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Gualeguaychu » Nova Comunicaciones
Fecha: 13/07/2025 05:31
Detectaron agrotóxicos y metales pesados en los efluentes industriales. La empresa busca relocalizarse, pero sin asumir el pasivo ambiental. La Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires dispuso la clausura total y preventiva de la planta que la empresa Atanor posee en San Nicolás, luego de confirmar un episodio de contaminación ambiental sobre la ribera del Río Paraná. La medida se adoptó tras los resultados de análisis realizados por laboratorios oficiales, que comprobaron la presencia de glifosato, atrazina y clorpirifos (este último prohibido en el país), así como de compuestos tóxicos como fenoles y metales pesados —arsénico, plomo y cromo— en los desechos industriales de la firma. Se verificó que los residuos eran arrojados a través de un ducto autorizado solo para efluentes cloacales, en violación de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos. La inspección tuvo lugar el pasado 9 de junio, en respuesta a denuncias presentadas por vecinos, el Foro Medio Ambiental (FOMEA) y Greenpeace, que alertaban sobre el daño ambiental causado por la actividad industrial en la zona. “Durante la inspección, la empresa negó la existencia de contaminación. Sin embargo, los análisis detectaron agroquímicos y metales pesados. Este caso se suma a una larga serie de denuncias impulsadas por la comunidad”, afirmó Agostina Rossi Serra, vocera de Greenpeace Argentina. Rechazo al plan de relocalización. Tras la clausura, Atanor anunció que iniciará un proceso de relocalización de sus operaciones, aunque informó que planea mantener en el mismo predio clausurado un centro logístico para productos peligrosos. La iniciativa fue rechazada de plano por los vecinos. “El traslado de la planta estaba incluido en nuestra demanda. Ahora la empresa, acorralada, lo anuncia. Pero antes debe hacerse cargo del enorme pasivo ambiental que deja. No vamos a permitir que en ese lugar se almacenen agrotóxicos junto a un barrio y frente a una escuela, es criminal”, sostuvo Fabián Maggi, abogado de los habitantes de San Nicolás. La ADA también ordenó a la empresa el cegado del ducto industrial en 24 horas y la entrega de un cronograma detallado para el desmantelamiento de su planta de tratamiento de residuos. Un dilema social. Atanor fue fundada en 1947 mediante un concurso promovido por Fabricaciones Militares, para elaborar productos químicos destinados a la defensa. A mediados de los 90, con la irrupción de las semillas transgénicas y el uso creciente de agroquímicos en el campo, la compañía se especializó en ese rubro, y en 1997 fue adquirida por el gigante químico estadounidense Albaugh. Hace casi un año y medio hubo una explosión en su planta de San Nicolás y la empresa pidió reiniciar las actividades en los sectores por fuera del reactor, asegurando que las condiciones de seguridad y salubridad son óptimas. “Mientras la justicia se demora en autorizar la reapertura de la planta, los productores agropecuarios están liquidando sus stocks o comprando el producto importado. Estamos hablando con el accionista (Albaugh) y pidiéndole paciencia, porque confiamos en que pronto podremos retomar la operación”, señala una fuente de la compañía. “Estamos en una situación desesperante, hay más de 100 personas cuya fuente laboral peligra. Acá no podemos producir y el gobierno bajó los aranceles a la importación de agroquímicos”, apunta Ricardo García, secretario general del Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de San Nicolás. “Pedimos que mientras se hacen los peritajes en la zona del accidente, nos habiliten para trabajar en el resto de la planta, haciendo otros productos. Hay compañeros que la están pasando muy mal, sin trabajo y con ingresos recortados mientras todo sube. La jueza nos dió una audiencia recién a los cuatro meses de producirse la explosión, y seguimos esperando su decisión”, dice García, quien vive a 4 cuadras de la planta de Atanor y trabaja allí desde hace 40 años. “Sé que hay visiones encontradas entre los vecinos. Hay gente que no quiere que la fábrica esté acá. Y otros, que queremos seguir trabajando en ella”, había dicho desde la empresa. La compañía viene acumulando denuncias por contaminación ambiental desde hace una década. En mayo de 2023, un informe elaborado por la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires, encontró niveles de atrazina por encima de lo admitido en las napas de agua para riego y consumo. Esta sustancia tiene efectos tóxicos a largo plazo y puede permanecer en el ambiente hasta 100 días. Y a pesar de estar prohibida en Europa desde 2024, es uno de los herbicidas más utilizados en el país, sobre todo en cultivos de maíz y soja.
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