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» Comercio y Justicia
Fecha: 22/07/2025 23:52
El país busca extender la suspensión de la ejecución del fallo que la obliga a pagar US$16.100 millones por la expropiación de la petrolera. Esta semana, el gobierno argentino realizará una nueva presentación ante la Justicia de Estados Unidos con el objetivo de mantener suspendida la entrega de acciones de YPF ordenada por la jueza Loretta Preska, en el marco del juicio por la expropiación de la petrolera. El escrito será presentado este martes ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, y buscará que se mantenga la interrupción de la ejecución del fallo mientras dure el proceso de apelación de fondo. Hasta ahora, la suspensión sólo cubre el período de presentación de argumentos entre las partes. La novedad se produce luego de que los beneficiarios del fallo, que obliga a la Argentina a pagar US$16.100 millones, expresaran ante el tribunal que no desean quedarse con las acciones de la compañía, aunque sí exigen que el país deposite una garantía para poder continuar con la apelación. Este cambio de postura se da en un contexto judicial más favorable para la Argentina, tras el respaldo legal del gobierno de Estados Unidos, que se pronunció en su favor mediante la figura de un “amicus curiae”, una intervención voluntaria ante el tribunal para apoyar una de las posiciones en disputa. Con este nuevo escenario, los abogados argentinos intentarán convencer al tribunal de que el país no debe desprenderse de las acciones de YPF de forma inmediata, mientras se resuelve la apelación del fallo. En caso de que la Corte rechace el pedido y la decisión de Preska vuelva a entrar en vigencia, Argentina podría verse obligada a entregar las acciones o enfrentar un eventual desacato judicial. Si bien esta figura no está específicamente prevista para un Estado soberano, podría implicar sanciones económicas o afectar la credibilidad del país ante los mercados internacionales y los organismos de crédito, dificultando aún más el acceso a financiamiento externo. La semana pasada, el gobierno de EEUU se presentó como amicus curiae ante la Corte de apelaciones y apoyó la postura de Argentina.
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