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Parana » Uno
Fecha: 25/07/2025 13:56
El médico Guillermo Riolo fue citado a declarar el 31 de julio por la presunta mala praxis que causó la muerte de Facundo Barrios, de 3 años. El médico otorrinolaringólogo Guillermo Riolo fue citado a declaración indagatoria para el próximo 31 de julio, en el marco de la causa penal por presunta mala praxis que investiga la muerte de Facundo Barrios, un niño de 3 años que falleció tras ser sometido a una intervención quirúrgica de amígdalas y adenoides en septiembre de 2024, en una clínica privada de la localidad de Bovril, departamento La Paz. La operación fue el 19 de ese mes y, tras las complicaciones, el pequeño falleció el 25 en una clínica de Paraná a donde había sido derivado. Riolo deberá comparecer ante el fiscal de La Paz, Facundo Barbosa, quien conduce la investigación. En esta instancia, el profesional podrá responder las preguntas del fiscal o hacer uso de su derecho a no declarar. Se trata de un paso clave para el avance del proceso, ya que a partir de esta audiencia el Ministerio Público Fiscal podrá definir la conclusión de la etapa de investigación penal preparatoria y, eventualmente, solicitar la elevación a juicio de la causa. A casi un año de la trágica muerte, la familia del pequeño continúa exigiendo justicia y avances concretos. Cabe recordar que el médico ya fue suspendido por el Ministerio de Salud y separado del sistema público de salud, puesto que se le dio de baja a su matrícula. En diálogo con UNO, Carlos Bahl, tío de Facundo, expresó: “Se cumplen 10 meses del fallecimiento de Facundo y, como cada mes, volvemos a reclamar justicia. Sentimos que hay una gran demora en esta etapa de la causa”. Además, informó que en los últimos días se incorporó una ampliación del informe autópsico elaborado en 2024. “Solicitamos una ampliación del informe a través de un médico consultor, para obtener datos más precisos sobre lo que se analizó en el cuerpo. A partir de eso, el fiscal decidió citar al médico imputado, que deberá presentarse la semana que viene en la Fiscalía de La Paz”, agregó. FACUNDO BARRIOS MARCHA.jpg A Riolo se le imputa el delito de homicidio culposo que, de acuerdo al artículo 84 del Código Penal, prevé una pena de prisión de uno a cinco años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez años el que “por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo causare a otro la muerte”. Cesantía y suspensión de la matrícula Tras la apertura de una causa penal, el Ministerio de Salud de Entre Ríos inició dos sumarios administrativos contra el médico. El primero, iniciado en 2023, fue por reiteradas ausencias injustificadas en el Hospital San Martín de Paraná. El segundo, por la muerte del pequeño Facundo. Luego de varias semanas de investigación interna, el Ministerio resolvió cesantear al doctor Riolo del cargo que ocupaba como jefe del Servicio de Otorrinolaringología del principal nosocomio de la provincia. La decisión se basó en la verificación de 55 inasistencias acumuladas durante los años 2022 y 2023. Durante el sumario, diversos testimonios confirmaron el comportamiento irregular del profesional. Por caso, María Margarita Leiva, jefa del área de Fonoaudiología y subjefa del Servicio, declaró que Riolo era su superior directo, pero su presencia en el hospital era esporádica y no existía un horario definido en el que pudiera ser localizado. Otra trabajador también confirmó esa irregular situación. “El incumplimiento del doctor Riolo no solo afectó a los usuarios del hospital, sino también a sus compañeros de trabajo y a sus superiores, quienes se vieron obligados a asumir tareas adicionales”, argumentó el dictamen que lo cesanteó. Además de su desvinculación del ámbito estatal, la cartera sanitaria tomó medidas respecto a su desempeño profesional en el sector privado. A raíz de la denuncia por presunta mala praxis vinculada con la muerte de Facundo, se le suspendió la matrícula profesional. Esta decisión quedó formalizada mediante el dictamen N.º 432, firmado el 9 de octubre por el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.
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