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Diamante » Neonetmusic
Fecha: 22/07/2025 10:25
Una decisión del Gobierno Nacional dejó sin pensión por discapacidad a más de 80 mil personas en todo el país. Tras un proceso de auditoría que exige la verificación de requisitos, miles de beneficiarios perdieron el acceso a esta ayuda social. Según datos oficiales, más del 60% de las personas convocadas no se presentaron a validar su situación. El operativo reveló serias irregularidades: más de 65 mil beneficios fueron suspendidos por inconsistencias, 8 mil personas renunciaron voluntariamente y más de 6 mil subsidios fueron dados de baja porque los titulares habían fallecido, aunque un familiar continuaba percibiéndolos. Esta medida representa un ahorro mensual superior a los $23 mil millones para el Estado Nacional. En Santa Fe, la situación es especialmente alarmante: se suspendió el 30% de las pensiones en julio. Desde organizaciones locales como Incluime, se denuncia que muchos afectados no fueron debidamente notificados. Según su presidenta, Mariela Peña, algunos se enteraron de la baja solo al ir a cobrar el beneficio, mientras otros no pudieron asistir a turnos médicos por la saturación del sistema público. Ante el creciente número de reclamos, se habilitó un canal de descargo por correo electrónico para quienes deseen recuperar su pensión. El trámite requiere el envío de documentación como DNI, historia clínica actualizada y el Certificado Único de Discapacidad. Aunque el mecanismo busca resolver casos injustamente suspendidos, no está exento de dificultades. Este ajuste social plantea un debate profundo sobre el acceso a derechos, la transparencia del sistema de ayuda estatal y el impacto humano de las medidas administrativas. La revisión de beneficios es legítima, pero su implementación debe cuidar a las personas más vulnerables y garantizar que nadie quede desamparado por fallos burocráticos. Noticia vista: 82
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