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Parana » Informe Digital
Fecha: 22/07/2025 04:34
Los días venideros serán de suma relevancia para el juicio que se lleva a cabo en Estados Unidos por la expropiación de YPF, un extenso proceso en el que Argentina ya fue condenada en primera instancia a abonar USD 16.000 millones. Estos días se perfilan como los más significativos desde 2023, cuando la jueza Loretta Preska emitió la sentencia inicial en contra del país. Mientras se analiza este asunto de fondo por un tribunal de la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York, sin un avance significativo en el expediente y con la posibilidad de una resolución recién para el próximo año, en las próximas horas se deberá resolver otra apelación de gran importancia. Se trata de uno de los capítulos de la causa que continuó su trámite en el estrado de Preska tras la condena inicial, lo que es permitido por la legislación de EE. UU., y que tiene como principal beneficiario al bufete especializado Burford Capital, el cual busca cobrar. Para ello, solicitó quedarse con las acciones de la empresa. Preska le dio la razón, y esta semana la cámara decidirá si acepta el pedido de Argentina de “congelar” esa parte del juicio y no entregar las acciones. Sin embargo, podrían existir matices. Según Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y uno de los mayores expertos en este caso que ya lleva una década, estos son los pasos que podrían presentarse a partir del miércoles: “La Corte de Apelaciones determina que Argentina puede apelar sin necesidad de entregar acciones de YPF, pero devuelve el caso a la jueza Loretta Preska para que ordene al país depositar una garantía que no sean las acciones de YPF.” “La Corte de Apelaciones rechaza el pedido de la República Argentina de suspender el fallo que obliga al país a entregar las acciones de YPF.” “La Corte de Apelaciones suspende el fallo de la jueza Preska, permitiendo a Argentina apelar sin la necesidad de entregar las acciones de YPF.” Maril destacó que todas las alternativas pueden ir acompañadas de un compromiso de los tres jueces de “agilizar” los fallos en la apelación sobre la entrega de acciones y en la apelación primaria (fallo de los USD 16.100 millones, que debido a los intereses desde 2023 ya supera los USD 17.500 millones). “El jueves, los beneficiarios del fallo le abrieron la puerta a la Corte de Apelaciones para que devuelva el caso a Preska y se decida sobre otra garantía…”, le comentó el especialista a Infobae esta mañana, anticipando lo que podría suceder en las próximas horas. Si Argentina es obligada a entregar las acciones y no lo hace –todo sugiere que esa será su postura ante dicha decisión– incurriría en desacato con la corte estadounidense, lo que podría complicar su regreso a los mercados de emisión de deuda y su estrategia para atraer inversiones externas al país. Esto, sin olvidar que perjudicaría la ya golpeada imagen internacional del país que el presidente Javier Milei aspira a recomponer. Amicus La semana pasada, el gobierno de EE. UU. se presentó como amicus curiae ante la corte de apelaciones, respaldando la posición del país. En este contexto, recomendó que dicha corte “debería suspender la orden de transferencia (de las acciones de YPF) mientras se espera la resolución final de la apelación de Argentina.” “Este caso pone de manifiesto el firme interés del gobierno en la correcta aplicación de los principios de inmunidad soberana extranjera conforme a la Foreign Sovereign Immunities Act de 1976 (“FSIA”) y el derecho consuetudinario federal. Estas cuestiones pueden tener importantes repercusiones para las relaciones exteriores de Estados Unidos y afectar el trato recíproco de Estados Unidos y sus bienes en los tribunales de otros países”, indican los documentos del Departamento de Justicia firmados por Jay Clayton, fiscal de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, y Sean Buckley, asistente del fiscal. Burford, que en su momento adquirió una buena parte de los derechos para litigar en esta causa de accionistas minoritarios de YPF que alegaron ser víctimas económicas de la decisión del gobierno de Cristina Kirchner, también ha actuado en el expediente. En un escrito presentado el viernes, Burford reiteró que su objetivo final es cobrar la demanda; afirmaron que no buscan las acciones de la empresa de forma permanente ni desean gestionarla hasta que se confirme la apelación, y que podrían aceptar garantías alternativas a las acciones. En otras palabras, le aseguró a la Cámara de Apelaciones que están dispuestos a ser flexibles, pero que si se concede la suspensión al país, deben solicitar, sí o sí, garantías. Manifiestamente, no confían en Argentina, a la que consideran un contrincante que solo busca dilatar el proceso. Esto es algo que Preska, no solo también comparte, sino que menciona en sus fallos cada vez que tiene la oportunidad. En medio de una purga en la Procuración del Tesoro, el organismo oficial encargado de la defensa del Estado –con aproximadamente 60 despidos de funcionarios sospechosos de venta de información a las contrapartes– el Estado insiste en que nunca negociará con Burford y que agotará todas las instancias judiciales, e incluso acudirá a la Corte Suprema de Justicia de EE. UU.
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