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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 08/07/2025 14:37
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado El Juzgado Federal N° 1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, fijó una fianza de $30 millones para liberar a la funcionaria bonaerense Alesia Abaigar, quien aún permanece en prisión domiciliaria por el ataque a la casa del diputado nacional José Luis Espert. La defensa ya presentó un escrito para no pagar el monto establecido por la justicia. El lunes, la Cámara Federal de San Martín había dictado la excarcelación de la directora de Sensibilización y Promoción de Derechos del Ministerio de la Mujer. En ese mismo fallo le delegaron a la jueza de grado definir un monto de caución real, “de modo que garantice su sujeción al proceso; sin perjuicio de otras eventuales reglas de conducta que pudiere fijar”. En efecto, Arroyo Salgado decidió que Abaigar entregue los 30 millones para liberarla y sacarle la tobillera electrónica, y que se presente todos los martes en su juzgado para confirmar que sigue a disposición de la Justicia. Los abogados de la militante kirchnerista, Daniel Llermanos y Adrián Albor, apelaron la decisión de la jueza con un escrito de seis páginas, en el que se pronunciaron en duros términos. Alesia Abaigar todavía está en prisión domiciliaria con tobillera electrónica Para los defensores “no se encuentra ni mínimamente fundado” el monto que decidió Arroyo Salgado, y denunciaron que “la jueza se ha alzado contra la decisión de la Cámara de Apelaciones” al poner una cantidad que es “de imposible cumplimiento” para la detenida. “El monto supera el equivalente a 94 salarios mínimos vitales y móviles al día de la fecha, lo que lo hace de muy dificultoso cumplimiento. Pero aún, de llegarse a conseguir el dinero, lo cierto es que lo sería con mucha ayuda de familiares, amigos y compañeros de militancia, que verían esa suma inmovilizada probablemente por mucho tiempo”, siguieron los letrados en su apelación. Además, insistieron con que la Cámara de San Martín ya determinó que no hay riesgos procesales como peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, por lo que calificaron la fianza como “una burla a la decisión” del tribunal superior. “Una caución real razonable debería rondar el valor de medio salario de Alesia, denunciado en su indagatoria... el que podría abonar sacrificando su medio aguinaldo, conquista social que siempre se encuentra en crisis en gobiernos como el actual”, se quejaron los defensores. Vandalizaron la casa de José Luis Espert: dejaron un mensaje intimidatorio y estiércol animal Por otra parte, también pidieron revisar la asistencia semanal al Juzgado Federal -pretenden que vaya una vez por mes-, ya que “además de obstaculizar las tareas laborales, desconoce la jueza cuánto cuesta el transporte desde la casa de nuestra Defendida hasta la sede del tribunal”. En cambio, no reprocharon el impedimento para salir del país y la orden de alejamiento de la casa del diputado Espert. Eva Mieri, presa y complicada por los chats Eva Mieri y Mayra Mendoza Según reveló Infobae este lunes, la presidenta del peronismo en el Concejo Deliberante de Quilmes y mano derecha de la intendenta Mayra Mendoza, Eva Mieri, borró prácticamente todo el contenido de su celular justo antes del ataque a Espert. Su celular no tenía contactos, fotos, videos, mensajes o historial; tan solo una docena de comunicaciones por WhatsApp del día previo al escrache. Mieri está presa en la cárcel de mujeres de Ezeiza, en la Unidad VII, luego de que la jueza Arroyo Salgado y el fiscal federal Federico Iuspa rechazaran su pedido de excarcelación. A la concejala le atribuyen la responsabilidad de haber sustraído la camioneta Chevrolet S10 del Municipio de Quilmes para perpetrar el ataque, acción que encuadró en el delito de malversación de caudales públicos. Y le sumó la “alteración de la numeración de un objeto registrado” porque el vehículo tenía la patente parcialmente cubierta. También está imputada por atentado contra el orden público, en concurso ideal con amenazas agravadas e incitación a la persecución u odio contra una persona a causa de sus ideas políticas, los delitos que se desprenden el ataque con materia fecal.
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