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» Comercio y Justicia
Fecha: 24/07/2025 19:34
Por José Amado Nayi. Ex Magistrado de la Justicia Penal de Córdoba El Poder Judicial de la Provincia de Córdoba se integra de manera independiente y armónica con los demás poderes del Estado —Ejecutivo y Legislativo—, ejerciendo cada uno las facultades que le son propias, conforme al derecho positivo vigente. En este marco, el Poder Judicial mantiene, sin desviaciones ni vacilaciones, un compromiso permanente con el respeto absoluto a la independencia funcional de cada estamento, ejerciendo su jurisdicción conforme a sus normas y competencias. Dicho respeto institucional constituye un pilar inquebrantable del Estado democrático, republicano y federal, cuyos principios fundamentales no pueden ser alterados, vulnerados ni relativizados a través de interpretaciones antojadizas. Esa estructura garantiza a cada ciudadano el ejercicio pleno del principio de igualdad, permitiéndole ser oído sin distinciones, cualquiera sea la naturaleza de su reclamo. Jueces, funcionarios y auxiliares judiciales han protagonizado avances significativos, superando el paradigma estático de la judicatura. Hoy, los pronunciamientos se nutren de una dinámica oficiosa y activa, en consonancia con la evolución doctrinaria y jurisprudencial, guiados siempre por el principio de verdad jurídica objetiva. Este nuevo enfoque optimiza la resolución de los conflictos, acercando respuestas eficaces a quienes recurren al sistema de justicia. Entre los logros más relevantes, se destaca la implementación del juicio oral en el fuero civil, que introduce los principios de inmediación y concentración de la prueba. Esta modalidad permite valorar la prueba conforme a la sana crítica racional, apelando a la lógica, la experiencia y el sentido común. Asimismo, la instancia previa de mediación —regida por la Ley 8858— potencia la resolución de los litigios de forma consensuada, contribuyendo a la celeridad procesal. Este mecanismo permite evitar juicios innecesarios, dando paso a acuerdos eficaces y liberando recursos para otras causas con igual necesidad de pronta resolución. Otro avance sustancial reside en la publicidad de los pronunciamientos del Superior Tribunal de Justicia en materia administrativa, particularmente en lo relativo a la actividad comercial y al transporte público, dotando de transparencia y previsibilidad a los actos del Estado. Las Acordadas y Reglamentaciones emanadas del alto cuerpo judicial consolidan un sistema dinámico de interpretación y actualización normativa, garantizando un mejor servicio de justicia. Es fundamental subrayar la gratuidad y el acceso irrestricto al sistema judicial para aquellas personas que carecen de recursos económicos, asegurando su participación en condiciones de igualdad en cualquier proceso, sin importar el monto del reclamo. Por último, resulta necesario destacar que las decisiones de los magistrados del Poder Judicial no se ven alteradas por presiones externas, protestas sociales ni clamores interesados. Esa firmeza ética y jurídica refleja, sin concesiones, la plena vigencia de su independencia.
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