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» Misionesopina
Fecha: 15/07/2025 15:52
El Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico resolvió recientemente rechazar un pedido de excarcelación presentado por el abogado defensor de una mujer de 39 años, quien pertenece detenida hace más de una semana en la comisaría de Montecarlo, en el marco de una causa por presunta estafa en perjuicio de una pareja de jubilados, a quien la sospechosa le habría gestionado préstamos de forma virtual sin el consentimiento de los damnificados. Mediante fuentes de la causa El Territorio pudo saber que el revés judicial fue resuelto el pasado 10 de julio por el juez Manuel Balanda Gómez, titular del juzgado y quien coincidió con el criterio del fiscal Héctor Simon de denegar el planteo hecho por la defensa de Adriana Beatriz P. (39). Esta última, a partir de una denuncia radicada el pasado 27 de junio en sede policial, está sospechada de haber gestionado distintos préstamos a nombres de dos de sus vecinos en el barrio Hetner de la mencionada localidad. La mujer está acusada de estafar a una pareja conformada por una señora de 64 y un hombre de 72 años, apropiándose de una importante suma de dinero. En ese contexto, el pasado jueves 3 de julio, la sospechosa fue detenida tras la presentación de los damnificados. Ya en audiencia indagatoria, la detenida optó por declarar ante los investigadores, instancia en donde negó las acusaciones en su contra y mencionar que fueron sus vecinos quienes la contactaron a ella para que les hiciera un favor. Pero remarcó que en ningún momento se quedó con dinero en efectivo de dos préstamos que se pidieron de manera virtual desde la cuenta bancaria del denunciante. Préstamo millonario La investigación reveló que la sospechosa habría gestionado préstamos digitales a nombre de las víctimas, apropiándose de más de un millón y medio de pesos. Las primeras pesquisas apuntan a que se instaron dos préstamos de $2.900.000 y $360.000. De ese total, solo les habría entregado $1.600.000 a los damnificados, transfiriendo el resto del dinero a la cuenta personal de la apresada y sin autorización de la pareja dañada. Además, los damnificados denunciaron en paralelo que el 16 de junio pasado la misma mujer habría solicitado otro préstamo de $150.000, sin el debido consentimiento ni la devolución del dinero. En este contexto, el pasado miércoles 2 de julio, se llevó a cabo un allanamiento en el domicilio de la sindicada, donde los efectivos procedieron al secuestro de un teléfono celular vinculado a la causa y procedieron a su detención. Fuente: El Territorio
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