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Parana » Informe Digital
Fecha: 13/07/2025 08:02
El Gobierno argentino ha ingresado en una nueva etapa crítica respecto al juicio por la expropiación de YPF, un proceso que se presenta cada vez más complicado en el juzgado del Distrito Sur de Nueva York, dirigido por Loretta Preska. Las próximas horas prometen ser aún más intensas. Este caso, que lleva una década en curso, ya resultó en una condena para el Estado argentino hace dos años, obligándolo a pagar USD 16.000 millones por la expropiación mal llevada a cabo en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner. Ahora, la administración de Javier Milei aguarda nuevas malas noticias desde Manhattan, como se adelantó en Infobae recientemente. Tras un fallo adverso en primera instancia en 2023, Argentina apeló, aunque este trámite avanza lentamente y sin novedades significativas. Paralelamente, Burford Capital, el bufete de abogados inglés que adquirió los derechos de litigar en este caso y que es el principal beneficiario de la sentencia, ha presentado diversas medidas para intentar cobrar —probablemente también con el objetivo de llamar la atención de Milei y sus funcionarios—. La Justicia estadounidense lo permite: la apelación no detiene la sentencia, que puede ejecutarse en cualquier momento. Burford, al que algunos catalogan como un “fondo buitre” por su estrategia, aunque técnicamente no lo sea, ha solicitado embargos, que se evalúe si el Estado y la empresa son considerados “lo mismo” (la figura del alter ego), e incluso ha exigido quedarse con las acciones de YPF en posesión de Argentina (51%) como parte de pago. La aceptación de este último reclamo por parte de Preska el 30 de junio pasado fue una verdadera “bomba”. Desde hace dos semanas, el tema ha estado en el centro del debate, y el Gobierno, en un contexto de alta tensión legislativa, ha comenzado a hablar sobre la causa. A lo largo de estos diez años, son pocas las ocasiones en que las distintas administraciones que gobernaron el país se han referido a una cuestión tan presente y molesta; ahora, después de la sentencia en primera instancia, parece serlo aún más. El jueves y viernes pasados, se llevaron a cabo una serie de movimientos, presentaciones cruzadas y órdenes en el estrado de Preska, quien definirá el lunes cómo procederá con la entrega de la mayoría accionaria a Burford. Es importante reiterar que en el Gobierno no hay optimismo alguno. Semana movida Preska decidirá este lunes si suspende su propia orden de entregar las acciones a Burford mientras Argentina apela; sin embargo, su intención de que esto ocurra permanece firme. En un gesto que algunos interpretaron como un desaire, el país se dirigió directamente a la Corte de Apelaciones. ¿Qué se puede esperar de la decisión de Preska mañana? Entre un amplio espectro de opciones, que pudo haberse modificado por los acontecimientos de finales de la semana pasada, la jueza podría optar por conceder un stay, un freno temporal a su propia decisión. Podría hacerlo de forma unilateral o exigir garantías para otorgar ese beneficio, lo que implicaría un depósito en dólares u otros activos. Esto sería problemático, pues en ocasiones anteriores el Estado no optó por ofrecer este tipo de garantías, y además, Burford sostiene que intentó, pero no encontró activos locales embargables en otros países. Un paso más podría consistir en exigirle al país que brinde esa garantía: el incumplimiento inmediato de esta orden representaría un desacato. En este escenario máximo, que vendría con “condiciones”, se centran las preocupaciones del Gobierno, como quedó reflejado en una de las presentaciones de la semana pasada. “La última vez que Argentina estuvo en desacato con una corte de EEUU ya estábamos en default. Cristina Kirchner era presidenta y el impacto a nivel mundial fue mínimo porque estábamos aislados. Ahora sería diferente. Entiendo que antes intentarán frenar el tema, ya sea negociando con algún depósito. Es correcto agotar todos los recursos legales, pero mientras tanto, deberíamos implementar un control de daños. No es debilidad sentarse a negociar; es, por el contrario, demostrar interés en resolver un problema”, destacó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, uno de los especialistas que ha seguido el caso desde su inicio. “Alimentan los buitres con la mano. Argentina no va a renunciar a su derecho a la defensa. Vamos a agotar todas las instancias judiciales para defender los intereses de todos los argentinos” (fuentes oficiales) Existe otra opción intermedia que podría estudiarse: una garantía “congelada”, que consistiría en depositar una suma significativa en bonos en una escrow account (cuenta especial en EEUU administrada por la Corte) y frenar la entrega de acciones hasta que se alcance una resolución o una negociación. Esto no implicaría un pago y requiere la aprobación del Congreso. Enojo oficial En medio de las tensiones y el creciente malestar por el caso, el Gobierno ha puesto su atención en quienes denominan “buitres domésticos”. Políticos, analistas, empresarios y exfuncionarios forman parte de esta lista. El señalado más notable por LLA es el gobernador Axel Kicillof, quien, como viceministro de Economía, encabezó la expropiación en 2012 y, días atrás, defendió el proceso que culminó en la condena multimillonaria. “Alimentan los buitres con la mano. Argentina no va a renunciar a su derecho a la