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Fecha: 23/07/2025 16:10
En un clima de hermetismo y negociaciones cerradas, el Gobierno nacional avanza a paso firme con uno de los pilares más regresivos de su agenda: la reforma laboral. Lejos de estar saldada, la discusión se canaliza a través del Consejo de Mayo, un órgano multisectorial creado por la Casa Rosada que busca legitimar con forma de consenso lo que en esencia es una imposición unilateral. Este lunes se concretó la segunda reunión del Consejo, donde confluyeron referentes del oficialismo, sectores empresarios y algunos actores sindicales. Sin embargo, el debate se realiza bajo estricta reserva y con una hoja de ruta ya trazada desde el Poder Ejecutivo. La prioridad del presidente Javier Milei es clara: avanzar con una reforma laboral que, bajo el discurso de “modernización”, pone en jaque derechos laborales fundamentales. Entre los principales voceros del encuentro estuvieron el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el secretario de Trabajo, Julio Cordero; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini. La tríada, junto con asesores técnicos del oficialismo, impulsa un modelo de flexibilización que incluiría la eliminación de indemnizaciones, la desregulación de convenios colectivos y la reducción de los mecanismos de protección frente a despidos. El secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez, único representante gremial en la mesa dejó entrever su rechazo a una reforma directa, insistiendo en la necesidad de que cualquier cambio sea consensuado con la CGT. También rechazó la criminalización de la protesta y los techos a las paritarias que el Gobierno intenta imponer. Sin embargo, su presencia no oculta el desequilibrio del espacio. El Consejo de Mayo excluye a la oposición legislativa, a sectores sociales críticos y a representantes de las pymes, que serán también afectadas por una posible flexibilización laboral que solo favorece a grandes empleadores. Según pudo saber AIM, el objetivo del Ejecutivo es tener listo un borrador para diciembre que habilite el tratamiento legislativo de la reforma en 2026. El Consejo funcionará como escudo político: una puesta en escena de diálogo para allanar el camino a una de las reformas más polémicas del programa libertario. El relato oficial insiste en que el “costo argentino” frena el desarrollo, y que una mayor desregulación laboral incentivará el empleo formal. Pero los antecedentes en América Latina muestran que la flexibilización no genera trabajo genuino, sino precariedad y mayor rotación. Además, con un 45 por ciento de informalidad laboral y caída del salario real, el problema del empleo argentino no se resuelve con menos derechos, sino con más inversión, control estatal y planificación. La insistencia en tratar la reforma en un órgano cerrado, sin participación plural ni transparencia, revela una lógica de gobierno más cercana al verticalismo que a la construcción democrática. El hermetismo, lejos de ser un mecanismo de eficacia, es un síntoma de la falta de consenso social. El próximo encuentro del Consejo será el 20 de agosto. Mientras tanto, el Gobierno sigue negociando apoyos sectoriales y gobernadores afines, como el mendocino Alfredo Cornejo, que ya comenzó a acercar posiciones con la Casa Rosada de cara a una posible alianza electoral. En definitiva, la reforma laboral se perfila como una de las principales batallas políticas del próximo año. Una disputa donde lo que está en juego no es solo un modelo de relaciones laborales, sino el futuro de millones de trabajadores y trabajadoras. Y donde el consenso no puede ser una fachada para imponer un ajuste sobre quienes menos tienen.
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