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Parana » Informe Digital
Fecha: 12/07/2025 08:07
El Senado ha puesto de manifiesto el conflicto político más significativo que enriquece y a la vez confronta a Olivos, en plena etapa electoral. Las seis votaciones en una sola jornada han sacudido el escenario nacional y ofrecen múltiples interpretaciones, aunque ninguna puede ser considerada sorprendente. El resultado fue predecible, reflejando el peor momento en la relación de Javier Milei con los gobernadores, un problema que va más allá de la lucha con la oposición más dura y que tiene raíces en la situación financiera de las provincias, así como en la cada vez más abierta disputa de poder territorial. Esto explica en gran medida el desenlace de este capítulo legislativo, aunque no todo. También se notan las sombras y los ruidos de la interna violeta, que han cerrado las puertas a la negociación, al menos por ahora. La interna se hizo evidente con la abrumadora carga sobre Victoria Villarruel. La vicepresidenta tuvo un papel nada menos que crucial al decidir presidir la sesión, asegurando el debate en el recinto. Sin embargo, nadie podría afirmar que su intervención fue determinante, ya que el desenlace estaba previsto desde muchos días antes, y lejos del Congreso. Es ilustrativo revisar lo que sucedía en el heterogéneo grupo de gobernadores. También, las señales del oficialismo ,marcadas por el cálculo electoral. Y un tema recurrente: la interlocución con las provincias, es decir, qué nivel de decisión real poseen los operadores y funcionarios encargados de las negociaciones. Las reuniones plenarias de los jefes provinciales en el CFI, un ámbito que refuerza el mensaje al poder central, constituyeron la primera señal llamativa: aunque persistían las diferencias entre gobernadores, se evidenciaba la voluntad de contenerlas. Al mismo tiempo, la predisposición al acuerdo de los “dialoguistas” y el virtual silencio del núcleo del PJ/K abrían oportunidades para las negociaciones. Con el paso de los días, el malestar por las respuestas de los funcionarios nacionales fue creciendo. La reacción se tradujo en el impulso de dos iniciativas que, según sus cálculos, implican un costo fiscal nulo o muy bajo: modificaciones en el reparto de ATN y cambios en el Impuesto a los Combustibles Líquidos. La presentación efectiva de los proyectos -con la firma de casi todos los bloques- se produjo cuando el diálogo ya parecía agotado. Frustrado por razones climáticas y políticas, el acto del 9 de Julio intensificó la situación, al compás de la descarga de Milei contra los líderes provinciales, a quienes acusó, en bloque, de querer “destruir al Gobierno”. Sin embargo, todavía después, algunos gobernadores que promovían un proceso de diálogo -ex JxC, varios provinciales, peronistas no kirchneristas- comunicaron por diferentes vías su intención de no apoyar los proyectos sobre jubilaciones y sistema de discapacidad. Esto mismo tensaba el delicado entendimiento entre los veinticuatro distritos, pero el intento de abrir negociaciones se frustró, sobre todo, por las actitudes de Milei. De hecho, la evaluación parecía sencilla. Con posturas intransigentes y tratándolos como un bloque, sin distinciones, el Gobierno fomentaba el respiro a la franja más dura, aunque minoritaria en número: cuatro o cinco mandatarios, con Axel Kicillof como figura visible y el kirchnerismo como bandera. Lo más evidente: Milei mantuvo una dureza discursiva, sin distinguir entre el proyecto sobre jubilaciones y las iniciativas impulsadas por el conjunto de los gobernadores: ICL y ATN. Además, los tuiteros oficialistas y Patricia Bullrich redoblaron la ofensiva, señalando un intento de golpe institucional en el Senado. No fue un hecho aislado. En círculos políticos, se ha venido apuntando que la “estrategia violeta” es dictada exclusivamente por Karina Milei, con sus subordinados y operadores, especialmente Eduardo “Lule” Menem. En este contexto, Santiago Caputo ha perdido protagonismo, siendo señalado en las especulaciones más negativas como poco interesado en evitar el convulsivo ambiente de las votaciones en el Senado. El círculo de Olivos ha dejado de lado la idea de buscar acuerdos electorales con gobernadores donde sea posible. En cambio, se extiende la estrategia de disputar espacios en cada provincia. Esto ha sido evidente en adelantos de elecciones, citando como último ejemplo la competencia por la gobernación correntina, y proyecta batallas para octubre, esperando mejorar las bancadas estrictamente propias -sin aliados- en el Congreso. Este juego, combinado con la falta de atención a las demandas de los veinticuatro distritos en materia de coparticipación, propició la escalada política de estas horas. La interna con Villarruel tiene otro significado, además de ser un arrastre. El último y más agudo capítulo se relaciona con la validación de la sesión del Senado, y su función en el recinto cuando LLA dio el primer paso -el abandono de las bancas- para discutir la validez de la sesión. Allí surge un dato que revela al menos la falta de una estrategia estudiada y definida para oponerse a los proyectos de mejora jubilatoria, moratoria y discapacidad, convertidos en ley el jueves pasado. Si se sostiene la intención de llevar el asunto a la Justicia, el anuncio de los vetos del Presidente quedaría en una zona gris. Por lo tanto, surge otra interrogante: ¿el planteo ante los tribunales sería por una cuestión reglamentaria o de otro tipo, como una infracción a la ley de administración financiera pública? Tales argumentos son rechazados por la oposición. La cuestión práctica y central es que una demanda involucraría a la Justicia en una disputa que generalmente evita. El riesgo de los vetos es otro: ¿el oficialismo puede contar con suficientes diputados para mantener luego la decisión presidencial? Ya lo logró en otras ocasiones, de forma ajustada, en parte gracias a negociaciones con los gobernadores. En las primeras especulaciones, parece posible salvaguardar el veto a la moratoria previsional. El panorama es menos claro para el oficialismo en relación con la recomposición de jubilaciones y la emergencia en el sistema de atención a la discapacidad. Los números de las votaciones en el Senado son reveladores. La moratoria fue aprobada por un margen ajustado. En contraste, las otras dos iniciativas contaron con amplio respaldo, muy por encima de los dos tercios. Las bancadas de aliados o dialoguistas -PRO, UCR, provinciales- se dividieron entre apoyos, abstenciones y ausencias, según el tema, pero no se opusieron. Además, queda la duda de si la contraofensiva de Olivos abarcaría también los proyectos sobre ATN y combustibles, impulsados por los gobernadores, en caso de que Diputados los apruebe sin demoras. También se abre, de hecho, un espacio para la negociación, que además plantearía el desafío de los vetos. El Gobierno se siente cómodo en el discurso de la polarización. Sin embargo, también en ese plano, en la lucha por el relato, exhibe matices y contradicciones. Voceros tanto formales como informales sostienen que el rechazo absoluto a las leyes con impacto presupuestario beneficia la imagen presidencial. Pero, al mismo tiempo, proyectan un impacto coyuntural en la economía que resulta muy peligroso. Por ahora, la receta política es incierta.
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