16/07/2025 20:04
16/07/2025 20:04
16/07/2025 20:04
16/07/2025 20:03
16/07/2025 20:03
16/07/2025 20:03
16/07/2025 20:03
16/07/2025 20:03
16/07/2025 20:02
16/07/2025 20:02
Parana » Informe Digital
Fecha: 16/07/2025 16:32
A pesar de que el presidente Javier Milei ha anticipado que vetará la reciente reforma jubilatoria aprobada la semana pasada por el Congreso, los industriales expresan con preocupación el impacto que tendrá la eliminación de exenciones impositivas a las Sociedades de Garantía Recíprocas (SGR) en la financiación de las pymes. En un extenso informe presentado este miércoles, la UIA solicitó la revisión del artículo 10° de la reforma, que fue aprobada el pasado 10 de julio y que anula beneficios en el Impuesto a las Ganancias e IVA para los integrantes y usuarios de este sistema. Esta medida desalentará la inversión de empresas y encarecerá el acceso al crédito para miles de firmas de menor tamaño. Según la entidad, la pérdida de estos incentivos fiscales pondrá en riesgo el financiamiento de cientos de miles de empresas, afectando potencialmente la estabilidad del sistema de SGR en su conjunto, lo que podría traer consecuencias negativas sobre la renovación o ampliación de avales y líneas de crédito. El informe describe el papel del sistema de garantías recíprocas y detalla las consecuencias que esto podría tener para el entramado productivo nacional. El sistema de SGR ha operado durante más de tres décadas como una herramienta público-privada destinada a respaldar créditos otorgados por bancos o el mercado de capitales a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), especialmente aquellas que no cuentan con garantías suficientes. Este dispositivo ha ampliado su impacto en los ámbitos territorial, sectorial y social, al dinamizar el crédito productivo y multiplicar su acceso en todo el país. En el último año, el informe de la UIA señala que el sistema de garantías recíprocas respaldó la obtención de financiamiento para 100.000 pymes, con un monto activo de $2,85 billones. La anulación de los incentivos fiscales que favorecen estos esquemas podría desactivar una de las principales herramientas de acceso financiero y sostenimiento del empleo e inversión en el país, advirtió la central fabril. Si bien los industriales reconocen que el sistema puede mejorar en eficiencia y cobertura, subrayan la importancia de las SGR para financiar pymes en regiones donde el crédito es escaso. Escaso crédito en la Argentina Respecto al vínculo entre SGR, pymes e industria, el mecanismo de avales resulta fundamental para el crecimiento y la incorporación de tecnología. La situación en Argentina es especialmente crítica, ya que el crédito al sector privado apenas alcanza el 11% del PBI, frente al 60% en países vecinos y más del 100% en Chile. Esta restricción al financiamiento obstaculiza las inversiones y limita la capacidad de expansión y competitividad de las empresas, un tema central que el informe de la UIA destaca en su advertencia. En el país, mientras entidades desarrolladas o de escala regional pueden ofrecer préstamos de hasta 7 o 10 años enfocados en inversión, el plazo promedio del crédito argentino se limita a 24 o 36 meses, lo que incrementa los costos y restringe los márgenes de maniobra productiva. Las micro, pequeñas y medianas empresas son las más afectadas por estas restricciones, dado que sus patrimonios y niveles de facturación dificultan el acceso a préstamos, cuyos montos habitualmente son inferiores a lo necesario para una expansión sostenida. El crédito específico a pymes, medido en relación al PBI, se mantiene en niveles muy bajos: 1,6% en 2024 y 2,3% en 2025, según datos del Banco Central. Esta brecha de financiamiento se mitiga en parte gracias al sistema de SGR, que facilita garantías autoliquidables y permite el acceso a crédito formal en mejores condiciones y tasas. De las más de 42.000 pymes con aval vigente—máximo histórico—, el 94% pertenece a los estratos micro y pequeños, y el 77% logra financiamiento a través de bancos o cheques de pago diferido. El sistema distribuye $2,85 billones en financiamiento garantizado, lo que representa el 15% del stock bancario para pymes; abarca desde leasing hasta cheques de pago diferido, cubriendo diversas necesidades según el sector productivo. Un aspecto destacado en el informe de la UIA es cómo las SGR amortiguan la contracción crediticia en momentos de incertidumbre económica y mantienen recursos para proyectos viables que, sin este mecanismo, quedarían excluidos. Eje del conflicto El eje del conflicto radica en el artículo 10° de la reforma previsional sancionada el 10 de julio de 2025, que eliminó exenciones fiscales esenciales para el sector. Por un lado, los aportes al fondo de riesgo en calidad de “socios protectores” perderán la exención al Impuesto a las Ganancias, lo que los convierte en menos atractivos para los inversores y reduciendo así el capital disponible para avales. Por el otro, la reforma suprime la exención del IVA sobre las cuotas pagadas por las empresas, incrementando los costos directos para las pymes que intentan acceder al sistema. El documento de la UIA advierte que esta doble eliminación puede romper el círculo virtuoso de incentivos: sin beneficios impositivos, empresas e individuos dejarán de invertir como socios protectores, reduciendo el fondo de riesgo y disminuyendo tanto la cantidad como el monto de avales otorgados. Si se agrava el retiro de inversiones, el informe alerta sobre posibles situaciones límites, como el congelamiento de nuevos avales, la suspensión de renovaciones y el sobreapalancamiento de las sociedades, muchas de las cuales dependen directamente del fondo de riesgo alimentado por estos aportes. Además de comprometer el acceso al crédito, desde la entidad se menciona el riesgo de un efecto directo sobre el empleo y la inversión. La UIA subraya que redirigir recursos fiscales desde líneas de crédito para pymes hacia el sistema jubilatorio “sin consenso sectorial ni análisis de impacto” representa un cambio de lógica de alto riesgo con un impacto inmediato en la economía productiva nacional. El informe detalla que, si bien existe margen para mejorar la eficiencia, el alcance y la federalización, el sistema de SGR sigue siendo estratégico para sostener el entramado productivo, especialmente en el interior del país. Según los cálculos de la organización, con respaldo y mayor apalancamiento, el sistema podría alcanzar hasta $3,8 billones en garantías, ampliando de manera significativa la inclusión crediticia. Entre las propuestas que el sector expuso en su análisis se sugiere revertir la eliminación de beneficios fiscales, fortalecer el apalancamiento en instrumentos de calidad y ajustados a la realidad de las pymes, y establecer espacios de diálogo entre representantes empresariales, mercados, SGR y sector público para consensuar nuevas reglas y optimizar el uso del gasto fiscal.
Ver noticia original
 300 x 300 px.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por