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» Diario Cordoba
Fecha: 20/07/2025 19:44
Todos los juristas que practicamos el derecho de juzgados de guardia sabemos cuan complicado es el ámbito de los delitos de violencia de género que varios tipos penales encuadran y gestionan dependiendo de la mayor o menor gravedad del hecho. En muchos casos el peligro es claro, lo que no solo lleva a la detención policial inmediata sino a la adopción de medidas cautelares como autos de alejamiento o prisión preventiva. Aunque lo cierto y frustrante es que la mayoría de los casos fatales suelen ocurrir en mujeres que nunca denunciaron y así no se puede impedir el fatal desenlace. Por eso, la primera tarea es alentar y apoyar a las mujeres secuestradas por el síndrome de Estocolmo para que se amotinen una vez escoltadas por todos nosotros e incidir en los planes educativos, cuestiones de igualdad y contra la violencia de género. Pero la grandeza del sistema democrático es que para defender más a unas no hay que defender menos a otros: porque otras veces, o, dicho sea de paso, muchísimas veces, unos hechos calificados como leves y que incluso de ser ciertos no prevén penas de cárcel, también llevan a la detención inmediata del presunto autor y su ingreso inmisericorde en el calabozo. Este hombre detenido que para nada piensa en lesionar a nadie, y mucho menos en matar, tiene toda la razón del mundo cuando grita que estas medidas son arbitrarias, pues la realidad procesal general nos enseña que por la presunta comisión de todos los demás delitos leves que prevé el Código Penal no se detiene a nadie, sino que se cita judicialmente por carta o mensaje electrónico. Aunque en el ámbito de la violencia de género leve también debería ser así, lo cierto es que ni la policía ni los jueces quieren correr el riesgo de no detener y mucho menos de no poner una medida de restricción de movimientos ante el temor de que cualquier caso de violencia de género puede terminar en la muerte de ella. Y así, ante ese exceso de celo o, más bien, como se dice popularmente, para curarnos en salud, a la par que tenemos que lamentar muertes de mujeres, hay que asumir cientos de hombres detenidos a los que no se les respeta la presunción de inocencia ni el principio de proporcionalidad. Porque dicha proporcionalidad se sacrifica por la seguridad de la víctima y para que el policía, el fiscal y el juez duerman tranquilos mientras se lavan las manos respecto a los derechos fundamentales del detenido. Es cierto que en estos delitos los jueces no tienen una bola mágica para ver el devenir y que cualquier equivocada previsión, por muy lógica que sea, puede ser fatal. Pero no es menos cierto que, aunque no tengamos otra que sacrificar lo razonable con una detención arbitraria, esta es la única forma de evitar un improbable desenlace que no solo puede provocar la muerte de una mujer sino, en su caso, la ruina profesional del funcionario que se limitó a cumplir procesalmente con lo habitual y legal. Y tampoco es menos cierto que estas detenciones por la presunta comisión de conductas leves erigen a los hombres que las sufren en una especie de chivos expiatorios donde se experimenta con ellos encerrándolos en una jaula como a ratones de laboratorio para evitar una improbable reacción adversa, privándoseles así de su dignidad como ciudadanos. Y en derecho, obligar a una persona a perder la libertad, no como respuesta proporcionada a una conducta denunciada sino para evitar un improbable mal mayor, o sea, calificar la pérdida de libertad como mal menor será comprensible pero no es justicia, es otra cosa. Como mucho es un remiendo de justicia. *Abogado Suscríbete para seguir leyendo
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