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» Diario Cordoba
Fecha: 21/07/2025 08:00
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) lleva cinco años formando parte del escudo social del Estado. En Córdoba, el número de perceptores y beneficiarios de esta prestación (una renta universal) no ha parado de crecer, y en la actualidad alcanza los 32.245 usuarios. Es la quinta provincia andaluza en número de perceptores, por detrás de Sevilla, Cádiz, Málaga y Granada. Una de las características del IMV es que la mayoría de sus titulares son mujeres, que en muchos casos encabezan la unidad familiar y son la única fuente de ingresos de un hogar. Así, hay 23.763 mujeres titulares de la medida por 8.482 hombres, una proporción de tres a uno a favor de las primeras. Hay que tener en cuenta que el número de beneficiarios es mucho mayor, prácticamente el triple. Ello se debe a que solo hay un titular en cada familia, pero los beneficiarios pueden ser también cónyuges, hijos y otros familiares. Con cada miembro de la unidad familiar aumenta la prestación. Así, en Córdoba oficialmente (a fecha de junio de este año) hay 98.301 beneficiarios. En este caso se iguala un poco la proporción entre hombres y mujeres, aunque siguen dominando las primeras: 52.463 por 45.801. En cuanto a la composición familiar, la mayoría (7.749) son unidades formadas por dos adultos y dos menores, aunque también hay una gran cantidad de adultos que viven solos y perciben el IMV (5.310). Testimonios El ingreso mínimo vital es una renta vitalicia para la que no se requiere cotización previa. Sin embargo, eso no quiere decir que sea para siempre, ya que las circunstancias de cada persona o familia pueden cambiar para mejor. Ese es el caso de Rosario Cano, una joven soltera de Fernán Núñez que, a sus 25 años, acaba de encontrar trabajo. Tras varios años cobrado el IMV para poder sostener a sus dos hijos, ha sido contratada por una empresa de ayuda a domicilio en la capital cordobesa. Una demandante de la prestación es atendida en una oficina gubernamental. / Manuel Murillo «Cuando me quedé embarazada, yo no había arreglado papeles ningunos, sólo tenía el paro. No sabía lo que era el ingreso mínimo vital», asegura. Fue Cruz Roja quien la dirigió hacia esta prestación del Gobierno central y le ayudó a gestionarlo, lo que no siempre resulta fácil. Como estaba dando el pecho a su hija menor, «seguí con esa ayuda» pero «también me puse a estudiar». Poco a poco y con mucho esfuerzo sacó adelante un curso de formación, lo que le permitió acceder a unas prácticas en Córdoba capital para las que tenía que madrugar para viajar en autobús. Apenas una semana después, le ofrecieron contratarla en la misma empresa donde estaba realizando las practicas. Ahora su sueño es seguir estudiando para convertirse en auxiliar de Enfermería. Jubilada El caso de Ana María es singular porque, a diferencia de otras situaciones, ella está recién jubilada y combina tanto el ingreso mínimo vital como una pensión no contributiva. Eso le ha acarreado algunos problemas, ya que la cantidad que recibe varía mucho con cada mes y Ana María no sabe a qué atenerse. En cualquier caso, nunca supone una cantidad excesiva, ya que suele rondar los 700 euros al mes sumando las dos percepciones, y «cuando quieren la achican o la agrandan; ahora me la han subido y no sé por qué, pero esto se cortará cuándo ellos lo miren», se lamenta. Con «ellos» se refiere Ana María a la Seguridad Social, que no le aclara sus circunstancias. «No sé cuánto me pertenece de verdad porque cada vez es una cosa diferente», sostiene. El ingreso mínimo vital es en cualquier caso su sostén fundamental junto con la pequeña pensión. Lleva desde el año 2013 viviendo de alquiler (tras haberse separado en 2011), por el que paga actualmente unos 525 euros. Puesto que vive sola, «esto no me da para todo», así que es fundamental la ayuda de Cáritas así como de sus hijos, que «gracias a Dios están ahí» aunque «cada uno va por su lado y tienen sus necesidades». Vive «en un pisito de 50 metros» adecuado para ella, ya que antes tenía que subir escaleras. Inmaculada Egea, preceptora del IMV. / Manuel Murillo Con tres hijos Inmaculada Egea tiene 35 años y cuida de sus tres hijos en el barrio de El Naranjo de Córdoba capital. Se encarga ella sola de prácticamente todo, ya que está divorciada y no cuenta con más ayudas ni apoyo de los padres de sus hijos. Para ella, la prestación del Ingreso Mínimo Vital es esencial para poder sacar a sus hijos adelante, además del apoyo de Cáritas, a través de la que gestionó la prestación. Ahora recuerda que solicitó la ayuda por primera vez en el año 2021, poco después de su aprobación, aunque desde entonces ha tenido algunos problemas para su cobro. La cuantía, además, ha ido variando con el paso del tiempo: empezó con poco más de 300 euros, que subieron a 500 y después a 700 cada mes, «pero como he incluido a mi tercer hijo no se si lo han paralizado, ya que este mes no me han hecho ningún ingreso». Su situación es crítica ya que sin ese dinero no puede sostener a su familia. A comienzos de año, asegura, fue desahuciada de una vivienda en la Fuensanta y ahora utiliza el salón de una vivienda que le han dejado usar. Con esos 700 euros mensuales «hay que pagar agua, luz y estar aquí viviendo, así que ahora no se lo que va a pasar». Inmaculada no tiene con quién dejar a sus hijos pequeños, así que de momento no puede trabajar y se dedica por completo a su cuidado. Suscríbete para seguir leyendo
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