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Paraná » La Bitacora radio
Fecha: 08/07/2025 14:35
El presidente Javier Milei ha resuelto «visibilizar» a aquellos magistrados que, a su juicio, obstaculizan las decisiones oficiales y favorecen indebidamente al sindicalismo. «Nos declararon la guerra», afirman voces cercanas al Gobierno, mientras se evalúan diversas medidas para contrarrestar esta situación. El domingo pasado, un mensaje publicado en la cuenta de X (@CoherenciaFavor) que rezaba «Se viene la motosierra para la industria del juicio y los caranchos» fue retuiteado por el propio Javier Milei. Este gesto presidencial, según revelaron fuentes de la Casa Rosada, responde a la profunda preocupación del mandatario por el proyectado récord de demandas judiciales en el Sistema de Riesgos del Trabajo para 2025, sumado a una creciente ola de fallos de la justicia laboral que benefician al sindicalismo y perjudican los intereses gubernamentales. En consecuencia, tras este claro indicio en redes sociales, se anticipa que Milei centrará su atención en los jueces laborales. Desde el Gobierno se sostiene que estos magistrados «han colaborado fuertemente en destruir a las pymes argentinas y en desalentar inversiones», y que «el daño que han hecho es irreparable». La sucesión de fallos adversos al DNU 70 (que incluía un capítulo laboral), al DNU 340 (que reglamenta el derecho de huelga en 17 actividades) y al DNU 430 (que eliminó el Día del Trabajador del Estado) es interpretada por el Ejecutivo como una señal inequívoca de que «la Justicia Laboral responde a los sindicatos». Por ello, se prevé una fuerte ofensiva presidencial para poner el foco en los magistrados de este fuero. «Los jueces laborales son impunes en la Argentina. Atrasan 100 años. Ninguno puede explicar cómo vive. Por eso hay que abrirles jury en el Consejo de la Magistratura y designar nuevos para cubrir las vacantes», declaró a Infobae una fuente libertaria, evidenciando la postura radical del oficialismo. La más reciente destinataria de la furia gubernamental es Moira Fullana, jueza a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 3 de Capital Federal. Esta magistrada declaró hace un mes la invalidez constitucional de los artículos 2 y 3 del DNU 340, que reglamenta el derecho de huelga, a raíz de una presentación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). La semana pasada, dictó un fallo similar tras una denuncia impulsada por la CGT y previamente había emitido una sentencia contra el Gobierno por la eliminación del Día del Trabajador del Estado. En línea con la postura que explicitaría Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni, no tardó en calificar a Fullana como «jueza militante» y señaló en X: «La mafia sindical consiguió que la casta judicial, en tiempo récord, le proteja nuevamente uno de sus privilegios». El Gobierno ha decidido ahora realizar un análisis exhaustivo de los fallos emitidos por la Justicia del Trabajo con el fin de recopilar estadísticas que, según creen, demostrarán la «parcialidad» de los jueces. «Son una casta total y estamos hartos de ellos; nos declararon la guerra», afirmó un influyente funcionario del Gabinete. Estrategias del Gobierno ¿Cuál es el plan del Gobierno para contrarrestar la andanada de fallos adversos? En principio, la administración Milei deposita una «expectativa novedosa» en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ). Esto se debe a un fallo de la Corte Suprema, dictado en diciembre pasado, que habilitó al tribunal porteño a intervenir como instancia superior en causas civiles, comerciales, laborales y penales. A mediados de marzo, el TSJ ya había recibido un total de 180 causas remitidas por la Corte Suprema, de las cuales 140 correspondieron al fuero laboral, 16 al civil, 7 al penal y 3 al comercial. Si bien la mayoría de los jueces nacionales han reaccionado en contra de esta decisión de la Corte, argumentando que excede las facultades constitucionales del máximo tribunal, el Gobierno estaría decidido a quebrar esa resistencia apurando el traspaso de juzgados laborales y comerciales de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de cumplir lo establecido en la reforma constitucional de 1994. De todas formas, en la Casa Rosada admitieron que, si no se concretara el traspaso de juzgados, «no hay nada normativo que se pueda hacer» para limitar a los jueces laborales en lo inmediato. Sin embargo, se prevé que La Libertad Avanza podría sumar más legisladores en el Congreso a partir de diciembre, lo que abriría la puerta a una modificación del procedimiento de la justicia laboral que permitiría agilizar el funcionamiento del fuero. En el oficialismo, la apuesta es desgastar a los magistrados laborales mediante el ataque directo del Presidente, quien «visibilizaría los problemas que generan para que se haga justicia». Algunos funcionarios incluso proponen ir más allá: «Hay que investigar el patrimonio de los jueces laborales y que se conozcan sus caras y nombres». De manera simultánea, Milei busca implementar medidas concretas para «desbaratar la industria del juicio», especialmente tras conocerse un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART). Este documento revela que, en un año, se iniciaron demandas por un valor equivalente a 6.891.653 salarios mínimos, generando un costo superior a $2 billones en el período comprendido entre junio de 2024 y mayo pasado. El informe advierte que «el 2025 será récord: se estiman 130 mil nuevas demandas», describiendo una situación de judicialización sin control. El relevamiento de la UART destaca que la Provincia de Buenos Aires concentra el 40% de los juicios, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el 19% y Santa Fe con el 14%, configurando un escenario en el que cada mes se presentarían más de 10.000 demandas nuevas. Paradójicamente, la entidad subraya que en el mismo período se verificó una reducción del 81% en la mortalidad laboral (evitando 19.000 muertes), una baja del 55% en la siniestralidad (con 4,7 millones de accidentes evitados), y una disminución del 39% en la gravedad de los siniestros. Sin embargo, a pesar de estas mejoras en seguridad y prevención, la litigiosidad se incrementó: entre junio de 2024 y mayo de 2025 se contabilizaron 126.700 juicios. La UART estima que la litigiosidad anual equivale a 6.891.653 salarios mínimos, cifra que la entidad califica como el verdadero «costo argentino». La UART denuncia que esta escalada judicial no se explica por un aumento en los accidentes ni por un deterioro en el servicio, sino por un fenómeno asociado a «pericias médicas judiciales infladas» —que superan en 12,5 puntos el Baremo oficial— y a tasas de interés judiciales «desproporcionadas». Estas condiciones, según la entidad, convierten «cada juicio en una oportunidad financiera sin igual, no en un reclamo legítimo». Por ello, el Gobierno está evaluando una serie de cambios en el Sistema de Riesgos Laborales que permitirían cumplir con el objetivo de «sancionar a los abogados que mienten y hacen negocios». El malestar por este tema no es nuevo; de hecho, durante su presidencia, Mauricio Macri ya había calificado a la Justicia Laboral como un fuero «maldito» debido a la cantidad de fallos que, a su entender, frenaron decisiones de su gobierno y favorecieron a los sindicatos. En 2017, Macri embistió contra «la mafia de los juicios laborales», acusando a «un grupo de estudios de abogados y un grupo minoritario de jueces laboralistas conducido por (Héctor) Recalde». En aquella ocasión, el entonces presidente se quejó de que «los estudios laboralistas convencen a un pibe de una pyme de que tiene que hacer ese juicio y dejan a 7, 8, 10 o 12 trabajadores en la calle porque la pyme cierra», generando que «quede un montón de gente sin acceder a un trabajo porque el que tiene que tomar decisiones tiene miedo de que su esfuerzo se le vaya en uno de estos comportamientos mafiosos». (Fuente: Infobae)
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