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Parana » Informe Digital
Fecha: 17/07/2025 08:24
Se trata de una causa compleja y laberíntica, como a menudo ocurre en los tribunales, colmada de tecnicismos y maniobras legales por parte de los abogados y los implicados. Además, será costosa, extremadamente costosa. No es un proceso cualquiera. El juicio por la expropiación de YPF, por el cual el Estado argentino ya ha sido condenado a abonar USD 16.100 millones —que, sumando los intereses, ascienden a más de USD 17.500 millones—, marca un hito como el más grande en la historia entre un tribunal de EE.UU. y un Estado soberano, según coinciden fuentes locales del ámbito jurídico. Este caso se encuentra entre los grandes juicios, superado solo por el fallo de USD 206.000 millones a un grupo de tabacaleras, destinado a resarcir los costos de cobertura médica por enfermedades vinculadas al tabaco en 46 de los 50 estados de EE. UU. en 1998, y por los USD 20.000 millones que un juez federal de Nueva Orleans ordenó a British Petroleum en compensación por el daño causado por el derrame de la plataforma petrolera Deepwater Horizon en el Golfo de México en 2016. Esta es la magnitud del juicio que ya lleva una década y que empuja al país hacia un resultado potencialmente adverso. Sin embargo, aún queda camino por recorrer, y todo podría cambiar. Mientras tanto, este Gobierno promete defenderse hasta el final, incluso si eso implica acudir nuevamente a la Corte Suprema de EE.UU. (ya lo hizo sin éxito en 2018). Tres carriles Como se mencionó, es un caso lleno de matices y miles de presentaciones a lo largo de los años ante la jueza Loretta Preska, quien condenó a Argentina en primera instancia hace dos años. En este fallo, Burford Capital se presenta como el principal beneficiario. En este contexto, se pueden identificar, al menos hasta el momento, tres grandes carriles por los que transcurre este juicio. 1 – La condena en primera instancia Este es el aspecto de “fondo” que el Estado apeló, y del cual no hay demasiadas novedades desde el año pasado. La apelación fue presentada en octubre de 2023 y los escritos se completaron en septiembre del año anterior. Desde entonces, el expediente no ha avanzado. La Corte podría solicitar lo que se conocen como “argumentos orales”, aunque no está claro que esto suceda. Allegados a la causa creen que podría haber una resolución en el primer trimestre del próximo año. En ese fallo de primera instancia, la jueza excluyó a YPF y responsabilizó al Estado en un 100% por la mala praxis expropiatoria. A pesar de que los demandantes desean reintegrar a la empresa en la causa —por ejemplo, para cobrar de sus activos—, las noticias desfavorables sobre el caso seguramente impacten en la imagen y los planes de una compañía muy activa, que se ha revalorizado y busca capitales y socios en el mundo para explotar y exportar el gas de Vaca Muerta, entre otros negocios. 2 – La entrega de las acciones Tras la condena, la jueza solicitó una serie de garantías para aceptar la apelación, pero Argentina decidió no comprometer ni un dólar ni un activo en ese sentido. Así, y en paralelo a la apelación del caso “madre”, surgieron varias solicitudes de Burford (la legislación de EE.UU. permite que la causa avance en el tribunal original a pesar de la apelación). Una de ellas fue exigir al Estado que les transfiera el capital accionario para cobrar parte de la deuda. Es evidente que Burford no desea hacerse cargo de una petrolera, sino que busca recuperar lo adeudado y generar “ruido” en Argentina. Hace 15 días, Preska consideró que esa solicitud era válida y ordenó al país que entregue su mayoría accionaria. A partir de ahí, se presentaron múltiples apelaciones. Esta semana, la Corte de Apelaciones suspendió temporalmente el traspaso para otorgar más tiempo a las partes para argumentar (Argentina y Burford coincidieron en ello), y en los próximos días —ya sea la semana siguiente o la siguiente a esa— decidirá si suspende indefinidamente la entrega de acciones mientras analiza la apelación. Ese será un fallo crucial que se avecina. Si el tribunal se pronuncia a favor de Argentina, se espera que haya una resolución sobre este tema específico accionario recién el año que viene, lo que otorgaría más tiempo al país. Si resolviera en contra, el Estado podría optar por negociar —algo que, como se explicará más adelante, no se prevé—; o podría entregar las acciones, lo cual parece poco probable; o entraría en desacato. El tribunal de segunda instancia no tiene plazos para emitir su fallo, pero en cuestiones administrativas como esta suele hacerlo rápidamente. “Estimo que la Corte aceptará la apelación para que no se entreguen las acciones, tratando de enfriar una causa que se ha intensificado en las últimas semanas” (Maril) Estar en desacato ante un tribunal de EE.UU. sería perjudicial para la estrategia del Gobierno de comenzar a emitir deuda en el exterior y atraer la atención de inversores extranjeros hacia el país. “No creo que lleguemos a eso. Estimo que la Corte va a aceptar la apelación para que no se entreguen las acciones, lo que ayudaría a calmar una causa que se calentó en las últimas semanas. Estas cortes intentan evitar que las negociaciones se rompan”, afirmó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors. En este contexto, se informó que el Departamento de Justicia de EE.UU. se pronunciará sobre el caso en los próximos días, apoyando la postura argentina. Ya lo había hecho, sin éxito, el año pasado durante la presidencia de Joe Biden. Sin embargo, este respaldo es lo que el Gobierno buscaba, al igual que el apoyo de otros países de la región y de Europa. 