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Fecha: 13/07/2025 23:28
El Gobierno nacional avanza en un proceso de revisión sobre las más de 101.000 hectáreas que administra el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) , con el objetivo de determinar qué superficies podrían ser consideradas prescindibles y eventualmente salir a la venta. La iniciativa forma parte de las acciones que lleva adelante el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, en el marco del plan de reorganización del sector público. Las autoridades explicaron que el análisis no se limita a las tierras sin uso actual, sino que abarca todos los predios, incluso aquellos en actividad, para determinar cuáles son esenciales para las tareas de investigación y transferencia tecnológica que realiza el INTA. De acuerdo con datos oficiales, unas 54.000 hectáreas se utilizan hoy de forma activa en tareas productivas o experimentales, mientras que otras 47.500 están sin uso efectivo , ya sea por falta de infraestructura, conflictos legales o problemas de acceso. Sin embargo, no todas las hectáreas ociosas pueden venderse: en muchos casos, se trata de terrenos donados al Estado con cláusulas específicas que impiden su enajenación. El criterio para seleccionar qué tierras podrían venderse incluirá el tipo de título de propiedad (como "donación con cargo" o "sin cargo"), el estado legal del predio y su utilidad para el cumplimiento de la función institucional del organismo. En paralelo, se contempla la posibilidad de trasladar actividades a predios no enajenables, para liberar aquellos que sí puedan comercializarse. Asociaciones cooperadoras y uso privado Actualmente, 60.000 hectáreas están en manos de asociaciones cooperadoras, entidades privadas que trabajan en coordinación con las estaciones experimentales y colaboran con la comercialización de productos. Estas asociaciones destinan los fondos recaudados al sostenimiento de las tareas científicas. Sin embargo, desde el Ejecutivo señalaron que el control sobre estas entidades fue deficiente, con escasa presentación de balances y poca transparencia en los contratos. Además, 30.000 hectáreas están asignadas a INTeA S.A., una sociedad en la que el INTA tiene participación mayoritaria y que se dedica al desarrollo productivo y tecnológico. Reestructuración interna La revisión de tierras se suma a otras modificaciones en la estructura del organismo. Esta semana, el Gobierno resolvió transformar al INTA en un organismo desconcentrado, bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, y eliminó su conducción colegiada, que será reemplazada por un presidente designado por el Poder Ejecutivo, asistido por un consejo técnico ad honorem. Sturzenegger justificó estos cambios al señalar que el INTA "funcionaba con una estructura sobredimensionada y opaca", y compartió cifras que, según él, reflejan un exceso de recursos: más de 6.000 empleados, 2.400 vehículos oficiales, 1.600 celulares y 932 cargos jerárquicos, además de 450 sedes distribuidas en todo el país. El funcionario también hizo hincapié en el presupuesto del organismo, que este año asciende a $224.000 millones, financiado en gran parte por recursos propios provenientes de un porcentaje de la tasa estadística y de las importaciones. "Solo en 2024, el INTA recibió $411.000 millones en recursos, lo que equivale al 47,5% de todo lo recaudado en concepto de retenciones al maíz", escribió Sturzenegger en su cuenta de X. Aunque todavía no hay definiciones sobre qué tierras saldrán a la venta, la decisión de avanzar en esta línea abre un nuevo capítulo en la política del Gobierno hacia los organismos estatales de investigación y producción. Notas Relacionadas
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