Gabriela Rodríguez, Alejandro Dus y Osvaldo Marclay. Una convocatoria urgente Durante la sesión también se mencionó la convocatoria realizada por el Consejo Asesor de Discapacidad a una conferencia de prensa en el Auditorio Illia, que se realizó este viernes a las 10 h, donde distintas organizaciones, familiares y personas con discapacidad expresaron su apoyo a la ley. 1 de 2 En resumen, la sesión dejó expuestas dos visiones opuestas sobre cómo atender una crisis real: una que exige acción inmediata y empatía, y otra que prioriza la sostenibilidad y el orden fiscal. Mientras tanto, miles de personas con discapacidad siguen esperando respuestas concretas. (Uruguayenses)
Ver noticia original