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Concordia » Hora Digital
Fecha: 07/07/2025 09:10
El Gobierno provincial cesantó a María de Lourdes Lugrin, empleada del hospital, por cobros irregulares y un faltante de más de un millón de pesos, en medio de escándalo vinculado a su hermana. El Gobierno de Entre Ríos cesanteó a María de Lourdes Lugrin, empleada del Hospital y Hogar de Ancianos “San Roque María A. de Francou” de Villa Elisa, tras confirmarse su implicación en una serie de maniobras irregulares que incluyen el cobro indebido de servicios a pacientes y un millonario faltante de dinero. La decisión se tomó tras la finalización de un sumario administrativo y se suma a la exoneración previa de su hermana, Claudia Lorena Lugrin, administradora del nosocomio, ya condenada penalmente por peculado y exacciones ilegales. En el Boletín Oficial N°28.128 del Gobierno de Entre Ríos, se aprueba la finalización del Sumario Administrativo iniciado por el Ministerio de Salud. La investigación reveló una red de cobros ilegales por servicios que debían ser gratuitos y un manejo irregular de fondos en el Hospital de Villa Elisa. Según el decreto, a María de Lourdes Lugrin se le imputó que, en su carácter de empleada directa del Sector Administración y a cargo de su hermana, la administradora Claudia Lorena Lugrin, “no pudo desconocer las maniobras de cobro irregular en concepto de oxígeno y otros insumos o prestaciones”. Asimismo, el documento señala que tampoco pudo desconocer “la existencia de dinero en efectivo encontrado en el despacho de la Administradora, conforme la Auditoría administrativa contable de fs. 76/84, proveniente supuestamente de una fuente de financiamiento irregular”. La auditoría contable realizada en el nosocomio, entre enero de 2020 y mayo de 2021, arrojó un ingreso total de $1.714.649,00 por conceptos como pensión, colaboración y donación. Sin embargo, solo se detectaron $228.200,00 en efectivo secuestrado por la justicia y $132.460,00 registrados o depositados en la cuenta de arancelamiento, evidenciando un “faltante de $ 1.353.989,00”. Las autoridades destacaron que estas “maniobras irregulares” no fueron denunciadas por María de Lourdes Lugrin, a pesar de tener conocimiento de las mismas. El proceso se inició a partir de una denuncia de Clarisa Inés Marano Roude, quien había sido solicitada a pagar $5.000 en concepto de “colaboración” por el oxígeno provisto a su padre internado por COVID-19. La investigación y las declaraciones de diversos testigos, incluyendo a la contadora Ana Gabriela Diez, Subsecretaria de Administración del Ministerio de Salud al momento de los hechos, confirmaron que “ningún efector Público Provincial dependiente del Ministerio de Salud puede solicitar colaboración alguna en concepto de pago por las prestaciones de salud brindadas a los pacientes ambulatorios, internados o Institucionalizados en el Hogar”. El decreto hace hincapié en la responsabilidad de María de Lourdes Lugrin, argumentando que, si bien la mayor responsabilidad recaía en su hermana, “eso no exime a la agente María de Lourdes Lugrin, de su propia responsabilidad, dado que no pudo haber desconocido la existencia de los fondos secuestrados por la justicia, el faltante detectado, que no registra ingreso ni gasto alguno, puesto que María de Lourdes, además de su familiar, era formalmente su empleada directa”. Finalmente, el decreto estableció la cesantía.
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