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  • Concordia, al límite: el costo de resistir con lo que queda. Caída de la coparticipación, ajuste nacional y la paradoja de Azcué

    Colon » El Entre Rios

    Fecha: 08/07/2025 06:30

    Junio fue un mes negro: la coparticipación cayó drásticamente respecto a mayo, con un impacto que se mide en cientos de millones y que desfinancia servicios esenciales Atención Esta imágen puede herir su sensibilidad Ver foto Compartir imágen ¿Qué significa perder $514 millones en un mes? No es una cifra. Es una ciudad que se queda sin futuro Azcué, entre la lealtad política y la escasez fiscal Atención Esta imágen puede herir su sensibilidad Ver foto Compartir imágen “Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz… resistiré.” ‘resistir’ La paradoja consiste en apoyar el modelo de Milei que desarma las gestiones locales ¿Hasta cuándo se seguirá creyendo que despedir trabajadores o congelar salarios es una solución frente a una recesión que ni se originó ni se puede resolver desde el nivel local? “no hay plata” ¿Puede sostenerse un apoyo político explícito, como el que manifestó Azcué, hacia un modelo que obliga a tomar decisiones que ningún intendente desearía ejecutar? Mostrar la miseria, ocultar el recorte: postales del hambre sin responsable Federalismo de escritorio: municipios excluidos del nuevo mapa fiscal ¿qué sentido tiene seguir acumulando deuda para financiar un modelo que ni siquiera ha resuelto el reparto justo de los recursos existentes? ¿Cómo se justifica excluir a los municipios del debate estructural cuando serán ellos quienes enfrenten en soledad las consecuencias sociales del ajuste y del endeudamiento externo? La justicia social que Milei condena… los intendentes la sostienen todos los días Mientras el Presidente afirma que “la justicia social es envidia, y eso es un pecado” (Milei, Chaco, julio de 2025), la realidad cotidiana de ciudades como Concordia desmiente esa consigna con crudeza. Menos Estado no es más libertad: es menos salud, menos empleo, menos dignidad. Uno de los autores predilectos de Milei, Friedrich Hayek, advertía en “Camino de servidumbre” (1944) que el exceso de planificación estatal podía derivar en la pérdida de libertades individuales y en el sometimiento al poder centralizado. Sin embargo, hoy presenciamos una paradoja inversa: no es la sobre-intervención lo que asfixia, sino su total ausencia. La servidumbre ya no proviene del control estatal, sino del abandono deliberado. Hannah Arendt, en “Eichmann en Jerusalén” (1963), explicó cómo los sistemas pueden generar injusticia a gran escala no mediante el odio, sino a través de la obediencia ciega a decisiones técnicas deshumanizadas. A ese fenómeno lo llamó “la banalidad del mal” , y hoy resuena con particular vigencia: el daño se normaliza, el sufrimiento se administra, y la política se vuelve insensible. Cuando el Presidente desprecia las ideas de redistribución o solidaridad, lo que realmente está cuestionando es la acción de los Estados locales que en plena emergencia deben garantizar una copa de leche, mantener abiertos comedores comunitarios, asistir a adultos mayores sin pensión, contener a jóvenes sin trabajo o asegurar el acceso a la salud primaria en barrios donde no llega nada… salvo el municipio. Si esa tarea es calificada como “envidia” , entonces la dignidad cotidiana que se construye desde cada intendencia es considerada pecado. Pero lo que de verdad hiere los valores republicanos no es la justicia social, sino su negación. Lo que destruye el tejido comunitario no es la redistribución, sino la indiferencia institucional que convierte al hambre en paisaje y al ajuste en destino. En este modelo que niega el principio de equidad, los intendentes no solo son ignorados en las decisiones macroeconómicas: son también los primeros en enfrentar, en soledad, las consecuencias de un gobierno que desmantela políticas sociales mientras condena moralmente a quienes intentan sostenerlas. Gobernar sin recursos, apoyar sin condiciones Gobernar sin los municipios no es una figura retórica: es una realidad palpable que atraviesa a cientos de intendentes en todo el país, especialmente