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Paraná » 9digital
Fecha: 25/07/2025 02:51
En un fallo que sacudió al ámbito penitenciario provincial, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº1 de Paraná resolvió anular el Decreto N°4424 emitido por el Ministerio de Gobierno y Justicia el 16 de noviembre de 2023, junto con sus antecedentes. La decisión, tomada por los jueces Hugo González Elías, Adriana Acevedo y Marcelo Baridón, da lugar a la demanda promovida por una agente del Servicio Penitenciario conocida por sus iniciales RVLR y obliga al Estado provincial a hacerse cargo de las costas judiciales. Según el fallo al que tuvo acceso AHORA, RVLR, con 26 años de trayectoria en el sistema penitenciario provincial y actualmente asignada a la Unidad Penal Nº6 de Paraná, fue sancionada con 25 días de arresto tras ser considerada responsable por no haber seguido el protocolo de registro en el ingreso del interno Oscar Bertuni, quien horas más tarde se quitó la vida. El fallecido estaba imputado por el femicidio de la docente Noemí Suárez ocurrido en Cerrito en octubre de 2021. El femicida ocultó un cordón entre sus ropas que luego utilizó en la autoderminación. La defensa, liderada por el abogado Eduardo Gerard, solicitó la nulidad del acto administrativo, alegando que la sanción no solo era injustificada, sino también desproporcionada. La Cámara coincidió, destacando que no había elementos concretos que vincularan la omisión de registro con el fatal desenlace. “No fue ella, fueron ellos” El fallo fue contundente al señalar que otros agentes, identificados como Donda y Ledesma, tuvieron una responsabilidad más directa en el suicidio del interno, debido a fallas en la requisa y en la revisión de la celda. Sin embargo, recibieron penas menores (20 días), lo que puso de manifiesto la desproporción en el castigo impuesto a RVLR. La Cámara subrayó que el decreto sancionatorio presentaba vicios jurídicos graves, especialmente por no demostrar una relación de causalidad entre la falta de RVLR y el hecho trágico. El tribunal consideró que el acto violó el principio de juridicidad y el criterio de razonabilidad en la aplicación de sanciones administrativas. En su conclusión, los jueces remarcaron que el procedimiento seguido contra la funcionaria respetó las garantías constitucionales, pero que la gravedad de la pena impuesta no se correspondía con la falta cometida, lo que llevó a su nulidad absoluta. Este es el tercer fallo en poco tiempo donde la Cámara Contencioso Administrativo le pone un freno a las decisiones del Estado Provincial, en especial a la Policía y al Servicio Penitenciario.
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