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Chajari » actualidadadiario
Fecha: 15/07/2025 12:18
Gerardo Milman (PRO), Lilia Lemoine (LLA) y Carlos Zapata (LLA) buscan aprobar una ley que impida el uso de fondos públicos para tratamientos hormonales, quirúrgicos o intervenciones. Un posible recorte a los derechos de las personas del colectivo travesti trans Los diputados nacionales Gerardo Milman (PRO), Lilia Lemoine (LLA) y Carlos Zapata (LLA) presentaron en el Congreso un proyecto para modificar la Ley de Identidad de Género (26.743). Los libertarios intentan prohibir el uso de fondos públicos para los tratamientos hormonales o quirúrgicos a los que acuden aquellas personas que quieren adecuar su cuerpo a la identidad de género autopercibida. En febrero de este año, el Gobierno de Javier Milei ya había intentado modificar la Ley de Identidad de Género mediante el DNU 62/25 para prohibir este tipo de tratamientos a menores de 18 años, pero el decreto luego fue declarado inconstitucional por la Justicia de Entre Ríos. El proyecto pretende modificar el artículo 11 de la ley para dejar que toda persona mayor de 18 años acceda “a su costo exclusivo” a tratamientos médicos, hormonales o quirúrgicos con el fin de adecuar su cuerpo a su identidad autopercibida. Deja “expresamente excluidos de la cobertura del sistema público de salud, del Plan Médico Obligatorio (PMO), del sistema de obras sociales y de cualquier programa sanitario financiado con fondos públicos”. “Que vuelva el sentido común. Presenté un proyecto para modificar la Ley de Identidad de Género. Toda persona mayor de 18 años puede decidir sobre su cuerpo, pero no con la plata de todos”, escribió Milman en X. “El Estado no debe financiar, promover ni imponer la identidad de género en las personas”, opinó el legislador, que busca prohibir un derecho que fue adquirido tras largos años de lucha colectiva. El proyecto de ley, según explicó Milman, establece que el Estado, todos sus órganos y dependencias, entidades descentralizadas y empresas con participación estatal, también deberán “abstenerse de promover, financiar, difundir o imponer construcciones ideológicas sobre el género o la sexualidad”. “La sanción de la Ley 26.743 constituyó un producto típico de una etapa política que se caracterizó por un sesgo estatista, paternalista e ideologizado”, caracterizaron los legisladores en los fundamentos del proyecto. Mónica Macha, diputada nacional y presidenta de la Comisión Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados Nacional, describió el proyecto como hecho “a la medida de este gobierno superconservador” y recalcó que la iniciativa se suma “a esta política regresiva en términos de derechos”. Para la diputada, la cobertura estatal y del PMO es fundamental “porque el punto es cómo acompaña un Estado a su comunidad, cómo la acompaña del modo que cada persona necesita. Esto es lo que está cercenando Javier Milei y lo que intenta cercenar este proyecto presentado por diputados de La Libertad Avanza y PRO”. Sin leer el contexto La iniciativa busca sustituir además el artículo 5 para prohibir a los menores de 18 la realización de intervenciones quirúrgicas de reasignación de sexo y para que las modificaciones registrales de sexo, nombre de pila e imagen se realice sólo con el consentimiento “expreso y unánime de ambos progenitores o representantes legales”, que “deberá contar con la validación de un equipo interdisciplinario compuesto por un médico clínico, un psiquiatra y un psicólogo independientes”. Alba Rueda, vocera de la organización social Mujeres Trans Argentina, respondió en comunicación con este medio: “La posición de Milman no es solamente violatoria de los derechos humanos, sino que además considera que el Estado no tiene ninguna responsabilidad respecto a las personas e intenta llevar al plano de las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas la identidad de género. Lo hace expresamente con las personas menores de 18 años”. Sostuvo que el proyecto “desconoce todo el marco normativo vigente y vulnera la ley de actos discriminatorios”. Así, marcó que “la identidad de género es un derecho que la ley resguarda y el estado debe constituirse a partir de esto. Lo que busca Milman no solamente es crear la impunidad para la violencia física y simbólica, para la discriminación, sino también crear distintos estándares de ciudadanía utilizando la complicidad del fascismo hoy en Argentina”. Por otro lado, Macha sostuvo que el proyecto lleva a que los adolescentes no tengan decisión hasta los 18 años: “Justamente ellos que se paran como paladines de la libertad, lo que hacen todo el tiempo es cercenarla y desconocer esas autonomías que van construyendo las adolescencias en su propio camino hacia la adultez”. En “nuestro país los 16 años son una bisagra, cuando ya pueden votar. Además tiene que ver con las convenciones a las que Argentina adhiere sobre los derechos de niñez y adolescencias, donde se plantea que la adquisición de derechos es progresiva. Entonces, impedirle a un pibes de 16 años que pueda hacer ese cambio registral, que pueda definir cuál va a ser su nombre y que eso tenga que estar vinculado al acompañamiento de la madre y del padre es complicado porque a veces se está y a veces no”, sostuvo la diputada. Los argumentos y sus falacias En su argumentación, el diputado Milman sostuvo que con la sanción de la Ley 26.743 “se utilizó al Estado” para intervenir, financiar, promover e imponer determinadas concepciones culturales, lingüísticas y médicas “que no gozan de consenso social ni científico”, y que no debían ser objeto de financiamiento público “compulsivo”. “No negamos la libertad individual ni el derecho de toda persona a autodefinirse conforme a su vivencia interna del género. Reafirmamos el principio liberal de soberanía del individuo sobre su propio cuerpo y vida, encuadrándolo en un marco que respeta los límites naturales del orden jurídico, la neutralidad ideológica del Estado, y el principio de no agresión fiscal hacia los contribuyentes”, manifestó. A partir de esto, Macha reflexionó: “Lo que están haciendo es una definición ideológica, que niega las diferencias y las desigualdades de género, que niega los derechos de cada persona a autopercibir su propia identidad y poder generar a través de esa autopercepción una vida en comunidad y con un acompañamiento del Estado”. “A esa definición totalmente política e ideologizada la llaman neutralidad”, ironizó. “Él representa a la casta ideológica y conservadora del Opus Dei. Este proyecto de ley tiene una mala labor legislativa, tiene muy mala letra jurídica. Sin embargo, para él y para el gobierno actual tiene coherencia. La población trans en Argentina está en riesgo de ser vulnerada en sus derechos humanos solamente porque existe un gobierno fascista”, añadió la militante trans Alba Rueda.
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