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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 17/07/2025 08:30
En todas las jurisdicciones analizadas —CABA, Nación, provincia de Buenos Aires y sus municipios— la brecha entre costos e ingresos ronda el 30% (NA) Las empresas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) advierten que, a pesar de la reciente actualización del boleto mínimo a $451,01, cada viaje implica una pérdida de $502,19 por pasajero transportado. Así se desprende del último informe del Índice Bondi elaborado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), correspondiente a junio de 2025. El relevamiento detalla que el costo real promedio de un pasaje, sin considerar subsidios y con IVA incluido, asciende a $1.663,10. Sin embargo, entre la tarifa abonada por los usuarios y los aportes estatales, las empresas reciben apenas $1.002,85 por pasajero, lo que genera un desfasaje económico que, según denuncian, impacta en la sostenibilidad del sistema. Durante los últimos seis meses, el sistema de transporte del AMBA movilizó en promedio a 211,3 millones de pasajeros mensuales. Esto implica que las pérdidas mensuales para las compañías de colectivos, sumadas entre todos los viajes realizados, superan los $106.000 millones, tomando como referencia la diferencia por pasajero. Desde el sector sostienen que este desfinanciamiento pone en riesgo la calidad del servicio, la regularidad de las frecuencias y la renovación de las unidades. Brechas por jurisdicción El informe también desagrega el costo del boleto sin subsidio por jurisdicción. En todos los casos, se observa una diferencia significativa entre lo que cuesta realmente prestar el servicio y lo que efectivamente se reconoce mediante la tarifa y los aportes públicos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el costo real del boleto es de $1.587, mientras que el monto reconocido se ubica en $1.095. Esto representa una brecha negativa del 31%. A nivel nacional, el pasaje cuesta $1.910, pero el Estado cubre solo $1.241, lo que implica un desfase del 35%. En la provincia de Buenos Aires, el valor real del boleto asciende a $1.538, frente a un reconocimiento de $1.051, con una brecha del 32%. En los municipios bonaerenses, el pasaje cuesta $1.388, pero se reconoce apenas $945, generando una diferencia del 32%. En promedio, el Índice Bondi muestra una brecha global del 33%, evidenciando una situación generalizada de déficit operativo en el sistema. Costos del sistema y subsidios Según el mismo informe, el costo mensual total para mantener el sistema de transporte público automotor del AMBA asciende a $317.646,77 millones. De ese total, la Secretaría de Transporte reconoce $232.438,63 millones, lo que deja una diferencia de $85.208,13 millones no cubierta. Esta pérdida, según AAETA, tiene consecuencias directas sobre la calidad del servicio prestado. El costo real de mantener el sistema de colectivos en el AMBA asciende a más de $317.000 millones mensuales, pero la Secretaría de Transporte reconoce solo el 73% de ese monto. El documento aclara que los costos relevados responden a la estructura aprobada por la Resolución 8/2023, y que en ese marco se calculan los niveles necesarios de compensación para garantizar el funcionamiento del sistema. El precio actual del boleto mínimo, de $451,01, fue definido por el Gobierno nacional en julio de 2025. A pesar de ese incremento, el ingreso por pasajes representa menos del 30% del costo real de cada viaje, lo que refuerza la dependencia del sistema de las transferencias estatales. Reclamo empresario Desde el sector empresarial aseguran que la situación es insostenible y reclaman una actualización urgente del esquema de subsidios o un rediseño tarifario que contemple los verdaderos costos del servicio. Las empresas de colectivos argumentan que la brecha entre costos e ingresos impide renovar unidades, mejorar frecuencias y garantizar estándares de seguridad que requieren los pasajeros. Aunque no se detallan en el informe posibles soluciones de política pública, el diagnóstico expuesto por AAETA señala un escenario de creciente tensión financiera por parte de las compañías. La continuidad del servicio, según advierten, depende de que el Estado y las autoridades jurisdiccionales reconozcan los desajustes actuales y adopten medidas para corregirlos.
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