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Parana » Informe Digital
Fecha: 22/07/2025 04:41
Burford Capital, el principal beneficiario del litigio contra el Estado argentino por la expropiación de YPF, ha presentado un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, en EE. UU., en el que critica con dureza al gobierno estadounidense, que la semana pasada se había manifestado como amicus curiae en apoyo de Argentina. El bufete inglés, que cotiza en Londres y Wall Street, solicitó que la corte no acepte la intervención de EE. UU. en el caso como “amigo del tribunal”. Sin embargo, fuentes cercanas al proceso interpretaron esta tarde ante Infobae que la solicitud de amicus curiae no representa el punto de vista del Gobierno estadounidense, indicando que “funcionarios de bajo rango no involucrados en la estrategia de la política exterior de EE. UU.” están tras esta acción, y que históricamente EE. UU. sí ha respaldado la postura del demandante. Destacaron que el país tiene un interés significativo en “asegurar que los Estados extranjeros que ingresan a los mercados estadounidenses como actores comerciales no disfruten de inmunidad frente a demandas relacionadas con el incumplimiento de sus obligaciones comerciales”. Cabe mencionar que la presentación de esta tarde “no estaba prevista”, según indicaron otras fuentes vinculadas a esta prolongada demanda que ya lleva una década. Esta situación se da en el contexto de una decisión crucial y puntual que deberá tomar este tribunal de segunda instancia esta semana: si se suspende el fallo de la jueza Loretta Preska de semanas atrás, que ordenó la entrega de las acciones que posee el Estado en YPF (51%) como parte de pago por la condena en primera instancia. Burford calificó la intervención de funcionarios del Departamento de Justicia de Donald Trump como “sumamente inusual” y dedicó 10 páginas a refutar los argumentos de los fiscales estadounidenses, afirmando que se basan en “premisas erróneas” y “no aportan nada sustancial”. “Lamentablemente, la prisa y el desconocimiento del gobierno se evidencian en su escrito”, añadieron. Asimismo, reiteraron que su objetivo es cobrar la demanda que ganaron en primera instancia, estimada en 16.000 millones de dólares. Consideran que la intervención de la semana pasada generó “efectos adversos” a nivel local, dado que la prensa y los funcionarios públicos argentinos han interpretado el documento del gobierno como una señal de que Argentina nunca pagará la sentencia. En consecuencia, esperan cobrar más de 17.500 millones de dólares que ya suma el caso con los intereses, o al menos negociar en esa dirección. “Es difícil entender cómo se benefician los objetivos de política exterior de la Casa Blanca al alentar a países extranjeros a perjudicar a los inversores y desoír fallos de tribunales federales”, afirmó Burford. Adicionalmente, el estudio de abogados señaló que intentó, sin éxito, exponer su postura ante el gobierno de EE. UU. “El gobierno norteamericano presentó su escrito después de no responder a la solicitud de los demandantes para mantener una reunión en la que podrían haberle explicado los errores de interpretación del caso—errores que, en parte, derivan de su ausencia durante la mayor parte de las extensas y detalladas actuaciones ante el tribunal de primera instancia”, escribieron. Amicus curiae La semana pasada, EE. UU. presentó su apoyo a Argentina en varios escritos firmados por Jay Clayton, fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Sean Buckley, asistente del fiscal, en los que se solicitó que se respete la inmunidad soberana extranjera. “Este caso pone de manifiesto el firme interés del gobierno en la correcta aplicación de los principios de inmunidad soberana extranjera conforme a la Foreign Sovereign Immunities Act de 1976 (“FSIA”) y el derecho consuetudinario federal. Estas cuestiones pueden tener importantes ramificaciones para las relaciones exteriores de Estados Unidos y afectar el trato recíproco de Estados Unidos y sus bienes en los tribunales de otros países”, detallaron los escritos de los funcionarios del Departamento de Justicia de EE. UU. También se argumentó que Argentina podría sufrir un daño irreparable sin la suspensión y que si entrega y transfiere las acciones de YPF a los acreedores en EE. UU. “podría perder la posibilidad de reclamar dicha propiedad, incluso si prevalece en la apelación”. “Por otro lado, exigir a Argentina que constituya una fianza en espera de la apelación la obligaría a localizar activos en EE. UU., que podrían entonces ser objeto de embargo”, explicaron. “No se trata de un respaldo menor ni debe ser naturalizado. Basta recordar que en 2019, durante las presidencias de Macri y Trump, la Corte Suprema de los Estados Unidos solicitó al gobierno norteamericano su opinión sobre la inmunidad de jurisdicción invocada por Argentina. En esa ocasión, el gobierno estadounidense se presentó como amicus curiae y emitió un dictamen contrario a nuestro país”, afirmaron desde la Procuración del Tesoro, entidad encabezada por Santiago Castro Videla, quien, además, está en un proceso de purga de funcionarios en medio de sospechas de filtraciones y venta de información.
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