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» La Capital
Fecha: 09/07/2025 01:43
Desde su creación, a finales de 2022, la oficina local desarrolló más de 700 intervenciones. Los fideicomisos vinculados a la construcción, bajo la lupa La agencia antilavado de Rosario se creó en octubre de 2022 con el fin de fiscalizar los trámites relacionados con actividades susceptibles de blanquear dinero de economías delictivas. En dos años y medio, la Agencia contra el Lavado de Activos de Origen Delictivo del municipio emitió 30 alertas ante operaciones sospechosas ante los organismos de control nacional , como la Unidad de Información Financiera (UIF). La agencia local tiene a su cargo el control de los trámites considerados de riesgo, con el objetivo de prevenir el aprovechamiento de negocios lícitos en el ámbito local para blanquear fondos delictivos. Los fideicomisos vinculados a la construcción se ubican entre las actividades más observadas. Eso es lo que refleja un informe de la Municipalidad sobre las acciones desplegadas por el organismo desde su creación, a fines de octubre de 2022 . Desde entonces, la oficina antilavado tuvo más de 700 intervenciones relacionadas, entre controles aleatorios sobre ciertos legajos, sean de personas físicas o particulares, requerimientos, intervenciones en causas federales o pedidos de información por parte de otros organismos estatales. Además se capacitó a una centena de trabajadores municipales de áreas clave en la observación de indicadores de lavado de activos, para que puedan advertir situaciones irregulares desde el inicio del trámite en las distintas reparticiones en las cuales se inician las gestiones. La oficina antilavado surge a partir de la aprobación de la ordenanza N° 10370 que crea el sistema de control económico financiero para la prevención del lavado de activos de origen delictivo. Desde entonces, tiene bajo su lupa una serie de actividades que son consideradas pasibles de ser utilizadas para el lavado de activos. Entre ellas, todas las solicitudes de permisos municipales para operaciones de venta y alquiler de vehículos, motos y embarcaciones, armerías, casas de juego, boliches, bares, restaurantes, hoteles, hostels y alojamientos transitorios para turistas, playas de estacionamiento y cocheras, guarderías náuticas, entidades financieras, agencias de viajes y turismo, droguerías y farmacias, concesiones de obras publicas y servicios, transferencia de licencias de taxis y solicitudes vinculadas a trámites de edificación. La titular del organismo, María Paula Bruera, destacó el delicado trabajo que realiza la agencia. "Tomamos actividades que son marcadas por las Evaluaciones Nacionales de Riesgos, como más pasibles de ser utilizadas para el lavado de activo, y también aquellas en las que generalmente se paga con dinero en efectivo", explicó. En este sentido, destacó que se presta "especial atención a situaciones con ausencia de registros, como puede ser un fideicomiso”, en particular los vinculados a la construcción, actividad señalada por la propia UIF como permeable a acciones de lavado de dinero de origen ilícito. “Los fideicomisos de construcción que quieren hacer un edificio tienen que presentar su contrato y ahí nos enteramos quiénes son los aportantes, quién va a administrar, y si se trata de sociedades, quiénes las integran”, sostuvo la titular de la Agencia, para agregar que “eso funciona a nivel prevención, y a la vez nos enriquece nuestra matriz de información”. >>Leer más: Agencia antilavado: Javkin considera que "los resultados se ven en la reducción de delitos" Los mecanismos de control De acuerdo al informe del municipio, desde su creación la agencia antilavado ya realizó más de 700 intervenciones dentro de su competencia. El detalle incluye la colaboración con organismos nacionales como la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (más conocida por su sigla, Procelac) o la Procuraduría de la Narcocriminalidad (Procunar) y Fiscalías Federales que llevan adelante la investigación y procesamiento de delitos federales en la región, ya que el gobierno local cuenta con información que en muchos casos impacta antes que en organismos nacionales. Asi, los informes del municipio sirvieron como elemento de prueba en 34 causas judiciales y se recibieron 53 requerimientos de información y facilitaron informes sobre 265 personas (244 particulares y 21 entidades Jurídicas). Y se emitieron 30 alertas de situaciones sospechosas ante los organismos de control nacional, como la Unidad de Información Financiera (UIF). Desde fines de octubre de 2022, se evaluaron 173 expedientes de reparticiones que se encuentran dentro del sistema de control económico financiero y se realizaron otros 236 controles aleatorios sobre los trámites que realizan los particulares con la municipalidad, garantizando una pluralidad en las búsquedas. Además se capacitó en el control de lavado de activos a una centena de trabajadores municipales de distintas oficinas. >>Leer más: La agencia municipal contra el lavado de activos realizó más de 300 supervisiones Un poco de historia Impulsada por el intendente Pablo Javkin, y tras lograr el aval de todo el arco político, el Concejo Municipal sancionó en agosto la ordenanza que crea la agencia antilavado. El organismo se puso en marcha en octubre de ese mismo año, presentándose como una herramienta para paliar la crítica situación en materia de seguridad que atravesaba Rosario. De acuerdo a la norma, la creación de la agencia obedece a la "necesidad imperante" de que la Municipalidad "propicie un rol protagónico de su administración en lo que hace a la lucha contra el lavado de activos proveniente de ilícitos". Y advierte que en los últimos años distintas investigaciones judiciales corroboraron las maniobras de lavado de activos que bandas criminales practicaron en la ciudad, a través de variados rubros de la economía local. Por eso, el principal objetivo de la agencia es recabar información correspondiente a los trámites que se realicen en el municipio y generar, recibir o procesar reportes de Alerta Sospechosa sobre inversiones con fondos de dudosa procedencia; además de crear protocolos para la detección de operaciones sospechosas; crear instrumentos administrativos y canales institucionales para la coordinación y cooperación con otros organismos; brindar asesoramiento, asistencia y entender en la tramitación de los distintos requerimientos judiciales.
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