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Paraná » 9digital
Fecha: 18/07/2025 10:23
El 18 de julio de 1994, a las 9:53 de la mañana, una explosión sacudió el barrio porteño de Once. Una camioneta convertida en coche bomba se estrelló contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en Pasteur 633, y en cuestión de segundos, del edificio quedaron solamente escombros. Fue el mayor atentado terrorista ocurrido en Argentina, en el que murieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas. Treinta años después, la causa judicial no tiene condenados. La Justicia argentina identificó al grupo Hezbollah como autor del ataque, y aseguró que contó con una conexión local, pero aún no se logró detener ni juzgar a los responsables materiales del hecho. El atentado a la AMIA continúa siendo uno de los mayores símbolos de impunidad del país, al igual que el ataque a la Embajada de Israel ocurrido en 1992, que dejó 22 víctimas fatales y tampoco tiene resolución. Qué pasó el 18 de julio: el atentado a la AMIA La bomba no solo destruyó el edificio de la AMIA, sino que también afectó seriamente a propiedades vecinas. Aquel lunes, miles de personas se acercaron espontáneamente a ayudar en las tareas de rescate, removiendo escombros y buscando sobrevivientes entre los restos. También se intentó salvar lo que se pudiera, como libros, documentos, piezas de arte y memoria colectiva. Desde entonces, cada 18 de julio, a la misma hora exacta del atentado, suena una sirena que interrumpe la actividad de la ruidosa Ciudad de Buenos Aires. El acto conmemorativo reúne a familiares de las víctimas, miembros de la comunidad judía, organizaciones sociales, funcionarios y referentes políticos de todos los sectores. Luego de un minuto de silencio, se leen uno por uno los nombres de quienes perdieron la vida ese día. Los acusados irán a juicio, pero en ausencia Este año, a tres décadas del atentado, la Justicia argentina resolvió avanzar por primera vez con un juicio en ausencia contra diez imputados: siete exfuncionarios iraníes y tres ciudadanos libaneses vinculados al grupo Hezbollah. La medida fue habilitada por una ley sancionada en febrero, que permite juzgar a personas prófugas en causas por delitos graves. El proceso será oral y público, sin la presencia de los acusados, pero con participación de testigos, fiscales, querellas y defensores oficiales. La decisión estuvo a cargo del juez federal Daniel Rafecas, quien consideró que “no hacer nada sería aún peor”. Los acusados están señalados como responsables de la planificación y ejecución del ataque. Según la fiscalía, el atentado fue organizado desde Irán con participación directa de Hezbollah, un año antes de concretarse. Entre los imputados figuran Alí Fallahijan, (exministro de Inteligencia), Mohsen Rezai, (excomandante de la Guardia Revolucionaria) y Mohsen Rabbani, (exagregado cultural de la embajada iraní en Buenos Aires), entre otros. Todos ellos continúan prófugos y con pedidos de captura internacional emitidos por Interpol. La decisión judicial generó opiniones encontradas entre las organizaciones de víctimas. Por un lado, la AMIA, la DAIA y querellas de algunos familiares apoyaron el avance, mientras que agrupaciones como APEMIA, Memoria Activa y Asociación 18J lo rechazaron por temor a que clausure una investigación llena de irregularidades, publicó MDZ.
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