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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 26/07/2025 04:55
El paquete legislativo incluye cuatro ejes centrales: el aumento automático de jubilaciones y pensiones, la prórroga de la moratoria previsional, la declaración de emergencia en discapacidad y la redistribución de fondos nacionales entre provincias El 10 de julio de 2025 representó un punto de inflexión para la economía. El Senado, bajo la conducción de la mayoría opositora y bajo la influencia de muchos gobernadores provinciales, aprobó proyectos con fuerte impacto fiscal negativo que ya tenían media sanción en Diputados. Estas medidas contradicen la hoja de ruta del equilibrio fiscal defendida por Javier Milei y abren una fase de incertidumbre para la disciplina macroeconómica. Ante esto, el Poder Ejecutivo Nacional anticipó el veto total y, si el Congreso insiste, contempla trasladar el conflicto al ámbito judicial. El paquete legislativo incluye cuatro ejes centrales: el aumento automático de jubilaciones y pensiones, la prórroga de la moratoria previsional, la declaración de emergencia en discapacidad y la redistribución de fondos nacionales entre provincias, además de cambios impositivos sobre la venta de combustibles. El incremento en los haberes previsionales resultó uno de los puntos más debatidos. La norma incrementa en un 7,2% las jubilaciones y pensiones (exceptuando regímenes especiales) y eleva el bono previsional de $70.000 a $110.000, con actualización por inflación. Este impacto se suma al dilema de cómo financiar los mayores pagos sin nuevos tributos o endeudamiento, precisamente cuando el Gobierno expone el objetivo de consolidar el déficit fiscal cero. La administración Milei calificó esto como “intento de golpe institucional” y reiteró la intención de vetar las normas, argumentando que ponen en riesgo el superávit y afectan la credibilidad internacional La prórroga del Plan de Pago de Deuda Previsional (Ley 27.705), vigente como moratoria para quienes no reúnen 30 años de aportes, prolonga un problema estructural. Así, quienes no cumplen los requisitos pueden acceder a la jubilación mínima mediante la “compra” de años faltantes, lo que reduce incentivos a la formalidad y debilita los mecanismos de reconocimiento al cumplimiento tributario. Aunque el costo fiscal concreto no ha sido precisado, su efecto acumulativo sobre las cuentas públicas es negativo, según experiencias previas. Por su parte, la declaración de emergencia en discapacidad -con media sanción en el Senado- prevé medidas institucionales, normativas y presupuestarias excepcionales para cumplir con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Incluye actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y auditorías sobre recursos y prestaciones. Representan una presión adicional sobre el gasto primario. La acción de muchos gobernadores logró la aprobación de proyectos para transferir automáticamente fondos nacionales -los Aportes del Tesoro Nacional (ATN)- y modificar la distribución del Impuesto a los Combustibles En el plano federal, la acción de muchos gobernadores logró la aprobación de proyectos para transferir automáticamente fondos nacionales -los Aportes del Tesoro Nacional (ATN)- y modificar la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos, una demanda histórica de las provincias. La administración Milei calificó esto como “intento de golpe institucional” y reiteró la intención de vetar las normas, argumentando que ponen en riesgo el superávit y afectan la credibilidad internacional. También analizó la posibilidad de llevar la discusión al plano judicial, planteando que la definición política puede derivar en un expediente legal. El conflicto expone dos modelos enfrentados: uno centrado en la disciplina fiscal, el equilibrio de las cuentas públicas y el control de la emisión; otro, motivado por intereses provinciales y el aumento del gasto social, incluso si se debilitan los fundamentos de la estabilidad monetaria. Dos modelos enfrentados: uno centrado en la disciplina fiscal, el equilibrio de las cuentas públicas y el control de la emisión; otro, motivado por intereses provinciales y el aumento del gasto social La coyuntura actual plantea alternativas claras. Si prospera el veto presidencial, el debate sobre la política económica se reabrirá; si el Congreso revierte el veto o la Justicia avala los cambios, Argentina deberá reconfigurar su estructura tributaria, probablemente con subas de impuestos, o resignarse a perder competitividad y la incipiente reactivación. Este escenario muestra una regla esencial de política económica: cada medida conlleva un costo y un beneficio. Los legisladores suelen destacar el beneficio para sus distritos, pero omiten los efectos sobre el conjunto. Iniciativas como la moratoria previsional diluyen el valor de los aportes formales y aumentan la desigualdad dentro del sistema. La inestabilidad normativa y la tendencia a aprobar nuevos beneficios han hecho de las reglas del juego un terreno incierto (Foto: Reuters) La inestabilidad normativa y la tendencia a aprobar nuevos beneficios han hecho de las reglas del juego un terreno incierto. La imposibilidad de planificar e invertir a largo plazo, especialmente en el sector privado productivo, desalienta la generación de empleo y el arribo de empresas extranjeras. La volatilidad de reglas y el incremento arbitrario del gasto inciden en mayor inflación, pérdida del poder adquisitivo y aumento de la informalidad. La diferencia de productividad e ingresos entre Argentina y sociedades más estables como Estados Unidos resulta evidente: mientras en las economías centrales el PBI per cápita se aproxima a USD 85.000 anuales, el argentino ronda USD 15.000. La principal causa reside en la situación normativa y la falta de condiciones para la competencia continua. Sin reglas previsibles, reducir esa distancia resulta poco probable. La proximidad de las elecciones de medio término de octubre anticipa que el debate económico será uno de los ejes de la campaña: el voto popular decidirá entre el modelo que prioriza equilibrio y competitividad, o la opción que persigue mayores transferencias y gasto social, incluso a costa de la estabilidad. El voto popular decidirá entre el modelo que prioriza equilibrio y competitividad, o la opción que persigue mayores transferencias y gasto social, incluso a costa de la estabilidad Existen alternativas para mejorar la situación previsional sin poner en jaque la solvencia nacional. Una reforma integral, con eliminación de privilegios, ajuste de edad jubilatoria conforme la expectativa de vida y reorganización del sistema permitiría mejorar los ingresos de jubilados de modo sostenible. Por ahora, estas iniciativas no aparecen en el trabajo legislativo. En el plano provincial, el ajuste aplicado fue sensiblemente menor al ejecutado por la Nación. El gasto de los distritos descendió muy por debajo del recorte a nivel nacional. A pesar de una estructura insostenible -el gasto público sin intereses alcanzó 38% del PBI en 2023, lejos del 22% de 2004-. En el centro de la disputa se encuentra el país real: millones de argentinos enfrentan la volatilidad normativa, los incrementos de gasto sin respaldo genuino y la falta de consensos, lo que condiciona las oportunidades de desarrollo. La próxima resolución -sea presidencial, parlamentaria o judicial- podría definir no solo el rumbo de la macroeconomía, sino también la posibilidad de construir un futuro más estable y previsible. El autor es director de BG Consulting
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