en ciudades intermedias como Concordia. Las decisiones macroeconómicas se adoptan desde Nación o desde las provincias sin consulta, sin participación efectiva y lo más grave, sin transferir recursos ni brindar herramientas a quienes deben ejecutar esas políticas en el territorio. Mientras el Gobierno Nacional ajusta para alcanzar el superávit y la Provincia busca financiamiento externo, los municipios enfrentan, con presupuestos agotados, el aumento de la demanda social. Cada vez que sube la inflación, se paraliza una obra o se retrasa un salario, la gente no va a Buenos Aires ni a Paraná: va a la Municipalidad. Los intendentes no controlan la política monetaria, no regulan el comercio exterior, no fijan tributos nacionales ni emiten deuda. Pero sí deben garantizar el alumbrado, la copa de leche, la presencia de un médico en el centro de salud y que un chico pueda llegar a la escuela. Este desequilibrio no es nuevo, pero hoy se ha vuelto intolerable: se exige a los municipios más que nunca, mientras se les quitan los recursos para sostenerse. Lo más paradójico es que algunos como Azcué, no solo deben aplicar las consecuencias del ajuste, sino que además han expresado públicamente su respaldo al modelo que debilita su propia gestión, intentando apagar incendios sin agua, sin la posibilidad que tienen los gobiernos centrales de recorrer el mundo en busca de inversiones. No se trata de cuestionar esas giras, que pueden tener sentido estratégico, sino de evidenciar una verdad incómoda: el ajuste siempre recae sobre quienes no tienen escapatoria. Por eso, los gobiernos locales no deben ser meros ejecutores de decisiones ajenas, deben ser protagonistas de la reconstrucción nacional y reconocer el rol de los intendentes no solo implica devolverles recursos: exige también revisar la contradicción de aquellos que, aun respaldando el modelo vigente, son despojados de toda herramienta para sostenerlo. Porque cuando resistir ya no es una opción digna sino un límite institucional, lo que está en juego no es una gestión: es la viabilidad misma del Estado local. Mientras el Presidente recorta transferencias, viaja por el mundo, sostiene el, declara el fin de la justicia social y la crisis económica achica mes a mes los fondos de coparticipación, el municipio de Concordia intenta sostener servicios esenciales con recursos que ya no alcanzan. En ese escenario, el intendente Francisco Azcué gestiona con responsabilidad institucional, pero lo hace alineado con un gobierno nacional que profundiza el ajuste que lo deja sin herramientas. Esa contradicción, cada vez más evidente, plantea una tensión entre el compromiso político y los límites concretos de gobernar sin recursos.Junio suele ser un mes de alivio fiscal: vencen Ganancias y Bienes Personales de personas humanas, y eso refuerza la recaudación nacional. Por lógica, los fondos coparticipables deberían aumentar. Pero este 2025 rompió todas las previsiones: Concordia recibió menos recursos que en mayo, en plena recesión y ajuste.Según datos oficiales del régimen provincial, Concordia pasó de recibir más de $4.347 millones en mayo a $3.832 millones en junio, reflejando una pérdida de recursos por $514.919.219,67 en tan solo un mes, casi un 12% menos.La contracción no es estacional ni excepcional, es estructural y es el reflejo de una política económica que corta desde arriba pero se siente desde abajo y en un municipio donde más del 60% de los recursos dependen de la coparticipación, una baja así desarma cualquier presupuesto.Junio fue un mes negro para Concordia. Solo por coparticipación, la ciudad recibió¿Qué implica eso para la gente? Pongámoslo en ejemplos reales, concretos, humanos:Esa pérdida equivale a:1- Pagar el sueldo de 100 trabajadores municipales durante todo un año, pues lo que se esfumó en 30 días alcanzaba para sostener con dignidad a 100 familias y justamente fueron 100 los contratos que no se renovaron. No es coincidencia: es consecuencia.2- Todo lo que el municipio tiene previsto gastar en obras públicas en un mes, ya que el Presupuesto 2025 publicado en la web del Municipio, establece que Concordia va a invertir unos $6.000 millones en obras durante todo el año. Si dividimos esa cifra por 12 meses, da $500 millones mensuales. ¿Y cuánto se perdió en junio? Exactamente eso: un mes entero de obra pública, un mes sin calles nuevas, sin cloacas, agua potable, cordones cunetas.