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  • Causa YPF: la jueza Preska rechazó un pedido de Argentina e insiste en transferir las acciones

    » Comercio y Justicia

    Fecha: 15/07/2025 09:31

    La jueza Loretta Preska rechazó el pedido de suspensión de la sentencia de transferencias de acciones de la petrolera estatal argentina YPF a los beneficiarios de su fallo en la causa por la nacionalización de la compañía más de 10 años atrás. Así lo confirmó el especialista Sebastián Maril, a través de sus redes sociales. El Gobierno nacional le había solicitado a Preska un stay (suspensión temporaria de la sentencia) dado que continuará con sus acciones judiciales en los estrados estadounidenses. Ayer por la mañana, Preska rechazó ese pedido y mantiene su decisión de que el país debe entregar 51% de las acciones de YPF para pagar una sentencia de US$16.000 millones a favor de los litigantes. Argentina anticipó que continuará realizando presentaciones e incluso que podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en caso de haber un nuevo fallo desfavorable. Entre otros argumentos, la defensa argentina sostiene que la orden de la jueza Preska de entregar las acciones de YPF viola el derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA, por sus siglas en inglés) y principios de cortesía internacional. Además, pone sobre la mesa la Declaración de Interés hecha por el Departamento de Justicia estadounidense, considerado un “apoyo” del gobierno de Donald Trump. La presentación también advierte sobre un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”. El jueves pasado, el Gobierno argentino apeló la sentencia de Preska, quien luego llamó a una negociación. La resolución de ayer lunes rechaza la suspensión de la medida y habilita a que continúe el resto de las acciones dispuestas por el juzgado. En su escrito, Preska señaló que Argentina no cumplió con las condiciones previas que le habían permitido acceder a una suspensión sin garantía del fallo de septiembre de 2023, y acusó al país de intentar “eludir sus obligaciones” mediante tácticas dilatorias. El texto judicial recuerda que, incluso tras obtener una prórroga para acomodar la transición de gobierno en el país, la administración argentina “aprovechó al máximo el tiempo extra”, pero “no realizó ningún esfuerzo para satisfacer las condiciones impuestas”. “La República alega que se producirá un daño irreparable si el Tribunal no suspende su Orden de Turnover, pero cualquier supuesto daño se deriva directamente de las propias acciones de la República al retrasar e intentar eludir sus obligaciones en virtud de la sentencia”, escribió la magistrada. Argentina se adelantó a la decisión y ya apeló a la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. Además, Preska extendió el plazo para ejecutar su orden tres días -hasta el 17 de julio- para darle tiempo a la cámara que decida sobre el caso. En ese contexto, Argentina ya se presentó solicitando que se conceda una suspensión administrativa temporal mientras tramita el pedido de suspensión ante dicho tribunal. Si esas medidas no prosperan, el país podría entrar en desacato con la corte de Preska, la que entiende en causas vinculadas a empresas que cotizan en Wall Street, donde la empresa cotiza desde hace más de 30 años. El pedido de desacato sólo podrá contemplarlo la jueza si los demandantes lo solicitan. “La última vez que Argentina estuvo en desacato con una corte de EEUU ya estábamos en default. Cristina Kirchner era presidenta y el impacto a nivel mundial fue mínimo porque estábamos aislados del mundo. Ahora sería diferente. Entiendo que antes van a tratar de frenar el tema, si no es negociando con algún depósito. Es correcto agotar todas las vías legales, pero mientras tanto se debería hacer algún tipo de control de daños. No es debilidad sentarse a negociar, todo lo contrario. Es mostrar que interesa resolver un problema”, dijo Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, uno de los especialistas que sigue el caso desde su inicio. En 2023, Preska ya condenó al Estado local en primera instancia a pagarle un resarcimiento a Burford Capital, un bufete de abogados que compró los derechos a litigar en esta causa, de US$16.000 millones.

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