07/07/2025 18:55
07/07/2025 18:54
07/07/2025 18:54
07/07/2025 18:53
07/07/2025 18:53
07/07/2025 18:53
07/07/2025 18:52
07/07/2025 18:51
07/07/2025 18:50
07/07/2025 18:49
Parana » Informe Digital
Fecha: 07/07/2025 06:52
“Se avecina la motosierra para la industria del juicio y los caranchos”. Este mensaje fue difundido el domingo a través de la cuenta de @CoherenciaFavor en las redes sociales, y tuvo el respaldo de Javier Milei mediante un retweet. ¿Qué implica este gesto del Presidente? Desde la Casa Rosada, se ha dejado entrever que el mandatario está extremadamente preocupado por el récord de demandas judiciales que se prevé alcanzar en 2025 en el Sistema de Riesgos del Trabajo, así como por la creciente ola de fallos en la justicia laboral que benefician al sindicalismo, perjudicando al Gobierno. En consecuencia, se anticipa que, tras este guiño en las redes sociales, Milei dirigirá su atención hacia los jueces laborales, ya que considera que “han colaborado en gran medida para destruir a las pymes argentinas y desincentivar inversiones” y que “el daño que han causado es irreparable”, según informan fuentes oficiales. Para el Gobierno, la serie de fallos en contra del DNU 70, que incluía un capítulo laboral; el DNU 340, que regula el derecho de huelga en 17 actividades, y el DNU 430, que suprimió el Día del Trabajador del Estado, constituyen una evidencia de que “la Justicia Laboral responde a los sindicatos”. Se prevé, por lo tanto, una fuerte ofensiva presidencial cuyo objetivo será centrar la atención en los magistrados de este fuero. “Los jueces laborales son impunes en Argentina. Están atrasados un siglo. Nadie puede explicar cómo viven. Por ello, es necesario abrirles jury en el Consejo de la Magistratura y designar nuevos para cubrir las vacantes”, declaró a Infobae una fuente libertaria. La última destinataria de la crítica gubernamental es Moira Fullana, responsable del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 3 de Capital Federal, quien el mes pasado declaró la invalidez constitucional de los artículos 2 y 3 del DNU 340, que regula el derecho de huelga a raíz de una presentación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), y la semana pasada dictó un fallo similar tras una denuncia promovida por la CGT. También dictó una sentencia en contra del Gobierno por la eliminación del Día del Trabajador del Estado. En la línea que indicara Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni, tildó a Fullana como “jueza militante” y destacó en X: “La mafia sindical logró que la casta judicial, en un tiempo récord, proteja nuevamente uno de sus privilegios”. En este contexto, el Gobierno ha decidido realizar un análisis de los fallos emitidos por la Justicia del trabajo para generar estadísticas que evidencien la “parcialidad” de los jueces. “Son una casta total y estamos cansados de ellos; nos declararon la guerra”, aseveró el mismo funcionario, quien tiene un fuerte predicamento en el Gabinete. ¿Cuál es el plan del Gobierno para contrarrestar los fallos adversos? Hasta ahora, en la administración Milei se habla de “una expectativa novedosa” con respecto al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ): un fallo de la Corte Suprema emitido en diciembre pasado habilitó al tribunal porteño para actuar como instancia superior en causas civiles, comerciales, laborales y penales. A mediados de marzo, el TSJ ya había recibido un total de 180 causas enviadas por la Corte Suprema, desde que este tribunal determinó, en diciembre pasado, que el TSJ debe operar como instancia superior en apelaciones de la justicia nacional. De esas causas, 140 pertenecieron al fuero laboral, 16 al civil, 7 al penal y 3 al comercial. La mayoría de los jueces nacionales han manifestado su desacuerdo con la decisión de la Corte, sosteniendo que excede las facultades constitucionales del máximo tribunal. Sin embargo, el Gobierno parece decidido a quebrar esa resistencia acelerando el traspaso de juzgados laborales y comerciales de la Nación a CABA para cumplir lo establecido en la Constitución Nacional en la reforma de 1994. De todos modos, en la Casa Rosada reconocieron que, si no se concretan el traspaso de juzgados, “no hay nada normativo que se pueda hacer” para limitar a los jueces laborales, aunque se baraja la posibilidad de que La Libertad Avanza podría contar con más legisladores en el Congreso a partir de diciembre, lo que permitiría avanzar hacia una modificación del procedimiento de la justicia laboral, facilitando un funcionamiento más ágil de dicho fuero. El oficialismo pretende desgastar a los magistrados laborales a través de un ataque directo del Presidente, que “visibilizaría los problemas que generan para que se logre justicia”. Hay, incluso, funcionarios que sugieren ir más allá: “Es necesario investigar el patrimonio de los jueces laborales y hacer públicas sus identidades”, comentan. Asimismo, Milei busca implementar medidas concretas para “desbaratar la industria del juicio”, especialmente tras haber recibido un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), que indica que, en un año, se iniciaron demandas por un valor equivalente a 6.891.653 salarios mínimos, lo que generó un costo superior a $2 billones durante el periodo de junio de 2024 a mayo del año pasado. “El 2025 será un récord: se prevén 130 mil nuevas demandas”, advierte el documento, que describe una situación de judicialización descontrolada. El informe resalta que la Provincia de Buenos Aires concentra el 40% de los juicios, seguida por CABA con el 19% y Santa Fe con el 14%, configurando un escenario en el que se presentarían más de 10.000 demandas nuevas mensualmente. Según la UART, durante ese periodo se observó una reducción del 81% en la mortalidad laboral, evitando 19.000 muertes, así como una disminución del 55% en la siniestralidad, con 4,7 millones de accidentes evitados. También se registró una reducción del 39% en la gravedad de los siniestros. Sin embargo, se incrementó la litigiosidad: entre junio de 2024 y mayo de 2025 se contabilizaron 126.700 juicios. La UART estima que la litigiosidad anual equivale a 6.891.653 salarios mínimos, lo cual describen como el verdadero “costo argentino”. La entidad denuncia que esta situación no se explica por un aumento en los accidentes ni por un deterioro en el servicio, sino por un fenómeno relacionado con “pericias médicas judiciales infladas” que superan en 12,5 puntos el Baremo oficial y por tasas de interés judiciales “desproporcionadas”, ya que estas condiciones transforman “cada juicio en una oportunidad financiera excepcional, no en un reclamo legítimo”. Por ende, el Gobierno está evaluando una serie de cambios en el Sistema de Riesgos Laborales con el objetivo de “sancionar a los abogados que mienten y lucran”. El descontento por esta problemática no es reciente. Durante su presidencia, Mauricio Macri catalogó a la Justicia Laboral como un fuero “maldito” que provocó numerosos fallos judiciales en contra de diversas decisiones de su gobierno, favoreciendo a los sindicatos. Por ello, no fue casual que en 2017 Macri arremetiera contra “la mafia de los juicios laborales” que obstaculizan la creación de empleo, acusando a “un grupo de estudios de abogados y un grupo minoritario de jueces laboralistas liderado por (Héctor) Recalde”. En el caso de los abogados, se quejó de que “los estudios laboralistas convencen a un joven de una pyme de que debe entablar ese juicio, dejando a 7, 8, 10 o 12 trabajadores en la calle porque la pyme cierra”. “Queda un gran número de personas sin acceso a un trabajo, pues quienes deben tomar decisiones temen que su esfuerzo se desperdicie en uno de estos comportamientos mafiosos”, agregó entonces el presidente de la Nación.
Ver noticia original
 300 x 300 px.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por