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Parana » Informe Digital
Fecha: 04/07/2025 13:32
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) ha expuesto una serie de irregularidades en el sistema de registro de comedores y merenderos comunitarios, según un informe de auditoría recientemente publicado por el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello. “El Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCoM) presentaba graves deficiencias en sus mecanismos de control interno, integridad de datos y procedimientos administrativos”, señala el comunicado divulgado el jueves por la tarde. El informe, preparado por la SIGEN, fue oficialmente dado a conocer por el Ministerio de Capital Humano, que ha venido denunciando irregularidades en el sistema de comedores y merenderos durante varios meses. Según la información divulgada, el ReNaCoM —diseñado para registrar y supervisar los espacios comunitarios que brindan asistencia alimentaria— presentaba fallas estructurales que comprometían la transparencia y la eficacia de las políticas públicas. Conforme a la auditoría, la base de datos mostraba inconsistencias de tal magnitud que hacían dudar de la integridad de la información utilizada para la toma de decisiones. Entre los hallazgos más alarmantes, el informe destaca que el 87% de los registros estaban duplicados, lo que implica que casi nueve de cada diez inscripciones correspondían a datos repetidos. Esta estadística, resultante de un análisis detallado de la base de datos, evidencia la falta de mecanismos de control que permitan depurar y validar la información ingresada. Adicionalmente, el 34% de los registros presentaba campos incompletos o con valores en cero, dificultando la identificación precisa de los beneficiarios y la correcta asignación de recursos. “Todo esto evidencia una importante falta de integridad en los datos”, sostiene el documento. La auditoría también identificó errores significativos en las direcciones de los comedores y merenderos, complicando así la localización y seguimiento de estos espacios asistidos. El informe no solo destaca problemas en la base de datos, sino que también critica los procedimientos de validación y control. “El 70% de los 54.613 espacios preinscriptos no estaban verificados presencialmente”, advierten en el comunicado. Esta cifra equivale a más de 38.000 espacios sin supervisión física. La falta de verificación presencial implica que la mayoría de los comedores y merenderos registrados no han sido inspeccionados por personal autorizado. Otro aspecto crítico señalado por la SIGEN es la falta de actualización del registro, que se encontraba “totalmente desactualizado”, lo que evidencia, según el informe, “un desconocimiento generalizado sobre la situación real de los comedores”. El informe también advierte sobre la inexistencia de alertas por vencimiento de matrícula, un mecanismo fundamental para asegurar que los comedores y merenderos cumplan con los requisitos administrativos y operativos exigidos por la normativa. La falta de este sistema de alertas permitió que numerosos espacios funcionaran sin la debida regularización. Por otro lado, el informe documenta casos en los que transcurrieron hasta 914 días (más de dos años y medio) entre la validación inicial y la obtención de la matrícula definitiva. Esta dilación excesiva, que afecta la formalización de los comedores y merenderos, pone de manifiesto la ineficiencia de los procedimientos administrativos implementados en la gestión anterior. La acumulación de estas irregularidades llevó a la SIGEN a concluir que el sistema de registro carecía de los estándares mínimos de confiabilidad y transparencia requeridos para la gestión de políticas alimentarias. En respuesta a estos hallazgos, el Ministerio de Capital Humano ha iniciado una serie de acciones destinadas a corregir las deficiencias identificadas por la SIGEN. “Las acciones que venimos desarrollando desde el Ministerio de Capital Humano contribuyen a generar una mayor transparencia y a llegar a los beneficiarios de forma directa y sin intermediarios”, declaró la cartera en su comunicado oficial. Según la publicación, la difusión del informe forma parte de una estrategia destinada a transparentar la gestión de los programas sociales y asegurar que la ayuda llegue efectivamente a quienes la necesitan.
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