¿Más claro? Vamos con otro ejemplo: la Municipalidad anunció que va a invertir $1.500 millones para repavimentar varias calles y con los $514 millones que no llegaron en junio, podríamos haber hecho un tercio de esa repavimentación. Y si esta caída se repitiera todos los meses del año, al final habríamos perdido más de cuatro veces esa inversión. Cuatro repavimentaciones completas que nunca se harían.Concordia logró un leve repunte en su recaudación propia, pero la caída de la coparticipación y el recorte de transferencias nacionales la empujan al borde del colapso fiscal. En ese contexto, el intendente Francisco Azcué sostiene la gestión con lo poco que queda: sin financiamiento extraordinario, sin respaldo estructural, pero con el compromiso institucional de mantener en pie el Estado local. La paradoja es ineludible: lo hace alineado con un gobierno nacional que promueve el mismo ajuste que lo deja sin herramientas. No se trata de una ambigüedad implícita, sino de un respaldo explícito, ya que el propio Azcué ha manifestado públicamente su apoyo al presidente Milei y ha propuesto una alianza entre su fuerza política y La Libertad Avanza.La recaudación por las dos principales tasas municipales como la Inmobiliaria y la Comercial. han crecido un 10% en junio respecto a mayo. Fueron $237 millones más que ingresaron a las arcas municipales, un 10% aproximado, producto del esfuerzo de los contribuyentes que aún pueden cumplir y que lo llevan al límite de su capacidad contributiva.La Tasa Inmobiliaria mostró un incremento del 38%, posiblemente impulsado por las intimaciones de pago dirigidas a contribuyentes residenciales. En contraste, la Tasa Comercial apenas creció un 7%, una señal clara del agotamiento del sector comercial, que ya no logra responder a las obligaciones fiscales. Detrás de esas cifras se refleja el esfuerzo silencioso de una gestión que, sin respaldo externo, intenta sostener servicios esenciales, pagar sueldos y atender la creciente emergencia socialPero ni ese crecimiento, ni esa voluntad colectiva, alcanzan para revertir la asfixia estructural que enfrenta el municipio, pues mientras la Nación recorta sistemáticamente transferencias y la coparticipación cae en picada, el intendente debe hacer malabares con lo poco que queda, pero ha expresado públicamente su alineamiento con el rumbo nacional, reafirmando su compromiso con un modelo que, en los hechos, le impone severas restricciones para gobernar, atrapado entre el mandato institucional de garantizar derechos y una estructura financiera que lo condena a administrar la escasez.Esa consigna tácita dese ha vuelto un mandato no escrito de cientos de intendentes en todo el país, pero sin embargo, resistir no debería ser el destino de quienes están llamados a transformar, porque sin recursos, sin respaldo y sin voz en las decisiones macroeconómicas, los intendentes no gobiernan: sobreviven.Concordia vive en carne propia las consecuencias más crudas del ajuste nacional. Con ingresos que no alcanzan y transferencias coparticipables que caen mes a mes, el gobierno local se ve obligado a tomar medidas extremas: más de 100 contratos rescindidos, creciente malestar social, movilizaciones frente al Palacio Municipal y enfrentamientos con la policía. Cinco gremios dieron un ultimátum: 72 horas para revertir los despidos o comenzar medidas de fuerza.En respuesta, el intendente Francisco Azcué congeló los sueldos políticos como gesto institucional, pero más allá de los símbolos, la realidad es concreta: el ajuste impuesto desde Nación y replicado en las provincias, asfixia a los municipios, que carecen de herramientas para contener la emergencia o improvisar salidas.El intendente no gobierna: resiste. Atrapado en un laberinto donde cada camino se cierra más rápido de lo que puede avanzar, debe sostener servicios públicos esenciales como la recolección de residuos, alumbrado, salud primaria, comedores, con recursos que se evaporan mes a mes. Mientras tanto, le imponen