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Parana » Informe Digital
Fecha: 07/07/2025 08:00
EL CALAFATE.- La legislatura de Santa Cruz aprobó una ley que establece un marco legal para asegurar el control fitosanitario en la entrada de productos agropecuarios a la provincia. Esta decisión se tomó en medio de la controversia entre las provincias patagónicas y el gobierno nacional, que otorgó permiso para el ingreso de cortes con hueso plano, como el asado, a la Patagonia desde regiones donde se vacuna contra la fiebre aftosa. La nueva normativa es una respuesta directa a las medidas del Poder Ejecutivo que relajan la barrera fitosanitaria que ha estado vigente en la Patagonia por más de dos décadas. Esta acción ha sido considerada un “retroceso gravísimo en términos sanitarios, productivos y ambientales”, según los fundamentos de la ley. El diputado radical Mario Boffi, autor de la ley, declaró a LA NACION que la intención es “proporcionar una herramienta al Ejecutivo y a la autoridad de aplicación para definir acciones en función de la evolución de estas resoluciones y también para consensuar con el bloque patagónico”. Dirigentes rurales de la región han señalado un potencial riesgo sanitario por la pérdida del estatus diferencial, tras la resolución 460 del Senasa que permite, por primera vez desde 2002, el ingreso controlado de costilla, asado y esternón a la Patagonia, siempre y cuando se respeten estrictas condiciones sanitarias y de trazabilidad. La ley de Santa Cruz, que ahora dependerá de su reglamentación futura, otorga a la autoridad de aplicación la facultad de establecer las medidas necesarias para controlar, impedir o restringir la entrada a la provincia de animales en pie, carnes, frutas, hortalizas, productos y subproductos agropecuarios y forestales, así como cualquier otro bien que pueda implicar un riesgo fitosanitario, si no cumplen con las condiciones de inocuidad y certificación sanitaria acordes a los estándares provinciales. Asimismo, se podrán implementar controles preventivos en los puntos de acceso terrestre, aéreo o marítimo, y se podrán establecer puestos sanitarios permanentes o móviles en coordinación con fuerzas de seguridad o aduaneras. La legislación, que se basó en el proyecto presentado por el diputado Juan Matías Lapadula en la legislatura de Tierra del Fuego, aclara que no se busca usurpar competencias nacionales, “sino ejercer las facultades indelegables que le corresponden a la provincia en materia de protección de la salud pública, el ambiente y la producción local”. El Poder Ejecutivo Provincial deberá reglamentar la ley dentro de los 30 días posteriores a su promulgación. Por su parte, los ministros de las provincias patagónicas de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río Negro, Chubut y Neuquén sostuvieron una reunión virtual para analizar las implicancias de la resolución 460 del Senasa, donde compartieron sus preocupaciones respecto al riesgo que esta medida podría acarrear sobre el estatus sanitario diferencial. “Si bien no podemos presentar un amparo desde el gobierno provincial, estamos trabajando en la coordinación de una estrategia que permita a los sectores afectados -productores, frigoríficos, asociaciones- presentar los recursos judiciales pertinentes. La sinergia entre lo público y lo privado es esencial para que prevalezca el interés general ante decisiones unilaterales que afectan a nuestra región productiva”, enfatizó Nadia Ricci, ministra de la Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz, tras la reunión. Fuentes de la gobernación santacruceña indicaron que se acordó avanzar en la elaboración de un documento técnico-político que será enviado a la Secretaría de Agricultura y al Senasa, solicitando precisiones sobre los verdaderos alcances de la norma y pidiendo garantías de que no se comprometa la continuidad de los mercados internacionales con la región patagónica. Asimismo, se solicitó al gobierno nacional que comparta oficialmente las respuestas de organismos internacionales como la Unión Europea y Chile respecto a esta norma. “Hasta ahora no hemos recibido documentación que confirme que no habrá impacto en los mercados de exportación. Es fundamental contar con esa información para tomar decisiones responsables y proteger los intereses de la provincia”, afirmó la ministra. Durante la reunión, también se destacó la ambigüedad de la resolución nacional, que, si bien menciona explícitamente la carne vacuna con hueso plano, no aclara el tratamiento de otras carnes, lo que genera incertidumbre y posibles interpretaciones que podrían agravar el impacto en la cadena productiva regional, según un comunicado de la gobernación emitido tras la reunión. Finalmente, Pablo Lunzevich, secretario de Comercio provincial, subrayó que el supuesto beneficio de un “asado más barato” no compensa el riesgo que enfrenta una economía regional construida sobre bases sanitarias diferenciales.
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