defensa. Vamos a agotar todas las instancias judiciales para defender los intereses de todos los argentinos”, prometen desde Casa Rosada. “Resultan indignantes las operaciones de los ‘buitres domésticos’. Deberían guardar silencio. En la presentación de los demandantes hay un anexo extenso en el que, textualmente, registran lo dicho por Kicillof. Usan su defensa en contra del país, parecen no necesitar más argumentos. Además, de diversas maneras, se pretende hacer ver que hay divisiones entre los funcionarios encargados de fijar las estrategias para este caso, cuando en realidad hay un gran trabajo en equipo y una alineación total”, añadieron. Desde Burford están convencidos de que el Gobierno, en algún momento —creen que será más pronto que tarde— deberá iniciar algún tipo de negociación. Se muestran sorprendidos, a pesar de los años transcurridos, de que esto no se haya hecho antes. “Se han sentado a dialogar con bonistas, con el FMI, con todos. Burford no es un fondo buitre y tiene una sentencia multimillonaria a su favor. Quieren mostrar los dientes y el Gobierno se encuentra presionado, pero eventualmente tendrán que conversar”, manifestaron allegados. Seis argumentos El jueves pasado, Argentina inició el proceso formal de apelación a la orden emitida por Preska sobre la entrega de acciones de YPF (mientras la jueza estaba evaluando otro pedido: suspender su propio fallo). “La última vez que Argentina estuvo en desacato con una corte de EEUU ya estábamos en default. Ahora sería diferente” (Maril) Como Preska convocó a las partes a una audiencia el martes para otro capítulo de la demanda, el alter ego, Argentina entendió que su primer pedido se iba a demorar y acudió directamente a la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. En todos los escritos, dejó claro que acudiría a la Corte Suprema de Justicia de EEUU en caso de que la Cámara de Apelaciones no suspendiera la orden antes del lunes 14 de julio. A continuación, se presentan los seis argumentos centrales de la Procuración del Tesoro en el caso YPF en este momento: Violación del derecho internacional. La orden de entrega de las acciones de YPF infringe el derecho federal de EEUU, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional. Afectación a la soberanía. La orden obliga a Argentina a actuar en violación de su propia ley (que prohíbe la transferencia de acciones sin una mayoría calificada del Congreso) o modificar su legislación, lo que afecta gravemente su soberanía y establece un precedente de injerencia judicial sin precedentes. Generación de un daño irreparable. Argentina perdería el control mayoritario sobre su principal empresa energética, lo que causaría serios perjuicios al país y a YPF. Falta de perjuicio para los demandantes. Los actores no sufrirían daño con una suspensión, ya que las acciones no pueden transferirse sin la aprobación del Congreso argentino. Apoyo del Gobierno de EEUU. El Departamento de Justicia estadounidense respaldó la posición de Argentina a través de una Declaración de Interés. Interés público y orden económico. La suspensión protege a YPF, a sus accionistas minoritarios, empleados, provincias productoras de hidrocarburos y la economía argentina en general. Además, evita que un tribunal de EEUU intervenga de manera apresurada y sin precedentes en la estructura soberana y económica de un Estado extranjero. No se trata de argumentos nuevos: Preska ya los ha considerado a todos. ¿Podría abordarlos nuevamente de manera diferente? Sí, es posible, pero las probabilidades parecen muy bajas. El origen El juicio comenzó tras la decisión del Gobierno argentino, en 2012, de expropiar el 51% de YPF que se encontraba en manos de Repsol. En ese momento, la administración de Cristina Fernández de Kirchner aprobó una ley en el Congreso que autorizó la operación, invocando un supuesto interés nacional. Sin embargo, de acuerdo con la estructura legal de la empresa, cualquier adquisición de este tipo requería una oferta pública de adquisición a todos los accionistas minoritarios. Burford Capital y Eton Park, que posteriormente adquirieron los derechos litigiosos, argumentaron que Argentina no cumplió con ese paso obligatorio. Así, iniciaron una demanda en Nueva York con el objetivo de obtener compensación por la supuesta violación de las normas corporativas establecidas en el estatuto de YPF. En septiembre de 2023, Preska falló en contra del país, determinando que debía pagar USD 16.000 millones por no haber hecho una oferta pública de adquisición (OPA) al momento de la expropiación de la empresa. En su dictamen, la jueza concluyó que la conducta del Gobierno argentino vulneró las reglas corporativas de la petrolera y perjudicó a los accionistas privados. Más allá de las razones y la conveniencia o no de que la petrolera esté bajo control del Estado —dada la situación de Vaca Muerta, muchos consideran que debe contar con mayoría estatal—, el proceso fue indebido. Se trata de una deficiencia en la expropiación de hace 23 años por la cual el Estado argentino fue condenado a pagar una suma considerable que actualmente está lejos de poder cubrir. En medio de presentaciones técnicas y argucias legales, la cifra de la condena inicial se mantiene “viva”: debido a los intereses, ya supera los USD 17.000 millones y aumenta al menos otros USD 2,5 millones por cada día que transcurre sin resolución en esta ya añeja causa YPF.
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