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Valle María » Vallemarianoticias
Fecha: 18/07/2025 20:35
La sede Fiscal Descentralizada Federal de San Nicolás, solicitó diligencias para verificar si la agroquímica Atanor incumplió una medida cautelar que le prohibía verter efluentes en el marco de una causa por contaminación ambiental. La noticia se conoció luego que la Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires ordenara la clausura total preventiva del predio de la fábrica al confirmar muestras del 9 de junio pasado con contaminantes arrojados a las aguas exprofeso, entre ellas Ácido Aminometilfosfónico (AMPA), atrazina, metolacloro y imazetapir, señaló en un comunicado a ERA Verde la organización Greenpeace. Desde el Ministerio Público Fiscal se informó oficialmente que el juez interviniente, Carlos Villafuerte Ruzo, se ha negado a que se cite a indagatoria a los seis directivos de la empresa y los ocho funcionarios de contralor provinciales que la fiscalía pidió que declaren en mayo de 2023 dentro de un expediente iniciado hace diez años. Foto: Nicolás Mendiola / Greenpeace Ante una nueva inspección de las autoridades bonaerenses que detectó irregularidades en la planta de Atanor, la Fiscalía Federal pretende verificar el incumplimiento de la medida cautelar que le prohibía a la compañía agroquímica verter efluentes, en el marco de una causa en la que hace más de dos años requirió el llamado a indagatoria de seis directivos de la empresa y de ocho funcionarios de organismos de contralor. Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, a cargo de Matías Di Lello, informó así que, a raíz de una inspección de la Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires que el mes pasado detectó nuevos vertidos no autorizados en la planta de la empresa agroquímica Atanor SCA, solicitó nuevas medidas de prueba en el marco de la causa en la que desde 2014 se investiga la presunta responsabilidad de directivos de la compañía y funcionarios en la contaminación ambiental del río Paraná y el suelo de la zona. Componentes De acuerdo con las pruebas recabadas en la investigación judicial, se ha determinado la presencia de atrazina en las muestras químicas del agua, y de cipermetrina y trifuralina en los muestreos del suelo, lo que pone en riesgo la salud pública y la de la población de los barrios Química y Ponce de León de la ciudad de San Nicolás. Foto: Osvaldo Tesoro / Greenpeace En tanto en la última actuación de ADA, se confirmó la presencia de múltiples contaminantes industriales en las muestras tomadas durante una inspección realizada el 9 de junio pasado en la planta de Atanor en San Nicolás ubicada sobre la vera del río Paraná. El relevamiento se efectuó luego que vecinos de San Nicolás, la Asociación Civil Foro Medio Ambiental (Fomea) y Greenpeace habían denunciado esta reincidencia de contaminación en las últimas semanas. Las muestras analizadas detectaron niveles elevados de glifosato, AMPA, atrazina, metolacloro, imazetapir y sustancias expresamente prohibidas por orden judicial, como el clorpirifos, entre otros herbicidas de uso agrícola, detalló Greenpeace a ERA Verde. También se hallaron compuestos altamente contaminantes, como fenoles, sustancias solubles en éter etílico (SSEE) y sustancias activadas al azul de metileno (SAAM). Además, se identificaron metales pesados como arsénico, plomo, cromo, selenio, manganeso y zinc en el líquido vertido por la empresa, que no contaba con autorización para el vuelco de efluentes industriales, sino únicamente para efluentes cloacales. Varias de las sustancias detectadas se encuentran por sobre los parámetros legales de la resolución 336 de ADA y de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos N.º 24.051. “Al momento de la inspección, Atanor afirmó que no hubo contaminación. Sin embargo, en los análisis de laboratorio se detectaron agroquímicos y metales pesados. Este hecho de contaminación es un ejemplo más de los reiterados que vecinos y organizaciones denunciamos”, aseguró la especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina, Agostina Rossi Serra. En tanto el abogado ambientalista Fabián Maggi aseguró que “el vuelco clandestino que protagonizó Atanor no fue un incidente menor y excepcional: fue una acción deliberada para desviar efluentes industriales contaminantes a través de un sistema que no estaba autorizado. Intentan justificarlo como si fuera agua de lluvia, pero los análisis demostraron que contenía metales pesados, herbicidas y fenoles. Esto es desobediencia judicial, es contaminación, y debe tener consecuencias penales y administrativas claras. No puede haber más impunidad para esta empresa”. En estas circunstancias y en base a los resultados oficiales de laboratorio analizados por la autoridad provincial, ADA resolvió el cierre por considerar que se violaron de forma grave las normas ambientales vigentes. Pedidos del MPF Por su parte, el Ministerio Público Fiscal expresó que, en mayo de 2023, la sede San Nicolás solicitó al juez federal la jurisdicción, Carlos Villafuerte Ruzo, la declaración indagatoria de seis directivos de la empresa agroquímica Atanor SCA, y de ocho funcionarios de dos órganos de contralor provinciales, ADA y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS). En la causa también presta colaboración la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima), a cargo del fiscal federal Ramiro González. Pero “este pedido aún no se ha materializado por existir divergencias entre las posturas de este Ministerio Público Fiscal y el juzgado que interviene en las actuaciones. En este punto, es necesario resaltar que, ante la negativa de citar a indagatoria a las personas señaladas, la fiscalía interpuso en mayo de 2023 recurso de apelación ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario; ante lo cual los magistrados intervinientes resolvieron que el juez de primera instancia debía expedirse sobre la cuestión”, se aclaró en el portal oficial del MPF. “Sin perjuicio de ello y ante la nueva negativa del juez de resolver sobre el planteo -por entender que restan medidas pendientes de prueba–, el Ministerio Público Fiscal recurrió en diciembre de 2024 por segunda vez ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, sin que el tribunal revisor se haya expedido a la fecha”, se agregó. “Asimismo, en el marco de ese pedido de indagatorias, la Sede Fiscal solicitó se disponga una medida precautoria sobre el predio investigado en orden a lo establecido por el artículo 4° de la ley 25.675 general de ambiente, requiriendo que la empresa Atanor SCA. se abstenga de volcar los efluentes líquidos en las aguas del río Paraná hasta tanto adecuen su proceso productivo a la normativa vigente y en especial, a los niveles guía nacionales de calidad de agua ambiente correspondiente a la atrazina”, se explicó desde la Fiscalía. Foto: Nicolás Mendiola / Greenpeace Además, “se solicitó la intervención a los organismos estatales que poseen una obligación funcional para con las cuestiones investigativas: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica y Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, a los fines de que tomen conocimiento de lo actuado hasta el momento y colaboren con el cumplimiento de las medidas que aquí se adopten; a lo que el juez hizo lugar”. Foto: Osvaldo Tesoro / Greenpeace Es así que, en el marco de este incidente –medidas cautelares– el 13 de junio último, la Fiscalía de San Nicolas solicitó diversas medidas probatorias, por haber tomado conocimiento de las irregularidades en el manejo de aguas residuales que eran volcadas al suelo natural de la empresa en cuestión, detectadas el 9 de junio pasado en una inspección de ADA. La fiscalía pretende determinar si se ha obrado en contraposición con la medida cautelar ordenada con anterioridad por la justicia federal, como así también para analizar si los mismos acarrean alguna conducta de relevancia penal, se precisó.
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