despidos y recortes que nunca eligió, pero sí debe aplicar. Todo esto, en medio de una ciudadanía cada vez más demandante y un Estado cada vez más desfinanciado.La paradoja se vuelve cruel cuando, desde los medios de comunicación y redes sociales se repite que, como si todo fuera una cuestión de eficiencia, pero en el territorio, donde se palpa la urgencia, los números no cierran, ni en las planillas, ni en los rostros de quienes pierden el empleo o ven deteriorarse los servicios que necesitan para vivir con dignidad.El intendente no define el rumbo económico, pero sí carga con sus consecuencias. Es el primer rostro visible del Estado frente al vecino indignado, el trabajador despedido o el comerciante al borde del cierre. Pero también es el más impotente, porque ha sido excluido de las decisiones que realmente importan. Su tarea se reduce a administrar escasez y contener conflictos. Y aunque vital, esa función no alcanza.Aquí asoma la contradicción de fondo: quienes respaldan el rumbo nacional también deben enfrentar sus efectos más dolorosos. Y así queda planteada una pregunta incómoda pero inevitable:Mientras los recursos para combatir la pobreza y atender la emergencia social se achican cada mes, los principales medios nacionales —como Clarín, La Nación, A24 o TN— se enfocan en mostrar las imágenes más crudas de la pobreza estructural, difundiendo fotos de niños descalzos y familias en los barrios más humildes de Concordia, como si fueran postales exóticas de una catástrofe sin causas ni responsables.Pero rara vez explican por qué esa pobreza se profundiza, no informan que la coparticipación cayó un 12% en un solo mes, nada dicen que los municipios deben despedir trabajadores porque los recursos no alcanzan, no advierten que se están recortando fondos clave para políticas alimentarias, infraestructura social y salud pública.Mientras el país mira la miseria como espectáculo, el Estado Nacional redirecciona sus recursos. La motosierra del ajuste cercenó la asistencia directa a los sectores más vulnerables, pero al mismo tiempo multiplicó las asignaciones para sostener el carry trade: esa bicicleta financiera que, como en los ciclos del ’77-’81, ’91-2001 o 2015-2018, transfiere fondos públicos al sistema financiero sin generar empleo ni desarrollo.Exhiben la pobreza, pero ocultan sus causas. Esta cobertura selectiva no solo desinforma sino también deshumaniza, porque muestran a los pobres borrando del relato el ajuste que los empuja a la marginalidad, reforzando la idea de que el deterioro social es inevitable, o peor aún, responsabilidad exclusiva de los gobiernos locales.Pero cuando se apagan las cámaras y la noticia deja de ser tendencia, la pobreza no desaparece: sigue ahí, en el mismo barrio, con la misma urgencia. Y también sigue ahí el intendente, solo en su despacho, sin recursos ni respaldo, intentando sostener un Estado que todos observan, pero que casi nadie ayuda a sostener.Los gobernadores han intensificado su reclamo por la restitución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la coparticipación del impuesto a los combustibles y una nueva ley de coparticipación federal, pero en ese rediseño fiscal tan esperado, los municipios vuelven a quedar fuera de la mesa de decisiones.El pedido fue acompañado por la mayoría de los bloques legislativos del Congreso Nacional, en una muestra de convergencia política poco habitual, pero ni en el proyecto ni en el debate aparece una sola línea que reconozca el rol crítico de los gobiernos locales ni la necesidad de garantizarles recursos de manera directa y sostenible.Lo más paradójico es que, mientras los gobernadores reclaman por fondos que les permitan recomponer sus presupuestos, algunos, como el propio gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, avanzan simultáneamente con la colocación de deuda externa en dólares, con aval de bancos de inversión internacionales y sin un debate público serio sobre su sustentabilidad. La provincia ya fue autorizada a emitir hasta 120mil millones de pesos y además proyecta endeudarse en 300millones de dólares en bonos en el exterior.-Entonces cabe preguntarse:

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