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» Politicargentina
Fecha: 08/07/2025 09:50
El Gobierno fusionó los entes reguladores de gas y electricidad mediante los decretos 450 y 452/2025, firmados por el presidente Javier Milei, en un intento por reorganizar el esquema normativo del sector. La decisión implica el reemplazo de ENARGAS y ENRE por un nuevo organismo con competencias ampliadas y, según el Ejecutivo, mayor independencia funcional y presupuestaria.La normativa, en línea con las facultades conferidas por la Ley 27.742, modifica aspectos de las leyes 15.336 y 24.065 con la intención de fortalecer la competencia y abrir el juego a la contratación directa entre privados. Además, los distribuidores deberán operar en el mercado a término y establecer tarifas que reflejen los costos reales de la prestación de los servicios.El nuevo ente regulador, que tendrá un plazo máximo de 180 días para asumir las funciones de sus antecesores, estará dirigido por un cuerpo colegiado de cinco miembros. Estos serán designados por el Poder Ejecutivo, con un aval parlamentario de carácter no vinculante. Entre sus funciones figuran la fiscalización del cumplimiento normativo, la elaboración de presupuestos y la aplicación de sanciones.La Secretaría de Energía será la encargada de conducir la transición, garantizando el traspaso ordenado del personal y patrimonio de los organismos actuales. Mientras tanto, el Gobierno aseguró que se mantendrá la continuidad operativa durante el proceso, con el objetivo de evitar interrupciones en un área clave para el funcionamiento del país.El Ejecutivo justificó la medida señalando que responde a un propósito de simplificación administrativa y modernización, con el fin de alinear el marco regulatorio con los estándares internacionales. El plan, según sostienen, busca mejorar la inserción de la Argentina en los mercados globales y reforzar la seguridad de las inversiones en el sector energético.La medida se conoce días después del corte masivo de gas que afectó a Mar del Plata y a siete provincias, cuando la ola de frío polar tensionó al límite el sistema y dejó al descubierto las falencias de la infraestructura. La situación se vio agravada por la paralización de obras estratégicas, como la planta compresora de Las Armas, que aún no fue finalizada por la paralización de la obra pública que instauró el Gobierno nacional.El colapso obligó al Ejecutivo a declarar la emergencia en el sistema y a priorizar el abastecimiento de los usuarios con contratos firmes, interrumpiendo el suministro a industrias y estaciones de GNC. A las limitaciones internas se sumaron problemas externos, como la demora en la descarga de un buque con GNL por falta de pago y las dificultades para importar combustibles líquidos, lo que profundizó la crisis y demoró el restablecimiento pleno del servicio.
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