3 – Alter ego Este es otro de los enfoques de la causa. Es una estrategia más que intentó Burford para cobrar o negociar: demostrar que YPF y Argentina son “lo mismo”. Que el Estado no es solo el accionista mayoritario de la empresa. Acreditar esto en un tribunal es algo sumamente complicado, pero los demandantes buscan obtener información durante el proceso, lo que se conoce como discovery, para argumentar que, dado que “son lo mismo” y el Estado perdió el juicio, pueden cobrar de los activos de la empresa, así como de otras entidades que también incluyeron en su solicitud, como Enarsa. Ese discovery incluye, por ejemplo, la solicitud de información de las empresas, incluso correos electrónicos entre funcionarios durante un período determinado. Una verdadera caja de Pandora que, sin duda, incomodaría a más de uno. Preska ha señalado que Argentina obstaculiza ese flujo de información, y ese fue un tema abordado en la reunión que mantuvo con las partes el martes pasado. La jueza parece mostrar cierto agotamiento con las estrategias del país, que califica al menos como dilatorias. Esto se refleja en sus resoluciones. En uno de sus escritos recientes, afirmó que Argentina reclama que sus decisiones le ocasionan daños irreparables, pero que los daños que uno se inflige a sí mismo no pueden considerarse irreparables. En otras palabras, asegura que Argentina se queja por “disparos en los pies” que el propio país se propina. ¿Negociación? “No se negociará, de ninguna manera. Vamos a agotar cada una de las instancias judiciales que tengamos”, aseguran desde la Casa Rosada. El trabajo de la Procuración del Tesoro, que lleva adelante la causa junto a los estudios de abogados estadounidenses contratados, va en esa dirección. Ayer se presentaron novedades relevantes relacionadas con la Procuración. Según informó Infobae, el Gobierno detectó filtraciones y sospechas de venta de información por parte de empleados del Estado. Posteriormente, se anunciaron 60 despidos y una reestructuración significativa en el organismo dirigido por Santiago Castro Videla. Este caso ha atravesado a los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y, por supuesto, a la actual gestión de Javier Milei. Ninguno de los funcionarios de esos gobiernos ha negociado con Burford. Sin embargo, sí hubo al menos una reunión oficial sobre el asunto en la Procuración del Tesoro, que tuvo lugar el 19 de diciembre de 2023, apenas 9 días después del inicio del nuevo gobierno. Asistieron representantes de Burford —su co-CEO, Jonathan Todd Molot— y funcionarios de la gestión anterior de Procuración, encabezada por Rodolfo Barra —como el entonces subprocurador, Andrés De la Cruz— y del Ministerio de Economía, como el titular de la secretaría Legal y Administrativa de Luis Caputo, José Ignacio García Hamilton. Cercanos a Burford afirman que podría haber habido al menos otro encuentro de este tipo que no quedó registrado. Los representantes de Burford consideran que el Gobierno, en algún momento, deberá entablar algún tipo de negociación. Se muestran sorprendidos, a pesar del tiempo transcurrido, de que no se haya hecho antes. Burford envía señales de que está dispuesto a sentarse a negociar y que no le interesan las acciones de la empresa, pero no obtiene respuesta. Para reforzar esa estrategia, designó el año pasado como “negociador” a un argentino, Gerardo “Gerry” Mato, un exbanquero de Wall Street con conexiones políticas y empresariales en Nueva York y Buenos Aires. Mato es actualmente CEO de la consultora BluePearl Capital, donde es socio de Hernán Rissola y Tomás Gaona, otros argentinos con experiencia en el ámbito bursátil de Nueva York. Mato y Rissola se reunieron con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en octubre del año pasado, según consta en los registros de audiencias del Gobierno. “Reunión de cortesía” aparece en el libro oficial de visitas. “La Procuración actúa conforme a lo que debe, defiende al Estado utilizando los recursos disponibles. El problema es que hasta ahora no nos ha ido bien y hemos multiplicado el valor de este fallo. Creo que se podría considerar una conversación, porque Burford quiere recuperar su dinero. ¿Cuánto y de qué manera? Al menos habría que escucharlos. No digo que se deba sentar a negociar, sino que se puede hablar”, comentó Maril, en diálogo con este medio. – ¿Hacerlo podría generar algún perjuicio para la causa o para los funcionarios que participen? – En un país con un Congreso integrado por personajes bastante cuestionables, podría temerse que una reunión de este tipo derive en un juicio político. El Congreso aprobó leyes para expropiar YPF y para indemnizar a los fondos buitre. Si existen impedimentos, propongamos una ley que facilite esos encuentros ahora, y no cuando, dentro de dos años, la Corte Suprema de EE. UU. se pronuncie diciendo que no intervendrá en el caso y no quede nada más que hacer sino pagar.
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