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Fecha: 09/07/2025 00:56
El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en las inmediaciones de avenida 7 Jefes y calle Luciano Molinas , en el barrio 7 Jefes , donde los efectivos aprehendieron a una mujer de 42 años , identificada como M. B. R., hija del exmagistrado , y a su pareja, un hombre de 30 años. Durante la requisa dentro del inmueble, los investigadores secuestraron partes de motocicletas que, según los primeros indicios, poseen pedidos de secuestro activo por robo, al estar registradas en la base de datos con coincidencia en números de motor y chasis. Robo organizado y viviendas de resguardo La investigación policial logró establecer que los delincuentes operaban en el microcentro y macrocentro de la capital provincial. Las motocicletas robadas eran trasladadas a viviendas consideradas “seguras” para su ocultamiento y posterior reducción. Estas propiedades se ubican en Luciano Molinas al 700 (barrio 7 Jefes), Juan Díaz de Solís al 1800 (barrio Santa Lucía) y Huergo al 3600 (barrio Los Hornos). Gracias al seguimiento con cámaras de videovigilancia y tareas de inteligencia conjunta entre policías e investigadores, se logró recolectar pruebas incriminantes contra los responsables del accionar delictivo, lo que derivó en los allanamientos y detenciones concretadas en las últimas horas. El antecedente de Julio Roggiano El exjuez de menores Julio Roggiano fue protagonista de un escándalo en el año 2003, cuando fue sorprendido por Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe recibiendo dinero marcado, producto de un presunto soborno. El dinero le había sido entregado por la madre de un adolescente detenido, con el objetivo de lograr su liberación. El hecho ocurrió en la esquina de Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo, en pleno centro santafesino. La causa derivó en un sumario que culminó con la destitución del magistrado por parte de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Una denuncia desacreditada Un año antes, en 2002, el propio Roggiano había denunciado que su hija —entonces de 19 años— había sido secuestrada como represalia por una sentencia judicial. Según su versión, el secuestro habría sido ejecutado por allegados a un condenado que buscaba venganza. Sin embargo, la posterior investigación descartó por completo esa hipótesis, concluyendo que los hechos denunciados no se correspondían con la realidad.
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