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Parana » Informe Digital
Fecha: 16/07/2025 16:33
La Casa Rosada ordenó el despido de funcionarios de la Procuración del Tesoro tras recibir informes sobre posibles filtraciones y venta de información relacionada con la causa del Estado Nacional contra Burford por la estatización de YPF. Aunque existe un hermetismo respecto a cómo surgieron estas sospechas, en el Gobierno se menciona la posibilidad de llevar a cabo una reforma dentro del organismo. “Creemos que hubo venta de información”, declaró una fuente de alta confianza del Gobierno, sustentando que pudo haberse producido una filtración desde la Procuración del Tesoro, el área responsable de proporcionar todos los servicios jurídicos en representación del Estado Nacional. De acuerdo con fuentes gubernamentales, en las últimas semanas se generó inquietud en las filas de la Procuración respecto a distintos temas vinculados con la estrategia judicial que se estaban revelando sin la autorización de los altos mandos del organismo, conocido por no manejar este tipo de asuntos, ya que esto podría afectar el desenvolvimiento adecuado de la posición argentina en litigios sensibles. El Procurador del Tesoro es Santiago Castro Videla, quien llegó a su cargo en la gestión libertaria por recomendación del entorno de Santiago Caputo. Aunque la venta de información se presume, en el Gobierno han decidido no confirmarlo públicamente para evitar mayor revuelo en el proceso. Tampoco se ha precisado qué tipo de documentos o información sensible habrían sido filtrados. Tras estos acontecimientos, el funcionario llevará a cabo una disolución de diversas áreas internas del organismo. Se anticipa que, tras la difusión de esta información, se emitirá un comunicado que detalle las nuevas reestructuraciones. “El Procurador Castro Videla está realizando una purga, dado que se trata de un organismo que gestiona causas que involucren millonarios montos”, afirmaron desde la Casa Rosada. Este hecho acontece un día después de que el Departamento de Justicia estadounidense anunciara su intervención como amicus curiae en apoyo al reclamo argentino ante la Corte de Apelaciones de Nueva York. “La medida cautelar y la orden solicitadas por los demandantes, que exigen a Argentina sobre su propiedad soberana en su propio territorio, violarían leyes de inmunidad soberana y no deberían ser concedidas por la Corte”, sostiene un escrito de 10 páginas presentado por el Gobierno de Estados Unidos en el marco del juicio por la expropiación de YPF. La presentación, firmada por David E. Farber, asistente del fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, representa un nuevo capítulo en la disputa legal iniciada en 2012. El conflicto gira en torno al pedido de Burford Capital de quedarse con el 51% de las acciones que el Estado argentino posee en la empresa. En 2023, Burford fue reconocido como el principal beneficiario del fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska, quien condenó a Argentina a pagar 16.000 millones de dólares por una expropiación considerada irregular. La estrategia del gobierno argentino busca consolidar apoyos internacionales, promoviendo que otros países también se presenten como amicus curiae ante el tribunal de apelaciones. Se ha informado que la lista de posibles aliados incluye a Uruguay, Paraguay y El Salvador en América, así como a Italia, Francia y Alemania en Europa, aunque no se ha emitido confirmación oficial y podrían unirse más naciones. Esta táctica conjunta involucra a la Cancillería y la Procuración del Tesoro, junto a los estudios jurídicos contratados en el exterior. El apoyo de Estados Unidos no es inédito. En octubre del año anterior, durante la presidencia de Joe Biden, el país norteamericano ya había recomendado a la jueza Preska que desestimara el pedido de Burford para adueñarse de las acciones de la petrolera. En aquella ocasión, la presentación, firmada por Damian Williams, entonces fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, argumentó que conceder la orden de “turnover” de las acciones de YPF solicitada por los demandantes violaría las normas de inmunidad soberana. Además, subrayó que la postura histórica del Gobierno estadounidense sostiene que sus jueces carecen de competencia para ejecutar bienes de estados extranjeros. A pesar de estos argumentos, la jueza Preska, vinculada al partido Republicano y con una postura conservadora, ignoró la recomendación y, hace 10 días, ordenó el traspaso de las acciones. Esta situación podría volver a repetirse, ya que los jueces consideran los planteos de los amicus curiae, aunque no siempre los acatan. Esto también se observó con el fallecido Thomas Griesa, antecesor de Preska, en el caso de los holdouts durante la presidencia de Cristina Kirchner. El CEO de Latam Advisors, Sebastián Maril, analizó en X que “la intervención del Gobierno de Estados Unidos en respaldo a la República Argentina busca, con toda probabilidad, influir en la Corte de Apelaciones para que suspenda la ejecución del fallo de la jueza Loretta Preska mientras se tramita la apelación. Por el momento, el apoyo del Departamento de Justicia (DOJ) no parece extenderse a la apelación vinculada a la orden de entrega de las acciones de YPF, ni tampoco aplica al fallo de los USD 16.100 millones.”
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