16/07/2025 07:07
16/07/2025 07:04
16/07/2025 07:03
16/07/2025 07:03
16/07/2025 07:03
16/07/2025 07:03
16/07/2025 07:03
16/07/2025 07:03
16/07/2025 07:03
16/07/2025 07:03
Parana » Informe Digital
Fecha: 15/07/2025 17:32
La jueza Servini determinó la falta de mérito trece meses después de la violenta represión que tuvo lugar cerca del Congreso el 12 de junio de 2024. “Se ha comprobado que no había razones para detenerlos”, afirmó María del Carmen Verdú, representante de Correpi. La ministra de Seguridad había tachado a los manifestantes de “terroristas”, pero, más de un año después, la jueza federal María Servini de Cubría sobreseyó a las últimas 16 personas que perduraban bajo esta acusación tras ser detenidas el día de la sanción de la Ley Bases. En polaridad con las severas declaraciones de la funcionaria, la magistrada dejó en claro en su fallo que el proceso “en nada afectó su buen nombre y honor”. Verdú recordó que la ministra había afirmado que los manifestantes pretendían dar un golpe de estado y que merecían penas de 20 años. El fiscal Carlos Stornelli respaldó estas acusaciones, señalando delitos de carácter delirante contra el orden constitucional y apelando constantemente a las excarcelaciones. Desde su perspectiva, la resolución, aunque tardía, es clara: “No tenían nada para detenerlos”. A pesar de las previsiones de represión, el 12 de junio del año pasado se desató una cacería contra los manifestantes. El discurso del poder político había dado luz verde a las fuerzas de seguridad, quienes, aprovechando el clima de tensión, detuvieron a personas con palos, gases y balas de goma, muy alejadas del Congreso. Al finalizar esa jornada, se reportaron 33 detenciones, incluyendo a docentes, músicos, militantes, vendedores ambulantes, estudiantes y vecinos, todos convocados para protestar contra la Ley Bases, impulsada por el gobierno de Javier Milei. Las fuerzas del orden contaban con el respaldo del dictamen de Stornelli, que se había convertido en un ferviente defensor del gobierno. Este mencionó delitos relacionados con un “alzamiento contra el orden constitucional”, incluyendo lesiones, daños agravados, incendio, instigación a cometer delitos e intimidación pública, entre otros. Al día siguiente, mientras comenzaban a conocerse los horrorosos relatos de las detenciones y tras las declaraciones indagatorias, 17 personas fueron liberadas después de pasar dos días en detención. Algunas de ellas se encontraban en las instalaciones de la Policía Federal en la calle Madariaga, y otras en alcaidías como la de los Tribunales Federales de Retiro. El 18 de junio, 11 de las 16 personas aún detenidas también recuperaron su libertad, con la jueza dictando la falta de mérito para estas personas, así como para las excarceladas previamente. Verdú recordó que las faltas de mérito se dictaron el 18 de junio de 2024, tras una evaluación de videos por parte de Stornelli. Primero fueron sobreseídas las detenciones más evidentes, como las de quienes vendían empanadas o choripanes, y luego se tomó la decisión para el resto. “Estas personas soportaron entre dos y cinco días de detención, y luego trece meses con el peso de una causa abierta, una locura”, señaló la abogada sobre las graves consecuencias de la criminalización de la protesta en la vida cotidiana de los ciudadanos. Por otro lado, fueron procesados Cristian Valiente, Patricia Calarco Arredondo, David Sica y Roberto De la Cruz Gómez, aunque por delitos menos graves que los inicialmente imputados por Stornelli, como daño y resistencia a la autoridad. Después de varios meses en prisión, fueron excarcelados a la espera de su elevación a juicio. Un análisis de los videos permitió identificar a dos personas más, sumando un total de seis que enfrentarán juicio oral. Cuando Verdú menciona que “no tenían nada” para justiciar las detenciones, entiende que la jueza Servini ha respaldado las argumentaciones de las defensas. En su fallo, la magistrada destacó la falta de testigos que justificaran las detenciones y la ausencia de registros de video que respaldaran las acusaciones. Servini también señaló que el desbloqueo de los teléfonos “no ha permitido establecer una coordinación entre los encausados durante los hechos”, y las actuaciones del fiscal Stornelli no aportaron elementos relevantes. Por lo tanto, el buen nombre y honor de personas como Sofía Ottogali, Gonzalo Duro, Fernando Leone, Ricardo Shariff Sleme, Diego Iturburu, Román Méndez, Luis Alberto de la Vega, Juan Ignacio Espinetto, Camila Juárez Oliva, Nicolás Moyorga, Saya Lyardet, Cristian Ferreira, Juan Pablo Colombo, Ramona Tolaba, Lucía Puglia y Facundo Gómez “no ha sido afectado”.
Ver noticia original
 300 x 300 px.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por