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» Comercio y Justicia
Fecha: 14/07/2025 12:32
La jueza neoyorkina informó que hoy resolverá si posterga la medida ordenada oportunamente. La determinación es clave, mientras Argentina apela la decisión que favorece a los fondos Burford y Eton Park. Con todo, la magistrada aclaró que la medida no implica retrotraer la orden, sino sólo aplicar una suspensión momentánea. Están en juego más de US$17 mil millones La jueza Loretta Preska de Nueva York comunicó a las partes que este lunes decidirá si concede a la Argentina la suspensión de la entrega de las acciones de YPF para pagar la sentencia de US$16.000 millones, que con intereses asciende a US$17.750 millones, por la expropiación de la petrolera. Esta decisión es crucial, ya que determinará si los beneficiarios del fallo, los fondos Burford y Eton Park, podrán ejecutar la sentencia mientras Argentina apela. La magistrada aclaró que no definirá si cancela o revierte la orden original de entrega de acciones emitida el 30 de junio sino únicamente si suspende su ejecución mientras el país tramita su apelación. Si Preska concede la suspensión, los demandantes no podrán ejecutar la sentencia mientras el proceso de apelación esté en curso. Argentina ya se anticipó a la definición de la jueza de primera instancia y apeló la orden de entregar acciones ante un tribunal superior de Nueva York. Los abogados del país comunicaron formalmente a Preska que ya acudieron a la Corte de Apelaciones y que, en caso de que ella otorgue la suspensión, informarán al tribunal superior que la jurisdicción seguirá en la corte de primera instancia. Preska también concedió a las partes “tres días adicionales” para ir a la Corte de Apelaciones, lo que Argentina hizo el jueves. El Gobierno argentino sostiene que la orden de Preska viola la ley de expropiación de YPF, argumentando que cualquier traspaso de la participación estatal requiere la aprobación del Congreso con una mayoría de dos tercios. Además, el país considera que el traspaso accionario tendría efectos irreversibles, dado que los demandantes manifestaron su intención de vender esos títulos una vez que los reciban. Esto impediría retroceder la situación incluso si Argentina ganara la apelación. En los escritos presentados, el país advierte que sufrirá un “daño irreparable a su soberanía” si no se suspende la orden de entrega mientras se resuelve la apelación, viéndose forzado a elegir entre “cambiar sus propias leyes, violarlas o desobedecer una orden judicial de los Estados Unidos”. El presidente Javier Milei se refirió al tema la semana pasada, declarando que “el fallo no tiene aplicación porque violenta la ley argentina. Para ejecutarlo, debería haber una ley del Congreso que implica dos tercios. No va a ocurrir”. El caso La jueza Loretta Preska condenó a Argentina el 15 de septiembre de 2023 a pagar US$16.000 millones por la expropiación de YPF realizada en 2012. Este fallo benefició a Burford y Eton Park, quienes compraron los derechos para litigar que poseía el grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que tenía 25% de YPF al momento de la expropiación. El reclamo se basó en que el gobierno de Cristina Fernández no cumplió con el estatuto de YPF al nacionalizar la participación de Repsol sin ofrecer una operación similar al resto de los accionistas. Desde el fallo de fines de 2023, Argentina apeló la sentencia. La demora del país en pagar o intentar algún tipo de acuerdo llevó a los demandantes a multiplicar sus estrategias de presión. Entre estas estrategias se encuentra el pedido de entrega de las acciones de YPF en manos del Estado, que ya cuenta con un fallo favorable de Preska y una apelación en marcha por parte de Argentina. Esta situación abrió el camino para que otros acreedores del país también reclamen ser pagados con papeles de la petrolera. Además de la decisión sobre la suspensión, la magistrada convocó a las partes a una audiencia el martes 15 para destrabar una disputa relacionada con la entrega de información sobre el “alter ego” de YPF, que incluye a Aerolíneas Argentinas, Arsat, Enarsa y el Banco Central (BCRA). Los beneficiarios del fallo buscan embargar activos de estas entidades, bajo el argumento de que “son lo mismo que la República”.
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