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Parana » Informe Digital
Fecha: 09/07/2025 03:26
Las divergencias entre el Gobierno nacional y las administraciones provinciales volvieron a manifestarse a través de las declaraciones del ejecutivo provincial y municipal. El gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini criticaron la política fiscal y de obra pública de Javier Milei, centrando sus argumentos en el desmantelamiento de Vialidad Nacional y la escasez de fondos provenientes del gobierno nacional. Durante la presentación de un proyecto de ley destinado a modernizar la gestión de caminos rurales en el Centro Cívico, Llaryora cuestionó la decisión de cerrar Vialidad Nacional y expresó su descontento con la gestión centralizada desde Buenos Aires. “Nos gobiernan desde la Capital individuos que nunca han estado en el interior de la Argentina”, afirmó. El mandatario provincial subrayó la relevancia de las rutas nacionales para el desarrollo del país y advirtió sobre los peligros que conlleva el deterioro de la infraestructura vial. “Me gustaría saber quién se encargará de reparar los caminos nacionales que están completamente dañados, poniendo en riesgo la vida de las personas”, señaló. Por su parte, el intendente Daniel Passerini llevó sus críticas a la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, donde denunció que “la Nación retiene los recursos de las provincias y los municipios, y así es muy sencillo afirmar que cuentan con superávit fiscal”. Passerini enfatizó que los municipios enfrentan la crisis asumiendo responsabilidades que el Gobierno nacional elude y destacó que un 30% del precio de la nafta corresponde a impuestos nacionales, cuyos fondos específicos son retenidos por la Nación. Asimismo, cuestionó decisiones como el aumento de las retenciones al agro y el cierre de Vialidad Nacional, que, según expresó, evidencian “una prueba más de que, lejos de solucionar los problemas, se desentienden de las responsabilidades”. El gobierno de Javier Milei sostiene una política de ajuste orientada a la reducción del gasto público, el congelamiento de la obra pública nacional y una limitada transferencia de fondos discrecionales. Esto ha generado tensiones con los gobernadores, que exigen autonomía financiera y un federalismo verdadero.
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