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» Sin Mordaza
Fecha: 23/07/2025 16:30
Un nuevo fallo de la Justicia santafesina ordenó a la billetera virtual Mercado Pago cesar el cobro de un préstamo por 6.700.000 pesos, solicitado mediante una estafa en perjuicio de los dueños de un bar de la ciudad de Santa Fe. La principal sospechosa es una ex empleada del local, quien habría ingresado fuera del horario de atención y gestionado la operación desde una computadora del comercio. El caso guarda similitudes con otro reciente, en el que una mujer mayor también fue víctima de una estafa que incluyó un crédito de más de 2,7 millones de pesos, tramitado a través de la misma plataforma. La causa, en manos del fiscal Agustín Nigro, expone una metodología que se repite: los estafadores logran acceder a las cuentas digitales de las víctimas, solicitan préstamos y transfieren rápidamente los fondos a terceros. En este último hecho, el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Octavio Silva, resolvió el cese del cobro, al considerar acreditada la maniobra fraudulenta. Según la investigación, la ex empleada —de 30 años y actualmente fuera del país— ingresó al bar la noche del 19 de abril utilizando una llave y sin forzar la entrada. Desde una computadora en la que estaba abierta la plataforma de Mercado Pago y utilizando un teléfono que no pertenece a las víctimas, cambió las contraseñas y realizó movimientos por más de 7 millones de pesos. El fiscal explicó que se la identificó gracias al análisis de cámaras de seguridad, geolocalización de conexiones a la plataforma y la trazabilidad de los fondos. Incluso se observó que, en un momento, la mujer desconectó el sistema eléctrico del local, cortando así la grabación de las cámaras. La imputación que pesa sobre ella es por estafa mediante simulación de identidad e ingreso ilegítimo a bases de datos financieras. Ya fue emitida una orden de detención internacional. Este nuevo revés judicial para la billetera digital de Marcos Galperín se da en un contexto de tensión con el gobierno provincial, que ha criticado a la empresa por no controlar adecuadamente el uso de sus dispositivos, incluso en causas vinculadas al narcotráfico.
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